sentencia

La jurisprudencia establecida en 2021 por el Tribunal Supremo, reconoce la necesidad de compensar a los agentes que, por razones de servicio, deben vestir de civil. En septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo emitió tres nuevas resoluciones que obligan al Estado a reembolsar estos gastos, con una retroactividad limitada a cuatro años. Ahora llega una nueva sentencia favorable a un agente en Vilagarcía.

Con una huelga de funcionarios inminente en la ciudad, el alcalde recurre una nueva sentencia por la jornada laboral que ya fue anulada en primera instancia y en el TSXG. 

Hace casi un año concluía este juicio con dos acusados: el maquinista, Francisco Garzón, y el exdirector de seguridad en Adif, Andrés Cortabitarte. Se enfrentan a cuatro años de prisión por 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave

Así lo ha expuesto en el pleno ordinario municipal del mes de junio, durante el turno de ruegos y preguntas a cuestiones del Partido Socialista, cuando la edil María Fernández preguntó cómo iba a actuar. "El Ayuntamiento la va a recurrir, el Ayuntamiento y yo, supongo que los dos", preguntó el alcalde

La ex-diputada de Podemos Galicia alegó que existía base suficiente para tales afirmaciones pero el juez sentencia que ella sabía que no era cierto. La política puede recurrir, pero por ahora le han puesto una multa de más de 10.000 euros por intromisión al honor. Sus compañeras de partido la apoyan tras el fallo.

La mujer, que se queda con la custodia de la mascota, recibirá una pensión de 40 euros por el animal, cantidad "actualizable anualmente conforme al IPC".

El dictamen del alto tribunal ha sido todo un jarro de agua fría para el Concello de Pontevedra y Greenpeace, que esperaban que el Supremo ratificase las decisiones tomadas por la Audiencia Nacional. Desde la ONG critican la decisión que supone, a su juicio, una derrota para el medioambiente.

La Xunta reacciona a la condena por vulnerar los derechos laborales de pediatras a y médicos de familia del SERGAS por la excesiva carga de trabajo conocida hoy. 

 

Las primeras demandas contra esta manipulación del mercado, ratificada por la Justicia, se presentaron a finales de 2021 y ahora empiezan a salir las primeras sentencias. Según dictó de la CNMC en su día, el Cártel de Coches era una organización de marcas que llegaron a acuerdos ilegales dentro del sector. La PACC (Plataforma de Afectados por el Cartel de Coches) calcuó que diez millones de españoles podrían recuperar hasta 7.000 euros cada uno,

Llevamos ya unos cuantos días hablando sobre el tema del cumplimiento de la sentencia del TSJC que obliga a las escuelas a dar un 25% de clases en castellano.

Una polémica sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella tacha a Muros de ser "Galicia profunda" y utiliza la localidad como uno de los argumentos para retirarle la custodia de su hijo a una madre gallega.

Los expolíticos condenados son de la etapa de Carme Forcadell como presidenta del Parlament.

La jueza declara que el pazo de Meirás es propiedad del Estado y ordena a la familia Franco su devolución. La magistrada Marta Canales afirma que los documentos demuestran que la Junta Pro Pazo regaló el inmueble al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título personal. (Sentencía íntegra en el interior).

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha condenado a José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', a la pena de prisión permanente revisable por el crimen de la joven madrileña Diana Quer, así como a diez años de libertad vigilada desde que concluya esa medida.

Catalunya ha pasado de ser un país acogedor y amable a otro bajo sospecha que despierta recelo y sin garantizar la seguridad.

Hay empresas que por miedo a incidencias han comunicado a sus empleados que no acudan a sus puestos de trabajo. Otras, que se trabaje desde casa.

El presidente del Gobierno en funciones expresa su "firme y rotunda condena a la violencia que busca romper la convivencia en Catalunya".

Miles de pasajeros se amontonan en el interior de la T1 del aeropuerto mientras la policía intenta desalojar a los manifestantes.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez ha afirmado ante la prensa que comparecerá ante la prensa cuando se publique la sentencia. Pablo Iglesias ha abogado porque todo el mundo deberá acatarla, mientras que Albert Rivera ha evitado comentar la filtración. Pablo Casado tampoco ha querido valorar la filtración de la sentencia de los nueve líderes independentistas.