El presidente de A Mesa y la tiktoker Sara Seco, investigados por defender a un ciudadano que pedía atención en gallego

Tal vez muchos recuerden el caso de un vecino de Rianxo que se vio inmerso en un largo proceso judicial por demandar ser atendido en gallego en su centro de salud. Las reclamaciones del afectado derivaron en un juicio marcado por las irregularidades de la investigación por negar la validez de los testimonios de los vecinos que contradecían la versión policial. Un caso que se resolvió con la rebaja de la sanción impuesta en un primer momento pero que ahora tiene una ramificación que afecta a la plataforma que asesoró al damnificado, A Mesa pola Normalización Lingüística. 

Y es que su presidente, Marcos Maceira, y la tiktoker Sara Seco, que colabora de forma activa con A Mesa, están siendo investigados por el Juzgado de Padrón a raíz de la denuncia presentada por la Policía Local de Rianxo, que acusa a ambos de "injurias" contra los agentes. De todo ello informan desde la plataforma, donde trasladan la "absoluta tranquilidad" de los investigados, que sin embargo desconocen más detalles sobre esta denuncia ya notificada.

Todo esto ocurre tras la difusión de la sentencia judicial que no consideraba probada la "alteración grave de la seguridad ciudadana" que alegaba el cuerpo de Rianxo. Tanto Maceira como Seco argumentan que todas las declaraciones que han hecho hasta ahora sobre la Policía Local de Rianxo están basadas "en la literalidad de la denuncia policial". donde se refleja que la propia trabajadora del centro de salud niega la atención en gallego al vecino de Rianxo, una obligación que tiene todo empleado público. 

De hecho, en ese mismo documento, a juicio de A Mesa, "se infiere que la Policía Local de Rianxo omitió informar verazmente a un ciudadano sobre el deber legal del empelado público de garantizar la atención a los ciudadanos en lengua oficial", como es el caso de la lengua gallega. 

FORMACIÓN EN "DERECHOS LINGÜÍSTICOS"

Ahora los dos investigados aguardan a que avance la investigación, en la que pretenden aclarar las motivaciones de la Policía de Rianxo para no ser informada debidamente de sus derechos. El colectivo considera "intolerable" que "cualquier fuerza pública, incluida la Policía Local de Rianxo, desconozca u obvie la legislación en materia de derechos lingüísticos y, en consecuencia, no preste información veraz a los ciudadanos". 

"Y es alarmante que el Ministerio del Interior, la Consellaría de Presidencia de la Xunta y la Delegación del Gobierno consientan esto y no hagan nada al respeto, dado que estamos ante la conculcación de derechos fundamentales", reprenden, al tiempo que avanzan contactos con el Delegado del Gobierno en Galicia para que se tomen medidas y "formar a los cuerpos policiales en derechos lingüísticos".