Unidos Podemos lleva al Congreso el debate sobre la gestión pública de las autopistas de peaje

El Pleno del Congreso debate este martes la propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea de reclamar la gestión pública de las autopistas de peaje, instando al Gobierno a no renovar las concesiones que venzan a partir de este año y a que renuncie a privatizar aquellas que vayan a ser rescatadas.

Tras registrar esta iniciativa el pasado mes de diciembre, Unidos Podemos ya expresó su voluntad de forzar cuanto antes este debate en la Cámara Baja, máxime tras el caos de circulación registrado el Día de Reyes en la AP-6, cuando cientos de viajeros se vieron obligados a pasar la noche tras quedar atrapados en una nevada.

Así, según el orden del próximo Pleno del Congreso, al que ha tenido acceso a Europa Press, Unidos Podemos ha 'colocado' esta iniciativa en el orden del día, en el primer Pleno del año en el que tienen oportunidad de defender una proposición no de ley.

"UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA"

En su iniciativa, la formación que lidera Pablo Iglesias insta al Gobierno a aprovechar la "oportunidad histórica" de "acabar con la anomalía del negocio privado en la red de carreteras de alta velocidad", pues creen que estas infraestructuras  deberían formar parte de la red pública de carreteras.

Así, recuerdan que entre 2018 y 2021 concluyen 9 tramos de autopistas de peaje que, en conjunto, suman más de 1.000 kilómetros: la AP-6 entre Villalba y Adanero, la AP-1 entre Burgos y Armiñán, la AP-7 entre Tarragona y Valencia, entre Valencia y Alicante, entre Montmeló y La Jonquera y El Papiol, y entre Barcelona y Tarragona, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, y la AP-2 entre Zaragoza y Mediterráneo.

NO A LA PRIVATIZACIÓN

Asimismo, reclaman al Gobierno paralizar el proceso de licitación de los contratos para preparar las privatizaciones de las autopistas "quebradas y rescatadas" y mantenerlas dentro de la red pública de carreteras. Se trata de la R-2 entre Madrid y Guadalajara, la R-3 entre Madrid y Agranda, la R-4 entre Madrid y Ocaña, la R-5 entre Madrid y Navalcarnero, el Eje Aeropuerto M-12, la circunvalación de Alicante y las autopistas AP-41 Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda AP-36 y Cartagena-Vera de la AP-7.

En este sentido, creen que las nueve autopistas, que asumirá el Estado en aplicación de la responsabilidad patrimonial, "no deberían volver a ser privatizadas". "Sería un escándalo rescatar con dinero público empresas quebradas por la irresponsabilidad empresarial de bancos y constructoras para, una vez recuperadas, volver a entregarlas a las mismas empresas u otras compañías similares", aseveran.

Desde el grupo confederal consideran que la gestión privada supone "una excepción que rompe con el principio lógico de gestión integrada de la red", "discrimina territorios y usuarios", y "está sometida a una doble amenaza: la presión de las grandes empresas de la construcción y de los bancos para seguir con el negocio y la voluntad explicitada por el PP de ceder a esta presión".

Asimismo, recuerdan que al tiempo que han funcionado estas vías desde 1976, se han puesto en servicio más de 14.000 kilómetros de autovías y carreteras multicarril, de propiedad pública y sin peajes. "Una amplia red de carácter público que cubre el conjunto del territorio con una lógica integrada de gestión que, sin embargo, rompe la presencia de las autopistas de peaje", señalan.