¿Fraude en el concurso público de la seguridad privada? La FTSP-USO pide a la Xunta "rectificar" el pliego

Los servicios de seguridad privada en los centros de salud y hospitales de la comunidad gallega acaparan habitualmente muchos titulares y casi nunca por buenas noticias. A las agresiones que sufren los trabajadores por parte de usuarios y las empresas "pirata" -como las califican los sindicatos- que se hacen con contratos públicos en centros como el CHUO -hasta hace no tanto la seguridad correspondía a GFS Security, empresa en "quiebra técnica" y cuyos contratos tuvieron que pasar a Securitas-, ahora se suma las irregularidades en concursos públicos, como denuncian desde la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO).
 

En concreto, el sindicato ha remitido un escrito al órgano de contratación con las irregularidades destacadas, "algunas de ellas graves" como aseguran, en contratos de centros pertenecientes al área sanitaria de Santiago de Compostela - Barbanza. 

SISTEMA DE PUNTOS

En el mismo documento, piden que se realicen las correcciones pertinentes. Pone de ejemplo los "errores graves en cuanto a la puntuación de los licitadores" en el contrato, dependiente de la Consellería de Sanidade y con un presupuesto de 7.572.578,11 euros para un total de cuatro años -más la opción a uno prorrogable-.

Así, reprochan que se concedan 50 puntos "a criterios meramente económicos (oferta más baja) cuando la Ley de Contratos del Sector público la sitúa en no más del 49, debiendo primar la calidad del servicio y oferta técnica con la concesión de, al menos, 51 puntos a estos criterios". "También informan de que no incluye la obligación de las empresas de contar con Plan de Igualdad y más errores en los porcentajes a tener en cuenta tanto para gastos generales como para el margen de beneficio industrial, que provocarían fallos en el calculo de posibles bajadas de precio temerarias", inciden.
 

A renglón seguido, recalcan la necesidad de modificar los pliegos para garantizar que se cumpla la ley de cara a una "contratación responsable y respetuosa con los derechos de los trabajadores y trabajadoras asignadas a estos servicios de seguridad".