Lío en el turno de oficio: la Xunta en aprietos por carecer de MASC públicos y sin saber cómo pagar a los abogados

Este jueves entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Procesal. Esta norma significa que, desde este momento, no se puede presentar ningún procedimiento civil ni mercantil sin que antes se trate un Medio Alternativo de Solución de Conflicto (MASC), un mecanismo que, advierten desde el sector, obliga a los interesados en este conflicto realizar una primera inversión en un asunto privado para tratar de solucionarlo antes de pasar al ámbito público, como se venía haciendo hasta ahora. 

Estos sistemas de mediación y arbitraje, que ya existían y que resultan hasta cierto punto habituales, han pillado a la Xunta de Galicia con el pie cambiado por su, aseguran fuentes del Sindicato Venia, "falta de previsión" para maniobrar con este asunto y las consecuencias que tendrá sobre los profesionales adscritos al turno de oficio, un gremio que lleva en huelga indefinida desde noviembre de 2023 tratando de mejorar sus condiciones laborales y salariales a través de un estatuto profesional.

NI MASC PÚBLICOS NI FORMA DE PAGO

Desde Venia explican las consecuencias de esta nueva ley sobre los denunciantes con el ejemplo de un desahucio. "Si una persona quiere desahuciar a alguien está obligada a realizar una conciliación previamente con su inquilino y será el dueño el que abone en este caso este arbitraje, pues se entiende que la otra parte no querrá un mediador", argumentan.

El conflicto para el turno de oficio llega de la mano del conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, y el director xeral, José Tronchoni. "Un día antes de su entrada en vigor no tenían previsto ni las formas para abonar a los profesionales del TO esta primera fase de los procedimientos en los que los abogados tienen que acompañar a sus clientes en estos MASC", subrayan fuentes del sector a este medio.

Sin la previsión de abonar los costes correspondientes, desde Venia remarcan que "no está previsto ningún tipo de abono" por estos servicios que ahora son de obligado cumplimiento, toda vez que el turno de oficio salvaguarda un derecho fundamental como el de la asistencia jurídica gratuita. 

Para más inri, los letrados detallan que "el conselleiro de Xustiza y su director xeral no tienen a día de hoy ningún servicio de MASC preparado para dar servicio a los usuarios del turno de oficio". Esto significa que cualquier persona que recurra al turno de oficio para presentar un pleito por la vía civil o mercantil se verán sin un organismo al que acudir.

"Ya no es solo que la Xunta no pague a los profesionales por acompañar al cliente al MASC, es que el afectado no tiene a dónde ir. No hay ningún servicio público, pagado por la Xunta, donde encuentren un árbitro, sino que tendrán que acudir a uno privado y pagarlo de su bolsillo", censuran. La reflexión directa es que, en este escenario, el turno de oficio en civil y mercantil "está paralizado".

"Es la huelga más efectiva hecha desde la propia Dirección Xeral de Xustiza. Un divorcio que se nos designe en estas circunstancias queda parado hasta nueva orden. Y no podemos hacer nada, es un requisito de procedibilidad para poder presentar la demanda", esgrimen.

"NO" DEL CONSELLO DA AVOGACÍA

En estas circunstancias, ayer se pronunció el Consello da Avogacía Galega, donde mostraron su rechazo, por la unanimidad de todos los Ilustres Colegios de Abogados, el convenio con el que la Consellería de Xustiza quería abordar esta problemática. La entidad informó que habían recibido la "propuesta de convenio en materia de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) de la Dirección Xeral de Xustiza" y que el fallo había sido no firmar el borrador de convenio propuesto al considerar que era "contrario tanto a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita" como a la propia norma que viene de entrar en vigor.

En el razonamiento del Consello da Avogacía, expresado a través de sendos comunicados de los ICAS que lo integran, se indica que el convenio "no se adecúa" a lo que remarca la normativa sobre lo concerniente al turno de oficio y que se exlucye a "la mayor parte de los MASC reconocidos legítimamente, limitando su aplicación a la mediación, lo que supone una interpretación restrictiva y discriminatoria, no amparada por la norma.

"El texto contempla la participación de profesionales ajenos a la abogacía, a pesar de que la normativa vigente limita la cobertura de la asistencia gratuita a las actuaciones realizadas por profesionales de la abogacía", detallan desde el ICA de Ourense, al tiempo que acusan a la Xunta de proponer un límite presupuestario de 30.000 euros, "claramente insuficiente para atender los deberes" que marca la ley, además de contener en el mismo convenio "previsiones técnicas y referencias normativas que resultan inadecuadas u obsoletas"

A fin de buscar una solución, el Consello demanda incorporar al convenio "nuevos conceptos retributivos vinculados a la intervención de la abogacía en los procedimientos de MASC" sometidos estos al "baremo vigente de la asistencia jurídica gratuita" y siempre "en función del rol desempeñado".

Fuentes del turno de oficio se felicitan por la decisión del Consello de Avogacía y consideran que ha jugado un papel clave en esta postura "el hecho de que Marta Gómez, compañera de Marea Negra y decana del ICA Ourense, haya peleado por este tema", si bien precisan que otros Colegios, como los de Lugo y A Coruña, se han pronunciado en idénticos términos.