"Si hay otra pandemia será peor. No hemos aprendido nada": Las residencias de Galicia, 5 años después de la Covid-19

Hace justo ahora cinco años estábamos todos encerrados en casa. Eran los primeros 15 días de un confinamiento que terminó durando varias semanas y que transformó nuestra sociedad de formas que no podíamos alcanzar a imaginar. Hoy vemos con cierta distancia aquella crisis de la Covid-19, una enfermedad que se propagó por todo el planeta y que nos hizo salir por la ventana a las 20 horas de cada tarde a aplaudir a los sanitarios, a llevar mascarillas incluso al aire libre durante meses y a llevar cuentas tan trágicas como la de los muertos por coronavirus, que por días crecía en varios cientos. En aquellos primero días las residencias de ancianos eran las que reportaban las peores noticias, pues antes de las vacunas la mortalidad era especialmente alta entre las personas de más edad y aquellas con patologías previas. Los geriátricos se convirtieron entonces en un auténtico caos, con profesionales desbordados por la falta de medios y soluciones para atender a ancianos confinados, conviviendo en ocasiones con otros mayores enfermos y que no podían ser atendidos en hospitales colapsados por la cantidad de infectados que había en aquellos días. 

Llegó la ansiada vacuna y la presión bajó, aunque las oleadas seguían cobrándose muchas vidas, pero la inmunización a nuestros mayores y profesionales sanitarios fue una prioridad en aquellos momentos. Hoy la situación está más normalizada, pero la realidad en estos centros sigue siendo dramática, como si la enfermedad solo hubiese pasado de puntillas. 

“Estamos mucho peor que antes de la Covid. No han aprendido nada. Tenemos la sensación de que en aquel momento recibimos mucho apoyo de la sociedad por nuestro trabajo, pero nos han olvidado, nadie se acuerda”, comentaba en su día conversando con este diario Mila, una de las enfermeras de colectivo sociosanitario que asistió durante la Covid a los enfermos geriátricos y que años después comprobaba como, pese a la pérdida de miles de vidas, las administraciones públicas y las empresas apenas habían cambiado nada en estas instalaciones. 

"ESTAMOS PEOR"

Las palabras de Mila no son un verso suelto, ya que son muchas las compañeras de profesión que llevan mucho tiempo alertando de que esto se da en muchos geriátricos, pese a que, como recuerdan desde el DomusVi de Ribadumia, durante la pandemia esos profesionales “nos dejamos la piel, algunos la vida peleando contra algo que ni sabíamos lo que era, arriesgándonos y poniendo en peligro a nuestras familias”.

El resultado de la pandemia son centros cada vez más deteriorados, personal más quemado, usuarios peor atendidos y un aumento de la privatización. Un ejemplo lo encontramos en el servicio de comidas de las residencias públicas, donde se prefiere externalizar su preparación aún cuando hay cocinas en estas residencias que podrían ofrecer alimentos en mejor estado a los mayores. 

“Estamos peor. No hay empatía. Me da mucha pena ver todo lo que pasamos durante el coronavirus y que no haya servido. Mucha gente tendría que hacer una visita y pasar un día en la residencia para ver que no podemos hacer más mientras la dirección del centro cierra los ojos. Se están cargando a una sociedad que levantó un país”, censuran profesionales de DomusVi, al tiempo que se ponen en el lugar de los ancianos y les asusta la perspectiva de ocupar un día esas mismas sillas de ruedas: "Prefiero que me dé un chungo antes de acabar en un DomusVi".

MENOS ENFERMERAS EN "UNA OLLA A PRESIÓN"

Pero esa precariedad no solo salpica a DomusVi, sino que en otros centros, como el de Castro Ribeiras de Lea, en el municipio lucense de Castro de Rei, pusieron el grito en el cielo cuando la Xunta decidió eliminar la obligatoriedad del servicio presencia del personal de enfermería en las residencias durante las 24 horas, un paso atrás en las reivindicaciones de los profesionales del sector, que han visto como el trabajo se multiplicaba sustancialmente mientras las manos escaseaban. 

“Estamos peor que durante la pandemia. Mucho peor, pero con diferencia. No hemos aprendido nada”, denuncia Sonia desde estas instalaciones que gestiona el grupo CK Senior, pese a que la titularidad de este centro es pública, aunque su gestión es privada, un modelo que se ha expandido por toda la comunidad gallega y que no ha echado freno pese a que durante la pandemia los centros públicos fueron los que ofrecieron unos mejores resultados en cuanto a número de defunciones. No obstante, hace más de una década que la Xunta no celebra la apertura de una residencia de gestión pública, ofreciendo concesiones mientras el negocio de los cuidados florece con beneficios millonarios por todo el territorio. 

La radiografía es generalizada en estos cinco años: las bajas por lesiones musculo-esqueléticas entre los trabajadores siguen al alza, los usuarios están sobremedicados, plantillas cortas y falta personal en áreas como la limpieza o las cocinas... "Es una olla a presión que, si estalla, nos pillará a todos peor que en 2020", aseguran. 

Todo esto condiciona las jornadas de trabajo, donde el personal tiene que hacer a los turnos doblando los esfuerzos. “Imagina tener que lavarlos a las 6 de la mañana. Eso es un crimen, un maltrato para una persona de 90 años, para cualquier persona mayor enferma con patologías previas. No se puede permitir, pero se hace”, atestigua la enfermera de Castro de Rei.

"Las ratios están caducadas y sobrepasadas. La única modificación se hizo hace unos meses y fue para quitar al personal de enfermería 24 horas. Se bajan las ratios en lugar de subirlas y adaptarlas a las necesidades reales de este momento, no a lo que ocurría hace 10 o 20 años", apuntan desde el sector, donde les gustaría "tener la ratio que tiene Fabiola García en su Consellería", en referencia al número de asesores y personal dentro del gabinete con los que cuenta la popular, al tiempo que entienden que "la politización de la Consellería es total" con los nombramientos a dedo en las direcciones de las resiencias públicas.

MENOS TIEMPO PARA VER AL ABUELO, LA HERENCIA DEL CORONAVIRUS

Desde fuera, las situación no se ve mucho mejor y Pepe Bernárdez, presidente de Vellez Digna y miembro de la Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD) es todavía más pesimista al entender que el panorama "no solo no ha mejorado, sino que empeoró muchísimo", responsabilizando de ello a la Xunta por las "decisiones equivocadas orientadas a empeorar las cosas". 

"Se negó a aplicar los acuerdos del Consejo Territorial sobre criterios de acreditación y calidad de los centros y servicios de la dependencia, volvió a aplicar el sistema de inspección que permite los preavisos, suprimió las inspecciones en tardes, noches y fin de semana, otro disparate que nadie entiende y les permite a las residencias hacer lo que quieran en esos horarios, la mayor parte de las residencias están sin enfermeras durante casi todo el tiempo, lo que consolida el intrusismo profesional porque los usuarios siguen necesitando su medicación aunque esto suponga hacer poner vías intravenosas o sondar a pacientes...", enumera Bernárdez que ve como muchas de esas funciones recaen finalmente sobre enfermeras auxiliares.

Lo que sí se ha heredado de la pandemia es "la costumbre de limitar la visita de los familiares, algo que ha quedado instaurado en muchas residencias". "Cada director de cada residencia hace en estos momentos lo que le apetece, porque no hay ninguna norma que regule esto. Hay gente que hace dos horas de viaje para visitar a su familiar y solo le dejan estar con él durante media hora. Hay residencias que se permiten apartar a las familias y prohíben visitar habitaciones y zonas comunes", reprenden desde las organizaciones en defensa de los usuarios y familias, que entienden como la vida en las residencias es cada vez "más opaca" y aquellos que se quejan o presentan reclamaciones "son castigados o se los amenaza".

DE RESIDENCIAS A PSIQUIÁTRICOS

En lo que sí ha cambiado en este tiempo es el perfil del usuario, pues cada vez se dan con más frecuencias ingresos de personas más jóvenes, pero que arrastran dependencias como drogadicción o alcoholismo, así como enfermedades psiquiátricas que no pueden ser tratadas por el personal formado en la atención geriátrica. Es la situación que se está dando en la residencia Volta do Castro de Santiago, que en lo que va de 2025 ha realizando distintas movilizaciones y protestas para denunciar el proceso de "psiquiatrización" que está experimentando el centro, donde ancianos conviven con enfermos que pueden ser violentos y peligrosos. 

A la psiquiatrización hay que añadir otro punto que advierten desde Vellez Digna, donde alertan de "procesos experimentales" en residencias de DomusVi que han suscrito conciertos en centros de Vigo para que pacientes convalecientes del SERGAS sean trasladados en el posoperatorio a los geriátricos. "Pero allí no hay enfermeras para atenderlos. Es un disparate. Por no hablar de que están quitando plazas destinadas a mayores de 65 años", abunda Bernárdez.

No obstante, los problemas en este centro ya fueron analizados mucho antes de arrancar este proceso. De hecho, fueron recopilados antes incluso de la pandemia, cuando trabajadores pusieron en conocimiento de las autoridades un análisis propio sobre "las principales carencias que hay en las residencias", como recuerda Xan Carlos Ansia, uno de los profesionales del geriátrico compostelano, paradigma de la situación en el conjunto de Galicia. 

"Hay una falta absoluta de un servicio de inspección competente y objetivo, que son los que tienen que garantizar que las medidas y aquello que tenga que estar reglado en una residencia se cumpla y se lleve adelante", incide Ansia. 

Esto empata de manera directa con otro de los capítulos más polémicos vivido en este lustro, como es el del expediente a los funcionarios de la Xunta que alertaron que la Conselleía de Política Social boicoteaba las inspecciones a las residencias que iban a ser evaluadas, un hecho sobre el que los colectivos TreGa (Traballadoras de Residencias Galegas), Modepen (Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas) y la Asociación Vellez Digna acusaron al Gobierno de Galicia a "cerrar en falso" este caso de filtraciones para dar carpetazo cuanto antes a la polémica que salpicaba a la cartera de Fabiola García. 

"Si entonces los servicios de inspección funcionaban mal y estaba capados, hoy, cuando los propios inspectores reconocen que no vale para nada porque es una fachada...", lamenta Ansia, que no ve como se levantan actas contra las irregularidades en una "parálisis fomentada y sostenida por Política Social" a la que "no le interesa que haya inspecciones rigurosas porque muchas residencias privadas tendrían que cerrar y saldría a la luz la precariedad laboral que existe". 

En este sentido, la alta temporalidad entre el personal es otro asunto que preocupa en las residencias. En Volta do Castro, por ejemplo, de 130 trabajadores solo una decena tiene contrato fijo. "Los demás son interinos o sustitutos; hay personas contratadas por un solo día que se pierden por los pasillos", lamentan desde el centro, lo que evidencia la poca inversión que se ha hecho en este tiempo para reforzar las plantillas y prestar una mejor atención a los residentes, que sufren con el cambio constante de caras que impiden familiarizarse con sus cuidadores. 

En esa línea, demandan que se ajusten las plantillas a las urgencias que experimentan residencias como Volta do Castro, donde piden profesionales capaces de dar atención especializada a los enfermos psiquiátricos que han ingresado allí. "Desde la Covid no se tomó ninguna medida de las que había prometido en el Parlamento de Galicia por Antón Acevedo, director xeral de Maiores. Estamos igual que en 2020 o peor. Si ahora hay otra pandemia y tenemos que cuidar a ancianos, a enfermos psiquiátricos y encima con menos enfermeras, a ver cómo hacemos para ponerles mascarillas o confinarlos", se pregunta Ansia.

¿Y QUÉ HAY DE LA JUSTICIA?

Pese a todo lo relatado, tal vez lo más descorazonador es pensar que, en 2025, "no hay una sola condena" por la gestión que hicieron las direcciones de los centros y las administraciones públicas durante de la crisis sanitarias. "Las residencias aprendieron que nadie se va a meter con ellos. En toda España no se ha emitido ni una condena cuando aquí habría que explicar muchas cosas, porque están las dudas encima de la mesa", subraya Bernárdez. 

"¿Por qué en algunas residencias los brotes se controlaron con unos pocos contagios y en otras en cambio, curiosamente las de DomusVi las que más y las más denunciadas las que sufrieron un porcentaje más alto de mortandad, se contagió casi toda la residencia y con un número de muertes tremendo? Todo esto está sin investigar. La Justicia pasó y la Xunta no quiso abrir ningún tipo de comisión de investigación", cuestionan desde las plataformas, que aventuran que, de repetirse una crisis semejante, "se cometerán los mismos errores porque no se aprendió nada de esta tragedia". 

"Es un desastre. Apostamos por servicios públicos y de calidad. Es un error privatizar estos servicios con empresas que hacen negocio con los ancianos recortando en comida, en personal, sin cumplir ratios, con sanciones irrisorias que salen a cuenta a las firmas, con salarios tan bajos que trabajar en residencias va a ser el último recurso para las personas más desesperadas, una especie de sumidero laboral donde la gente echará el tiempo justo hasta que puedan irse", pronostican desde Vellez Digna y ASGADED, donde todavía mantienen viva la batalla por aquellos trabajadores y usuarios hoy "dejados de la mano de Dios". Igual que hace cinco años.