Las deudas empujan a las ambulancias de Vigo a la huelga mientras Ambulancias do Atlántico sigue ingresando dinero público

"Ambulancias del Atlántico no paga, Saluser-Emersan cobra un importante incremento de la licitación por anticipado y Tragsa obtiene un contrato de 6 meses". Este es un resumen preciso de la situación hoy en el servicio urgente de las ambulancias del 061 en Vigo, Cangas y Moaña, que desde hace meses arrastra una situación inédita en esta comunidad, con más de un centenar de trabajadores pendientes de que se solucione una crisis en el sector de las ambulancias que ha afectado considerablemente a sus bolsillos. 

Las autoridades sanitarias tienen mucho que decir pero, si bien hasta ahora han toreado la situación, ahora tienen que enfrarse a un miura en pleno verano, porque en medio de este conflicto, los sindicatos CIG, CC.OO. y USO promueven una huelga indefinida y encabezan las negociaciones con la nueva empresa, con la que se han reunido esta semana porque es con la firma al frente de la nueva concesión por la que pasa parte de la solución al problema. 

PAGA DE REGULARIZACIÓN Y FINIQUITOS

Los finiquitos a los trabajadores y la paga de regularización del convenio colectivo han sido dos de los asuntos más espinosos y que, a la espera de más paso por parte de la administración pública y de la nueva concesionaria, pueden llevar a la huelga indefinida a partir del 10 de julio, calculan los sindicatos. “Comunicamos por escrito y oficialmente que, antes de iniciar un proceso legal de denuncias tanto a Ambulancias do Atlántico como a la propia administración, les solicitamos el abono de las cuantías que quedaron pendientes por parte de la anterior concesionaria”, manifiesta Óscar Graña, portavoz de la CIG y presente en el encuentro. 

Los tres sindicatos entienden que esto es lo que corresponde después de que Emersan-Saluser se hiciese cargo del servicio urgente por medio de “un contrato de urgencia” que fue “dotado presupuestariamente con el dinero suficiente para que la nueva empresa, además de prestar el servicio, resolviese las deudas con los trabajadores”. Las fuerzas sindicales subrayan que en este contrato de urgencia el incremento fue “cuantioso”, en parte porque en este documento se incluye la paga de regularización del nuevo convenio, que, matizan, ya está en posesión de la empresa, la cual se niega a depositar sobre los trabajadores a los que le pertenece ese dinero, que ahora se está empleando, dicen, “en otras cuestiones”. 

“Es una parte la de paga de regularización, que es lineal y no afecta ni a categorías profesionales ni antigüedad, sí compete a la nueva empresa, 1.725 euros que corresponden a 2023 y los tres primeros meses de 2024, donde no hubo subida alguna durante la negociación del convenio”, explica Graña. 
 

La excusa de la empresa para no hacer frente a este desembolso es que “no existen garantías de que la administración vaya a cubrir económicamente esta solicitud” y niegan que se haya incrementado los presupuestos de manera que se puedan cubrir estos gastos “que para una administración pública no deberían suponer un gran sobreesfuerzo económico”. Lo que no niegan, en cualquier caso, es haber recibido ese dinero, que se puede deducir en la gran diferencia en el cobro del primer mes del contrato con Sanidade con respecto a los cinco siguientes. 
 

Al tiempo, desde la compañía consideran que abonar esta paga de regularización supondría un agravio que “podría generar diferencias dentro del grupo empresarial”, un razonamiento que los sindicatos les parece muy pobre, ya que solo están mirando por los intereses de los trabajadores afectados por esta crisis del servicio urgente del 061 en Vigo, Cangas y Moaña. 
 

Por su parte, la liquidación, de unos 130.000 euros, “que en un contexto normal tendría que pagar Amublancias do Atlántico”, está ahora mismo en el aire, ya que la “práctica bancarrota” en la que se encuentra la compañía que lidera Carlos Simón les impide hacer frente a este desembolso del que están pendientes 103 empleados y que la compañía saliente dice que le resulta imposible de asumir. En su día, las autoridades sanitarias acordaron que se destinaría dinero en el contrato para que la empresa entrante pudiese hacer frente a este gasto, pero por ahora, tanto este aspecto como pluses como vacaciones no disfrutadas o fines de semana, siguen todavía pendientes.

¿Y TRAGSA?

Mención aparte merecen ya cuestiones específicas de cada empleado, afectados por “nóminas mal calculadas”, una labor de la que, en principio, se iba a hacer cargo Tragsa pero que acabó derivando en “un punto de atención al personal trabajador que tenga dudas con las cantidades que se le deben", que se establecerá durante seis meses en el Hospital Nicolas Peña de Vigo.

Por la experiencia de los trabajadores que se han acercado a este lugar, el clima en este punto de atención es de absoluto desconcierto, desconociendo incluso las citas que están programadas para ese día. De hecho, el personal de ese punto de atención se limita a “recoger quejas”, adjuntando en ellas toda la documentación que acerquen los afectados, y “trasladarlas a quien corresponda”, concediendo un mes de plazo para la respuesta. Nada hay, por tanto, de los cálculos de las nóminas y se queda en un papel de “mediador”. 

LA VÍA JUDICIAL

En lo referido al diálogo con la administración, los sindicatos han recibido una propuesta para que el contrato “experimente un reequilibrio presupuestario”, que no deja de ser “un gran eufemismo para decir que pueden inyectar más dinero, pero para ello necesitan un pretexto”.
 

El gran cambio con respecto a las últimas reuniones entre los sindicatos y la administración pública es que ahora desde la Xunta niegan cualquier intención de intervenir Ambulancias do Atlántico y que “como mucho se intervendrá el servicio urgente”, algo que ahora no tienen necesidad de hacer, ya que el servicio no corre el riesgo que sí experimentó en su día, cuando la anterior concesionaria no podía hacer frente ni a gastos como el combustible de las propias ambulancias. “¿Sacar un contrato por la vía de urgencia no es intervenir el servicio?”, se pregunta Graña, que interpreta la preocupación de Sanidade en su día “no por la situación de los trabajadores, sino por su imagen y para poder dar el contrato a otra empresa, tanto si beneficiaba a los perjudicados o no”. 

“La administración lo que pretende es que judicialicemos el conflicto y que no hagamos ningún tipo de acción sindical”, comenta Graña. No obstante, la vía judicial es un recurso que los sindicatos, admiten con cierta desesperanza, solo contemplan como último recurso, ya que tienen muy presente “la lentitud de la Justicia en España”, “la posibilidad de que el proceso se alargue en el tiempo con recursos a tribunales superiores” y “la situación de insolvencia” en la que se encontraría Carlos Simón, con un entramado de empresas que, hasta la fecha, le ha permitido seguir operando en el sector sin mayor inconveniente pese a tener todavía a cuestas deudas de su etapa en Ambunova con el contrato de Santiago-O Barbanza. 

“Somos rehenes de este sistema privatizado. Sabemos que podemos recurrir a la Justicia, pero que será un proceso lento y que el dinero saldrá del Fondo de Garantía Social”, razonan. 

MIENTRAS, EL DINERO “FLUYE” EN AMBULANCIAS DO ATLÁNTICO

En paralelo, no hay que perder de vista a Ambulancias do Atlántico, que sigue teniendo en su posesión el contrato prorrogado del servicio programado del área de Vigo, por el que siguen cobrando ya que, hasta ahora, ni se le ha retirado ni ninguna empresa ha pujado por este contrato, como otros que permanecen desiertos tras varias convocatorias. Pese a todo, las informaciones que llegan dentro de ese servicio son que se está prestando “fatal, con retrasos, intervenciones en el servicio, vehículos que no se reparan…”. 
 

Así, y después de lograr embaucar a un nuevo “incauto” establecimiento para que surta combustible a las ambulancias, Simón sigue “recibiendo dinero público” con el contrato programado, al tiempo que emplea las ambulancias adscritas a esa licitación en eventos privados, sacándose así un “sobresueldo” cuando el uso de estos vehículos fuera de las condiciones que estipula el propio contrato público supone una vulneración del acuerdo aunque se encuentre “parado” en ese momento. 
 

“Les presentamos pruebas a la Dirección de Recursos Económicos del SERGAS en Vigo, con fotos de las ambulancias y sus matrículas prestando servicio en un evento deportivo de carácter privado. Nos dicen que hay otras prioridades ahora mismo y que no pueden atenderlo, mientras Carlos Simón se frota las manos porque con estos servicios privados tira los precios en competencia con otras empresas”, agrega Graña, a la vez que recuerda que el SERGAS tiene acceso a una herramienta para conocer la ubicación de cada vehículo con el sistema de geolocalización de las ambulancias. 

A renglón seguido, los sindicatos acusan a Carlos Simón de no haber incorporado a dos trabajadores en el seguro de accidente e incapacidad, que protege a los trabajadores ante este tipo de circunstancias. “Simón no entregó el seguro de responsabilidad civil para que tres trabajadores estuviesen cubiertos. Son trabajadores con más de un cuarto de siglo de experiencia, que se han dejado la vida en el sector, y que ahora sufren una incapacidad y están desamparados sin cobrar la indemnización”, reprocha Graña, al tiempo que apunta que esa póliza “de existir, ya tendría que estar sobre la mesa, porque llevamos tres meses reclamando la documentación”. 
 

La administración en este tema se lava las manos ya que “se limita a pedir un documento de responsabilidad al empresario que presta el servicio”, un papel que no deja de ser una mera presunción de que las cosas se hacen de acuerdo a lo establecido. “Se lo piden a un irresponsable, pero para ellos ya está y dicen que la Xunta solo actuará contra las empresas amparadas en sentencias del Juzgado de lo Social o de Inspección de Trabajo”, resumen los sindicatos, que ven como se les responsabiliza a ellos de esa labor de control. 

En el caso de los afectados por ese seguro de responsabilidad civil, el recorrido judicial puede ser, si cabe, mucho más complejo, ya que no se trataría de una simple denuncia a la compañía de seguros, sino que implicaría, además, denunciar a las empresas y a las administraciones para probar esta mala praxis. “Es un periplo judicial enorme que se tardará en resolver. Al final estas personas que tienen derecho a este seguro pueden cobrar lo que les corresponde, o parte, o nada, pero dentro de cinco o siete años”, se queja Graña. 
 

UNA HUELGA EN PLENO VERANO DE RÉCORD

Con esta tormenta perfecta en ciernes, la huelga indefinida y las movilizaciones de los trabajadores puede desestabilizar un servicio que en verano siempre se ve comprometido de una forma u otra por el aumento de la población en estas zonas y el consecuente aumento de incidencias que, a la par con el récord de turistas que se rompe año a año, también marcan un nuevo registro en cada temporada estival. 

A la espera de que se celebren más encuentros para perfilar las protestas de los próximos días y concretar los plazos para el inicio de los paros para los que, estiman, la administración fijará unos servicios mínimos del 100%, como viene siendo habitual en este tipo de situaciones tanto en el servicio urgente como programado. 

“Los juzgados siempre nos dan la razón al considerar abusivos unos servicios mínimos del 100%, pero el problema es que eso no sienta jurisprudencia, por lo que la Xunta puede repetirlo las veces que considere, de forma que nos impiden hacer uso de este derecho fundamental de huelga”, critica Graña.
 

Los sindicatos manifiestan el “nivel de desesperación” en el que se encuentra la plantilla y subrayan que “en ningún caso alentamos ni defendemos acciones violentas ni boicots sobre las ambulancias”, pero sí reconocen que el nivel de crispación es tal que pueden prever que este tipo de episodios puedan llegar a darse, con las consecuencias que ello puede tener sobre un servicio tan fundamental como el del 061 en el que “sin refuerzos ni mejoras pueden pasar cosas muy graves”.
 

“Un servicio para el que, en realidad, no tenemos necesidad de conocer al empresario en ningún momento. Podemos trabajar sin las empresas, respondemos ante las órdenes de trabajo del 061. Somos los trabajadores los que sacamos adelante el servicio, y lo demostramos en esta crisis, porque los empresarios solo son intermediarios entre la administración y los empleados”, recalcan Graña, que percibe un cierto “parasistismo” en este sistema de privatizaciones cuando “si la administración gestionase ella misma el servicio sería mucho más barato”. 
 

COMUNICADO DEL 061

En otro orden, en respuesta a la convocatoria de huelga, desde la Consellería de Sanidade y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 dicen estar trabajando en estos momentos para “para garantizar la prestación del servicio de transporte sanitario urgente en el área de Vigo y mantener su compromiso con la eficiencia, eficacia y calidad en la atención las urgencias y las emergencias extrahospitalarias”.

“Hace falta recordar que el pasado 29 de mayo se adjudicó a la empresa UTE Emergencias- Sanitarias-Saluser 2024 el contrato para la prestación del servicio, que se comenzó a prestar el pasado 1 de junio”, añaden en su comunicado, donde reiteran que es fundamental “la continuidad en todo momento” de “este servicio sanitario esencial y para cumplir con todo lo acordado con los trabajadores: el cobro de las nóminas, incluida, la nómina a 31 de mayo, como estaba acordado y, también, como se había comprometido, la Xunta intervino el servicio”.  

“Además se están realizando reuniones entre la intervención y los trabajadores con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre otros aspectos económicos”, zanjan, argumentando que todas las medidas tienen como objetivo “mantener la prestación del servicio de transporte sanitario urgente en el área de Vigo”.