La residencia de Becerreá que pasó de pública a privada sigue cerrada: "En estas condiciones es mejor que no abra"

En Becerreá, un municipio del interior lucense con menos de 3.000 habitantes, puede sorprender a algún forastero la presencia de un edificio moderno, de unos cinco pisos de altura y con una forma cúbica que destaca sobre las demás construcciones. Sorprende todavía más si nos acercamos y comprobamos que es una infraestructura fantasma, sin nadie en su interior pese a llevar casi cuatro años en pie. Los vecinos ya están más que acostumbrados de ver ese bloque ahí totalmente parado, porque se trata de la prometida y anunciada por tierra, mar y aire residencia de Becerreá, concebida desde hace años por la Deputación de Lugo para que fuese pública pero que, a causa de sus dimensiones -según defiende la Deputación-, será de gestión privada, mucho más cara y al margen del circuito de geriátricos del ente provincial.

DE PÚBLICA A PRIVADA

La privatización del centro levantó en armas a la Plataforma Pro Residencia de Becerreá, un colectivo que viene demandando desde hace muchos años un centro como el comprometido, público en su planteamiento, pero que ahora se han encontrado con una infraestructura que estará en manos de empresas privadas en un movimiento que entienden como una manera de “humillar y castigar a Becerreá y su comarca” por los costes que supondrá. 

Con esa actitud reivindicativa acudieron al pleno de la Deputación donde se acordó con los votos de PSOE y BNG, además de la abstención del PP, la gestión privada de la residencia, aunque no se hayan concretado aspectos como los plazos para su apertura con 96 plazas disponibles. En este sentido, Lourdes Fernández, portavoz de la organización, fue identificada junto a otros miembros del colectivo por el personal de seguridad a petición del presidente de la Deputación, José Tomé, molesto por las protestas de los vecinos que interrumpieron el acto.

“Hemos presentado más de 600 alegaciones de los vecinos de la comarca de Ancares, llevamos ante la Deputación más de 300 y nos las rechazaron porque, dicen, hace falta un justificante de cada firmante, cuando sabemos que por la causa de Altri sí las han aceptado”, censura Fernández, que asume con amargura que “Altri es Altri y nosotros somos nosotros”. A estas hay que añadir las 2.700 firmas presentadas en octubre del año pasado en el Pazo de San Marcos para reclamar la apertura de las instalaciones de una vez por todas.

En ese sentido, critica la invisibilización que se ha hecho de las protestas vecinales en este tiempo: “Nos han echado de cada pleno al que asistimos, aunque en ninguno tuvo que asistir la policía y cuando nos decían que desalojásemos lo hacíamos. Pero han publicado nuestro nombre y apellidos como si fuésemos apestados”. Pese a sus presiones, y aunque el convenio firmado en un primer momento en junio de 2016 durante el gobierno de Campos Conde -si bien la construcción del centro se aprobó por unanimidad en octubre de 2010- se establecía que la Deputación se comprometía a “construir y gestionar” este centro, el resultado final ha derivado en “una residencia 100% privatizada y externalizada de la red de las residencias de la Deputación”.

LISTAS DE ESPERA Y UNA RESIDENCIA MÁS CARA

Su recorrido en los últimos meses ha sido por casi toda la geografía lucense, porque si Tomé no iba a la Plataforma, la Plataforma iba a Tomé. “La protesta ha sido muy dura. Hemos intentado estar en todos los sitios donde ha estado el señor Tomé, porque le pedimos entrevista en dos ocasiones para reunirnos pero en ningún momento nos quiso aceptar”, lamenta Fernández, que entiende que en estos momentos el diálogo entre las partes está “totalmente roto” pese a haber conversado con el diputado Pablo Ribera, que no pasó de “las buenas palabras”.

La residencia ha servido en estos años como arma arrojadiza para todos los partidos, alegando en ocasiones el carácter “faraónico” de esta construcción, siendo por dimensiones la más grande de las que quedarían bajo el paraguas de la Deputación. “Dicen que es muy grande, pero el otro día licitaron la redacción y dirección para la obra de la residencia de Cervantes. ¿Esto a alguien le parece normal?”, achaca Fernández, que insiste en que no tiene nada en contra de esta propuesta, pero dice no entender cómo “teniendo una residencia con casi 100 plazas se construya una en un lugar sin un solo servicio básico, sin supermercados, sin un solo bar, sin absolutamente nada, con mucha gente de Cervantes que se vino a Becerreá precisamente porque allí no podían vivir solos”.

Con Lugo como epítome de la Galicia envejecida, hoy la lista de espera para poder lograr una plaza en esta futura residencia sin fecha de apertura supera el centenar de solicitudes. “Tenemos 60 personas en la lista de espera en la residencia de Navia y otras 60 en la de Pedrafita”, apunta. En este escenario, hay vecinos de Becerreá que son admitidos en residencias de Ourense, a más de hora y media en coche de la localidad lucense. 

“Otros acaban en Pontevedra, donde les coincida que les dan la plaza. Lo mismo pasa con los centros de día, que son guarderías de mayores, porque mucha gente no puede conciliar y con estos centros los padres y abuelos de muchos están atendidos hasta que terminen de trabajar”, agrega Fernández. 

La demanda, en todo caso, es la de que las residencias puedan ser “dignas y accesibles para nuestros mayores”. A renglón seguido, reitera que desconocen si finalmente la residencia actuará también como centro de día o cuándo abrirá sus puertas, pues “la falta de información es total”. 

“Solo sabemos que cada plaza será un 60% más cara que en cualquier otra residencia de la comarca. La plaza valdrá más de 1.700 euros para los usuarios independientes y más de 2.200 para los dependientes, cuando en esta zona la mayoría de mayores, que se han dedicado al campo durante toda su vida, tienen unas pensiones que rondan los 800 euros. ¿Quién va a poder pagarse la plaza? ¿De dónde va a venir la gente a esta residencia? De fuera de la comarca y los de aquí seguirán desprotegidos”, cuestionan desde la plataforma. 

"MEJOR QUE NO ABRA"

El panorama que se presenta en Becerreá es tan poco halagüeño para muchos mayores que Fernández, que ha compartido tantas horas con ellos por su trabajo en la ayuda a domicilio, no puede contener las lágrimas ante la certeza de que “lo mejor es que no abra nunca”. “Lo juro por mi padre y mi hermano, que están bajo tierra: si es en estas condiciones espero que no se abra, porque no va a servir de nada. A la gente de aquí no les servirá, no se lo pueden permitir”, solloza.

“Sé lo que hay con los mayores. Sé las pensiones que tienen, lo que pueden permitirse. Salvo tres o cuatro que han venido de fuera, los demás no pueden. Me encanta mi trabajo y estoy luchando porque ellos ya lucharon lo suyo, pero es muy duro el día a día”, detalla Fernández, que se recompone para anunciar que “no hemos terminado, vamos a seguir protestando”. “Vamos a celebrar más protestas. Que no se crean que con lo que han hecho nos han intimidado. Nos van a ver porque hay mucha gente que no tiene familia o que, por muchas circunstancias, no pueden elegir cuidar a sus mayores. Pero hay mucha gente sola en esta comarca y sabemos lo que hay. Nos van a ver”, sentencia.