La causa por 17 homicidios imprudentes en la residencia de O Barco es archivada
Hay otra investigación en la Audiencia Nacional sobre supuesta “prevaricación” en la inscripción de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, según Rede.
La Justicia ha archivado la investigación abierta por la muerte de 17 residentes durante la pandemia en la residencia Nuestra Señora de Fátima de O Barco. Así se lo ha confirmado hoy fuentes oficiales del TSXG a Galiciapress. En la causa llegó a haber tres imputados por un delito de “homicio por imprudencia”, según figura en varios recursos de la Audiencia Provincial de Ourense a los que ha accedido este periódico.
Entre los investigados estuvieron los representantes y la propia persona jurídica de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima. Esta Fundación es la responsable del asilo del que esta semana se supo que la Xunta había impuesto -y la Justicia ratificado- varias multas por faltas graves y muy grave. Por ejemplo,: comida escasa, falta de enfermeras por la noche y un anciano atado a una silla sin permiso o justificación médica.
En teoría, esas inspecciones fueron antes del 11 de abril de 2020, cuando la Consellería de Política Social tuvo que intervenir el geriátrico dada la falta de recursos para combatir la covid y el contagio de 60 ancianos y 18 trabajadores.
El juzgado de Instrucción Número 1 de O Barco de Valdeorras abrió en 2021 diligencias por 17 delitos de homicidio imprudente y 59 delitos de lesiones imprudentes. La Fiscalía solicitó un informe al IMELGA, departamento forense que depende de la Xunta, y algún particular intentó, sin éxito, ejercer la acusación particular. Con el archivo de esta causa, no queda ya ningún pleito vivo en Galicia sobre lo sucedido en las residencias durante la covid-19, con centenares de muertos y docenas de residencias intervenidas ante la falta de medios.
Pese a los precedentes -una investigación judicial por 17 homicidios imprudentes, sanciones por faltas muy graves y un ex-presidente de la Fundación que fue detenido por malversación y acusado por el administrador judicial de haber sido el gerente de un “bar de señoritas”- la Xunta sigue financiando plazas públicas en Nuestra Señora de Fátima de O Barco. En concreto, diez.
La Fundación opera al menos otras tres residencias en Cataluña. Según publicó esta semana Paulino Campos, portavoz del colectivo de familiares Rede, “la Audiencia Nacional investiga si la Xunta y sus funcionarios prevaricaron al calificar de ‘interés gallego’ una fundación benéfica puesta en marcha por el propietario de un prostíbulo y de una residencia donde murieron 17 personas mayores”.
Hace años que la Fundación y quien fue administrador judicial de la misma, Carlos Moner, tras la detención del ex-presidente, G. R. E., mantienen pleitos en los juzgados catalanes, que ahora podrían haber saltado a la Audiencia Nacional.
Cuando el TSXG reveló que había una sentencia a la que había ratificado las sanciones impuestas por Política Social, la Xunta se negó a identificar a la sancionada, alegando que la cuestión está judicializada, pese a que ya había otras sentencias previas que ratificaban las sanciones.
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