Condenan a cuatro meses de cárcel a la agresora de un Técnico de Emergencias Sanitarias en Cangas

En un momento en el que las agresiones al personal sanitario están en el foco de la actualidad por el goteo de casos que se vienen dando de un tiempo a esta parte en hospitales y centros de salud de Galicia, los juzgados siguen pronunciándose por hechos que ocurrieron en el pasado y que ahora tienen su sanción, aunque en algunos casos es mínima. La última sentencia tiene su eco en Cangas do Morrazo en un episodio que tuvo lugar en marzo de 2023, cuando un Técnico de Emergencias del 061 fue agredido por una paciente cuando el profesional sanitario se encontraba de espaldas. Por estos hechos, ha sido condenada a cuatro meses de prisión.

SANCIÓN HISTÓRICA

Del auto se hacen eco desde la CIG, donde recalcan que la agresión buscaba "menoscabar la integridad corporal" del sanitario, "golpeándolo sin la debida consideración a las funciones que desempeñaba". La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso. Además de la condena de cárcel, la investigada está obligada a abonar las costas procesales y a indemnizar al agredido con 250 euros. 

"La acusada pudo beneficiarse de una reducción de pena al aceptar una condena por conformidad para no tener que llegar a juicio", recalca el sindicato, que entiende esto como "un enorme espaldarazo para el personal Técnico en Emergencias Sanitarias, ya que servirá como medida disuasoria para que este tipo de agresiones no se sigan produciendo con total impunidad".

Sin embargo, otras voces subrayan que todavía hoy las sanciones son mínimas cuando estos profesionales prestan "un servicio esencial", si bien hasta ahora muchos casos se zanjaban con condenas que se quedaban en pequeñas multas por un "delito leve de lesiones". Esto se da, en parte, porque al tratarse de profesionales de una empresa concesionaria de un concurso público no gozan de la condición de funcionario como otros sanitarios.

Sin embargo, tras el recurso presentado desde el despacho de Valvigo Abogados, este episodio fue considerado como un "delito de atentado a la autoridad". Esto abre la vía a que al menos otros tres procesos similares por agresiones a personal técnico del 061 que aguardan por el pronunciamiento de los jueces de Cangas puedan tener un desenlace similar. 

"INDEFENSIÓN TOTAL"

"En esa ocasión, la guardia civil tuvo que intervenir para evitar que continuaran golpeando con patadas y puñetazos al sanitario al tiempo que auxiliaba al personal del Centro de Salud que se encontraba parapetado en una consulta para evitar ser agredido también", refieren desde la CIG, que lamenta la "indefensión total" que sufren los Técnicos de Emergencias durante sus intervenciones, considerando que están "desprotegidos" pese a los protocolos que ya han hecho públicos el Diario Oficial de Galicia. 

"Ninguna de las empresas en Galicia lo está cumpliendo", censura el sindicato, que reclama la convocatoria de la mesa de seguimiento de los concursos públicos de ambulancias, una de las promesas de la administración pública tras la crisis que tuvo lugar por la polémica en torno a la bancarrota de Ambulancias do Atlántico, a la que tuvieron que retirar la concesión de las ambulancias urgentes del 061 en Vigo, Cangas y Moaña -no así del contrato de servicio no urgente, donde siguió operando pese a sus muchas irregularidades y la evidente crisis financiera que atravesaba la empresa de Carlos Simón-. 

El sindicato nacionalista denunció que "ninguna de las empresas de ambulancias esta a formando a su personal en técnicas de autodefensa ni está dotando de medios de protección en caso de agresiones tal y como se recoge en el protocolo", denuncian desde la CIG, al tiempo que agregan que estos no disponen ni siquiera de un radioteléfono portatil personal con el que poder pedir auxilio en caso de emergencia. 

En la misma línea, los sanitarios no disponen ni de chalecos antitrauma ni antipinchazos, como tampoco cuentan con cámaras subjetivas. "Tienen que depender exclusivamente del auxilio de las fuerzas de la orden pública, pese la que habitualmente no disponen de patrullas disponibles", censuran, a la vez que destacan que la ley de la Xunta deja fuera a este personal en caso de agresiones, por lo que exigen que sean incorporados también aquellos que trabajan para empresas privadas, lo que comprende al personal de ambulancias, limpieza y centros privados.