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El acceso a una plaza en una residencia de mayores en Galicia se ha convertido en un problema creciente. La escasez de infraestructuras, la sobrecarga del sistema de atención a la dependencia y los elevados costes están afectando a miles de familias gallegas. Según datos recientes, Galicia necesita al menos 13.850 nuevas plazas para cumplir con la ratio recomendada de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años, situándose como una de las comunidades con mayor déficit en este sector.

La comunidad gallega se sitúa como la cuarta región con mayor déficit de plazas residenciales en España, según el informe del colectivo.

La empresa CK Senior se aprovecha de la nueva orden de ratios publicada por la Xunta para avanzar en la precarización y pérdida de calidad asistencial, señalan desde la CIG

La Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD) se estrenó esta mañana en Santiago de Compostela en una rueda de prensa donde fijó sus objetivos en un momento en el que el sistema de dependencia está cada vez más privatizado y en donde muchas familias sufren "el machaque y la violencia institucional" de la Xunta de Galicia.

La falta de un plan para cohesionar los servicios sociales en Galicia según marca la Lei de Servizos Sociais de Galicia de 2008, ha creado un ambiente de incertidumbre entre las personas dependientes. Se acusa a la Xunta de no informar sobre los derechos de este colectivo a su acceso a residencias o a tener atención en sus domicilios y de no querer prestar atención directa dejándola en manos de entidades privadas

Varios colectivos denuncian que la Consellería de Política Social está beneficiando a empresas privadas con su gestión de residencias y centros de día

Delegadas de la CIG de Ferrolterra, de centros como los DomusVi de Narón o Ferrol, critican la situación penosa que viven las plantillas, donde falta personal para atender en tiempo y forma a decenas de residentes, muchos de ellos grandes dependientes, y otros, cada vez más, menores de 65 años pero con "graves problemas mentales"

El gestor de la residencia de O Barco de Valdeorras, multada este año por la Xunta por insuficiente comida, acaba de ser denunciada ante la Fiscalía Europea. Carles Moner, ex-administrador judicial de la Fundación, acusa al cofundador de Fundación Nuestra Señora de Fátima, Gerardo Encinas, a su mujer, Felibella da Piedade Monteiro, y a dos hijos de varios presuntos delitos. En concreto: falsedad documental, apropiación indebida, prevaricación, fraude en subvenciones nacionales y europeas e insolvencia punible; según la documentación remitida por los denunciantes a Galiciapress. 

La situación en el centro pontevedrés es límite y el personal demanda a Política Social resuelva los dos expedientes abiertos contra la residencia de Gondomar, a la que acusan de falsear las hojas de trabajos diarios con una cifra irreal de empleados.

El Plan de Choque en Dependencia anunciado por la Xunta a finales de diciembre ha generado fuertes críticas entre algunos trabajadores de residencias de mayores que dependen de laAdministración. Desde el personal de enfermería hasta los representantes sindicales, señalan que las medidas propuestas no abordan los problemas estructurales del sector. Denuncian que la Consellería de Política Social no solo ha reducido los ratios de personal, sino que también ha descuidado aspectos esenciales como la alimentación y la calefacción en los centros.

La denuncia de un usuario en redes sociales destapa el pobre menú navideño en las residencias de DomusVi. Trabajadores de la firma confirman a Galiciapress que estos platos son idénticos a los que se sirvieron en otros geriátricos, no solo en el de Cangas. Desde la firma de geriátricos sostienen que las fotos "no se corresponden en absoluto con la realidad". 

El servicio se aplicaba a centros con más de cuarenta personas pero la Consellería de Política Social alega que la atención solo se aplica en función de las necesidades de cuidados

Con una protesta frente a DomusVi de Ferrol el personal de las residencias privadas de mayores ha expresado su rechazo a la propuesta de convenio presentada por las empresas del sector. Las proletarias insisten en que, con las condiciones actuales, que son las mismas que fijó la Xunta hace casi 30 años, no se puede garantizar uns servicio digno a los ancianos.

El Juzgado de lo Social número 1 de Lugo ha dictado una sentencia favorable a una gerocultora de la Residencia de Mayores de Castro Riberas de Lea, un centro gestionado de forma privada por CJ Sernior Gestion y antes por el grupo Domus VI., pero que pertenece a la Xunta de Galicia, Consellería de Política Social.

Los profesionales del sector han iniciado una serie de movilizaciones para demandar mejoras colectivas sobre un convenio que ha quedado anticuado tras perder cerca de un 8% de poder adquisitivo en los últimos años. Falta de personal, sin recursos, con direcciones draconianas...el panorama en muchas residencias es desolador. Personal de DomusVi Ribadumia nos hace una radiografía de la situación de este centro, extrapolable a muchos de la firma líder en el sector en todo el país. 

Las proletarias de residencias de mayores en Galicia, organizadas por la CIG empiezan con protestas para exigir mejoras en sus condiciones laborales. También han puesto número a la situación del sector. Cuatro mil euros es lo que se puede pagar por una plaza, menos del salario mínimo lo que cobran algunas trabajadoras y más de 70 ancianos los que tienen que atender, en muchos casos, las gerocultoras. 

La inmensa mayoría de los residentes viven en asilos privados o que están gestionados por empresas privadas pese a ser propiedad de una administración de Galicia. 

El sindicato denuncia que la situación "repercuto gravemente" tanto en la salud de los trabajadores como en la atención que reciben los usuarios. 

Hay otra investigación en la Audiencia Nacional sobre supuesta “prevaricación” en la inscripción de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, según Rede.

También reclama más profesionales para atención a la gente mayor