Cataluña

"Cuando uno se pone en contra de la legalidad y la racionalidad tiene que pensar que nada bueno puede producir", proclama el presidente.

El presidente cierra la puerta a negociar un referéndum legal a estas alturas y defiende la actuación de la Justicia y la policía.

El Gobierno asumirá el pago de nóminas, Educación, Sanidad y los servicios sociales, pero "no afecta" a las competencias de la Generalitat.

El Gobierno catalán avisa de que no cumplirá con la obligación enviar los informes semanales, que "suponen un control político".

Nosotros, los malos catalanes, a la nuestra: seguir aguantando carros y carretas como ya hacen, ¡bienvenidos al club!, los alcaldes socialistas que han decidido plantar cara a unos dirigentes políticos que están fuera de la ley. 

Noriega, Ferreiro y Suárez han publicado un mensaje calcado en sus redes sociales. La FEMP apoya a los que no colaboran con el desafío.

Interior sospecha que alguna empresa gallega fabrica de forma clandestina las urnas de metacrilato para los independentistas.

Felipe VI se refiere al desafío independentista, convecido de que la Constitución "prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia".

La Fiscalía del Estado ordena a los fiscales jefes catalanes que investiguen a los regidores que colaboren con el 1-O.

El presidente asume que será inevitable, pero reclama "serenidad". "El inmovilismo no es la solución", le reprocha Rivera.

¿De verdad se creen que los Mossos del Sheriff Trapero van a retirar las urnas el próximo 1 de octubre?

Son la norma que pretende consumar la ruptura de Cataluña y la que crea una Hacienda propia.

Mossos, Policía y Guardia Civil tienen instrucciones para "intervenir urnas, sobres electorales y cualquier otro material" del referéndum ilegal.

"Da igual la reacción del Estado porque esto no lo para nadie", dice el portavoz del gobierno catalán. En la manifestación, menos gente y menos ruido que años anteriores.

El líder socialista dice que a pesar de sus "discrepancias profundas" con Rajoy, "no es momento de siglas ni de partidos".

Rajoy afirma que los socios comunitarios "no dan crédito" y animan a "garantizar que España siga siendo un Estado de Derecho".

El Gobierno hace extensivas las consecuencias a todo aquel "que de alguna manera ayude" a la votación suspendida por el TC.

"El Estado da una respuesta rápida y eficaz a todos los intentos de vulnerar el orden constitucional", proclama Méndez de Vigo.

Los cuerpos policiales deberán requisar, por orden de la Fiscalía, las urnas y sobres electorales, y levantar un atestado.

Puigdemont insiste en que mantendrá el desafío aunque presenten "un tsunami de querellas".