seguridad privada

En la refriega con un paciente resultaron heridos estos dos profesionales del CHUAC. Colectivos denuncian que estos casos son cada vez más habituales.

Un vigilante de seguridad del Metro de Bacelona perdió el ojo izquierdo el pasado 18 de enero por la brutal agresión de un joven de 19 años. Este es el último de una serie de episodios similares que se han dado contra el colectivo de profesionales de la seguridad privada.

Las denuncias de UGT en la Estación de Ourense motivaron la apertura de un procedimiento sancionador, que ahora podría tener lugar en las instalaciones de A Gudiña.

La seguridad de las estaciones de tren corre a cargo de la empresa concesionaria Grupo Control, que culpa a Adif por la falta de infraestructuras para el personal en terminales como la de Ourense.

Aunque la firma había activado un procotolo antiacoso entre estos dos trabajadores, los cuadrantes hicieron coincidir a la afectada con el investigado durante dos años. 

El sector de la seguridad privada en España genera una facturación de 5.970 millones de euros en 2023, emplea a más de 200.000 personas, con 142.000 vigilantes de seguridad activos, y cuenta con más de 1.500 empresas.  Buena parte de elllas acudirá a la tercera edición de la feria se celebrará del 26 al 28 de marzo en Silleda.

Nada más lejos de lo que pueda parecer, han resistido a las vicisitudes dada la importancia de su trabajo de protección, seguridad y cuidado del entorno rural  que les es propio, donde más dificultades existen para la llegada de los convencionales cuerpos de seguridad existentes, siendo a menudo sus ojos en  el campo y en el mar. Hoy como orgulloso Guarda Rural habilitado aunque no ejerza, quiero felicitar y  poner en valor a los que son también mis compañeros y compañeras, reivindicando y poniendo en valor su figura en el que estoy seguro no será un  cumpleaños cualquiera.

Con una sola máquina en toda España para expedir la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), indispensables para que los vigilantes de seguridad puedan prestar servicio, desde la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) censuran al Ministerio del Interior para que realice una mayor inversión y se ponga fin al embotellamiento existente y que provoca un retraso de entre ocho y nueve meses para que lleguen los documentos. Iván Blanco, secretario estatal de organización del la FTSP-USO, detalla a Galiciapress las dificultades a las que se enfrentan tanto los profesionales como las empresas, que hoy sufren descubiertos en algunos servicios. 

Las empresas están obligadas a abonar como horas extraordinarias el tiempo dedicado a la formación obligatoria que se realice fuera del horario laboral. Esta normativa se basa en el hecho de que cualquier actividad que un trabajador deba realizar por mandato de la empresa y que sea necesaria para el desempeño de sus funciones debe considerarse como tiempo de trabajo efectivo. No es lo que sucedió en este caso, según presume Alternativa Sindical enarbolando un reciente fallo judicial en Compostela.

Con una sola máquina en todo el territorio para expidir la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) el sindicato denuncia que son muchos los profesionales a la espera de este documento.

Desde mayo se ha incrementado sensiblemente el número de visitantes al templo, que espera contar con muy buenas cifras de turismo este verano.

El trabajador, con más de 20 años de experiencia en el centro hípico propiedad de Amancio Ortega, fue trasladado por, asegura el sindicato, "capricho" de la nueva dirección.

Pedro Blanco insiste en reforzar la colaboración entre estos profesionales y las Fuerzas y Cuerpos del Estado.

Los sindicatos FTSP-USO y UGT vienen de presentar denuncias por las vulneraciones y presiones que se vienen cometiendo en la planta en medio de las protestas de la plantilla.

El preacuerdo que habían alcanzado quedó en papel mojado cuando la dirección del complejo petroquímico se desmarcó del texto, obligando a la plantilla a endurecer unas protestas que comenzaron en enero y que hoy han desembocado en una acampada a las puertas de las instalaciones.

El juzgado de lo Social número 4 de Lugo ha condenado a la empresa Salzillo Seguridad, responsable de la seguridad del hospital Lucus Augusti, en Lugo, a abonar las diferencias salariales derivadas del periodo que estuvo de baja por enfermedad común un trabajador, lo que supone más de 2.800 euros.

El sindicato solicita al Concello de Lugo, de nuevo, que presente los informes que avalan la decisión de prescindir de este servicio que consideran primordial. 

La negativa de la dirección de Repsol en A Coruña trunca el preacuerdo alcanzado entre la petroquímica, Prosegur, empresa que presta los servicios de seguridad, y los sindicatos USO y UGT. Iván Blanco, secretario de Organización Estatal de USO, lamenta que el paso de Repsol haya dinamitado las negociaciones tan económicas como en aspectos operativos, donde todo avanzaba de manera positiva: "Puede haber una falta de confianza en las negociaciones, porque no podemos fiarnos ya ni de los preacuerdos", reprocha.

Después del gesto de buena voluntad de los sindicatos de retirar las protestas a finales de febrero, las "largas" de Repsol y Prosegur fuerzan un nuevo calendario de movilizaciones.

Los populares lucenses ponen de manifiesto su preocupación por una situación de la que ya alertó CSIF y de la que se hizo eco Galiciapress.