"Tendría que perder la cabeza para ingresar a un familiar aquí": Una residencia con 172 plazas pero sin enfermeras de noche

El pasado mes de diciembre los sanitarios, los trabajadores de residencias, los usuarios y familias se toparon de bruces con la noticia de que la Xunta había decidido eliminar la obligatoriedad del servicio presencia del personal de enfermería en las residencias durante las 24 horas. La nueva orden publicada en el DOG a finales del año pasado suponía, en la práctica, una estocada para muchos geriátricos, que sin embargo vivían una realidad en la que ya faltaban enfermeros y cuidadores, con plantillas bajo mínimos y una atención precaria. En otras, como la de Castro Ribeiras de Lea, en el municipio lucense de Castro de Rei, la muerte les está llegando de noche, con nocturnidad y alevosía, pues es en este turno donde faltan manos para atender a casi 200 ancianos. 

El servicio de la noche queda totalmente cojo sin enfermeras en este turno por los recortes impulsados desde la Consellería de Política Social. Si sucede cualquier tipo de inconveniente son las gerocultoras las encargadas de diagnosticar y evaluar al usuario para, si procede, llamar al 061 y derivarlo al hospital. 

Sin embargo, las gerocultoras, como puntualizan desde la Asociación Galega pola Defensa do Sistema Público de Atención á Dependencia e Discapacidade (ASGADed), tienen formación en esta área como sí tiene el personal de enfermería, por lo que se ven obligadas a extralimitar sus funciones, lo que repercute tanto en la seguridad de los propios residentes como en el trabajo del personal, que en caso de tener que atender una o varias urgencias sufrirá un retraso que lastrará el desarrollo del resto de la jornada. 

Sonia Jalda es una de las enfermeras de esta residencia que atiende impotente al desmantelamiento de este sistema y sus efectos inmediatos sobre los mayores y sobre el colectivo cuando se trata de una de las residencias más grandes de Galicia con más de 170 plazas y siendo, aunque de titularidad pública, de gestión privada, en manos de CK Senior, algo que ocurre con cada vez más frecuencia en la deriva privatizadora del Gobierno de Galicia.

“Un gerocultor no puede tomar la tensión arterial, ni medir el oxígeno en sangre…pueden saber que alguien está mal, pero no identificar la patología”, lamenta Jalda, consciente de que los cometidos de este colectivo son muy distintos a los de las enfermeras como ella, que huyen de este escenario. 

“La gente se va. El salario es muy precario, las condiciones muy precarias y la calidad del servicio está marcada por el sufrimiento del personal que no puede realizar su trabajo como profesional. Por eso se marchan a los centros públicos”, se queja con amargura la enfermera, que ve como se fuga el talento cuando no se marchan a otra comunidad u otro país o se van directamente del sector. 

MAL PAGADAS Y MAL VALORADAS

De esta forma, la Xunta y las firmas pueden “escudarse” en que no encuentran profesionales, algo que, razona Jalda, se debe a las pobrísimas condiciones que ofertan en centros “con muchísimos dependientes”. “No se paga ni se valora como se debe a los profesionales, que acaban yéndose por el propio sistema, no porque no les guste el trabajo”, reprende, al tiempo que apunta a que están llegando al extremo de contratar a personal sin formación para poder cubrir mínimamente las carencias de un centro con nueve enfermeras para 172 usuarios, por lo que a cada una le corresponden casi 20 residentes. “Estamos peor que durante la pandemia. Mucho peor, pero con diferencia. No hemos aprendido nada”, critica.

La situación no es mejor para el personal que se encarga de los cuidados ya que, con estas ratios, lo habitual, asegura Jalda, es “empezar a levantar a los ancianos de madrugada” para poder atenderlos a todos porque “el personal del turno de mañana es insuficiente”. “Imagina tener que lavarlos a las 6 de la mañana. Eso es un crimen, un maltrato para una persona de 90 años, para cualquier persona mayor enferma con patologías previas. No se puede permitir, pero se hace”, censura el personal de enfermería.

La radiografía coincide en todo caso con la situación en otras residencias de la comunidad gallega, donde los mayores están también sobremedicados por la incapacidad del personal de prestar el servicio en las horas oportunas. “No somos pulpos, tenemos dos brazos. Todo va con retraso y se solapan las medicaciones del desayuno con la comida. A lo mejor no han pasado ni dos horas. Hacemos mal nuestro trabajo porque falta personal sanitario”, incide.

BENEFICIOS SOBRE CUIDADOS

Mientras esto ocurre, a ojos de la administración “todo está bien”, asegura Jalda, que no comprende cómo han podido modificar ese decreto que tiene unas consecuencias tan terribles. “Dicen que va a haber más enfermeras, pero esos es mentira. De hecho, las pequeñas residencias ya ni tienen enfermeras”, apostilla. Así, a su juicio, los movimientos de la Xunta buscan “beneficiar a sus amiguitos”, lo que supone poner el bien económico por delante de la prestación de cuidados. 

“Cuando hay que tener beneficios la atención al mayor queda en segundo plano”, reprocha, citando no solo a Senior, sino también a otros grupos como Orpea o DomusVi: “Luego sacan un comunicado presumiendo que ganan cientos de millones de euros…vergüenza les tendría que dar”.

Tampoco desde CK Senior parecen preocupados, ya que el diálogo hoy “no existe”. “Es este el nuevo decreto y ser va a hacer así”, resume, con los profesionales que prestan servicio “llegando hasta donde pueden” mientras “pagan siempre los mismos, los más vulnerables” y el trato al personal resulta “horrible” y “vejatorio”. 

“Es increíble la cantidad de IT (incapacidad temporal) que tenemos: por estrés, por fatiga, por crisis de ansiedad, por lesiones músculo-esqueléticas… Obligan, sobre todo a los nuevos, a cumplir un horario. La gente se vuelve loca, se cae y se rompe, y es lógico porque es imposible porque cada residente tiene una enfermedad y no puedes irles con prisas. Parece que estás en una cadena de montaje”, detallan. 

Por otro lado, en lo referido a las familias, los trabajadores saben que en muchos casos son rehenes de esta situación, ya que necesitan de ese espacio para poder tener a alguien que pueda cuidar de su familiar. “Algunos residentes son tutelados de la Xunta, pero el sentimiento de culpabilidad de las familias cuando dejan a un ser querido en una residencia es muy grande. Cuando piden explicaciones a la dirección por lo que ocurre le dicen que es mentira o que, si no, se lleven a su familiar a otro sitio. Hay mucho miedo a que les quiten la plaza, entonces la gente se calla”

En este escenario, la posibilidad de que se celebren protestas o incluso una huelga en Castro Ribeiras de Lea toma forma. Será en las próximas semanas cunado se tome una decisión al respecto, pero saben que la situación es hoy insostenible porque sus propios trabajadores saben que ingresar a un ser querido en un geriátrico como el suyo es hoy la peor de las alternativas. “¿Ingresar a un familiar aquí? Ni de broma. Nunca. Tendría que perder la cabeza o tener una discapacidad importante. Y todo el personal sanitario piensa así, porque hay que vivirlo dentro para saber lo que es”, concluye Jalda.