Llega la primavera y miles de gallegos preparan escapadas al otro lado del Miño. Muchos de ellos tienen pendientes pequeñas multas por saltare, por el motivo que sea, alguno de los peajes sin barrera lusos. Harían bien en no pasarla por alto, para evitarse un disgusto. Eso sí, las notificaciones que mandan empresas privadas tienen un valor jurídico cuestionable. Hay otras formas de sacarse el problema de encima.
La reducción de peajes de la AP-53 pactada entre el PSOE y el BNG forma parte de un acuerdo alcanzado en el marco de la investidura de Pedro Sánchez en 2023, y su implementación ha avanzado hasta concretarse en marzo de 2025. En breve, algunos conductores podrán sacarle partido, si cumplen algunas de las siguientes características.
La popular censura a la FEGAMP y considera "sorprendente" que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, "se convierta en portavoz" de la entidad municipalista.
Cada vez son más los municipios que reclaman que se levanten los peajes de la vía.
Herencias sin impuestos entre parientes cercanos, bonificaciones para fomentar el alquiler y descuentos en transporte público son algunas de las medidas que acompañan el nuevo año en Galicia. Mientras, el presupuesto autonómico, que supera los 13.900 millones de euros, destinará tres de cada cuatro euros a sanidad, educación y políticas sociales. Todo ello bajo un modelo fiscal que, según el Gobierno gallego, busca combinar alivio tributario con el fortalecimiento de los servicios públicos. ¿Será suficiente para enfrentar los desafíos del año?
El ministro de Transportes manifiesta que encaje jurídico de esta transferencia se antoja complicado al ser "inasumible" su rescate.
PSOE y BNG sacaron pecho ayer al anunciar más descuentos en la Autopista del Atlántico pese a que no habrá presupuestos del Estado para 2025. Los grandes beneficiados serán los conductores que ya utilizan la VíaT para sus desplazamientos frecuentes por la AP-9, pues la bonificación crece de manera considerable, pasando del 20 al 30 por ciento.
El vial sigue siendo objeto de disputa entre la Xunta y el Ministerio de Transportes, que dijo hace días que su transferencia resultaba insumible por su coste.
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha avanzado que la Xunta encargó un estudio para cifrar el traspaso de la AP-9 y cuenta con que estará listo "en un mes o dos".
El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha advertido de que el rescate de la AP-9, que ha reclamado este miércoles el BNG desde el Congreso, es "inasumible" para la Administración General del Estado "y con claros efectos lesivos para las arcas públicas", cuantificando en 4.000 millones esta bonificación general de la autopista gallega.
En Colectivo ve "cada día más cerca" conseguir que "finalice" el cobro de peajes y pide "transparencia" al Gobierno.
El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha lamentado las "subidas tan grandes" de los peajes de la AP-9, pese a los beneficios millonarios de su concesionaria, Audasa, que ha informado este miércoles de que en 2023 ganó unos 82,57 millones, un 24,9% más.
La resolución del Supremo del pasado 6 de marzo es firme y contra ella ya no cabe recurso
Los conservadores adviertan que el país pederá inversiones y proyectos fundamentales. Por el contrario, el BNG argumenta que Moncloa dispone de recursos técnicos suficientes para, aunque no haya presupuestos, para cumplir compromisos del pacto con el PSOE como las rebajas en las autovías de titularidad estatal o los primeros pasos para un red ferroviaria de cercanías. Ayer Rueda anuncio una estudio de la Xunta para analizar el impacto de la parálisis presupuestaria en la autonomía.
El PSdeG recuerda que el Gobierno central "garantizó" más de 43 millones de euros para bonificar los peajes.
El PPdeG critica que esta sea la única medida aportada por PSOE, Sumar y BNG ante la subida de precios.
La Comisión Europea acepta el recurso de España ante esta medida de la que no se pudo librar la vecina Portugal.
La DGT afirmó que en 2024 se pondrían peajes en las autovías, algo que posteriormente aclaró que no era cierto porque se trataba de una confusión, pero PP y PSOE lo han utilizado de nuevo para cruzar acusaciones
El Ministerio de Transportes defiende que la Comisión Europea aún no lo ha declarado contrario a derecho