El anteproyecto de ley para medios públicos gallegos enciende las alarmas entre los trabajadores

El control cada vez más directo sobre la CRTVG desde la presidencia de la Xunta de Galicia es el gran temor de los y las profesionales de la corporación de medios públicos gallegos. En 2011 aparece la LEI 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, un texto que no se ha cumplido a pesar de haber transcurrido trece años de su aprobación. Trece años en los que no se han modificado ni siquiera órganos directivos como el puesto de director general que sigue recayendo en Alfonso Sánchez Izquierdo. También en estos años se ha visto nacer y desarrollarse el movimiento 'Defende a Galega' con sus 'Venres Negros' para denunciar la manipulación informativa, sobre todo en los servicios informativos. Aún así, y a pesar de no haber desarrollado el texto aprobado en el 2011, el gobierno gallego presidido por Alfonso Rueda ha preparado un anteproyecto de ley con el que, en principio, se busca la mejora de algunos aspectos legales y de actualización tecnológica. 

ALGUNOS CAMBIOS

En mayo de este año, algo más de tres meses después de las elecciones autonómicas (18 de febrero de 2024) el ejecutivo realizaba una consulta pública sobre la 'Lei de servizos dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade dixital' (Ley de sevicios de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para la sociedad digital). En principio, el nuevo texto reflejaría una nueva fórmula para la elección del director de la corporación y supondría un paso adelante en la modernización y actualización digital de la misma.
 

El 29 de julio de 2024 pasó por el Consello da Xunta este mismo texto bajo la denominación de anteproyecto de ley. El texto reflejaba, entre otros, un nuevo modelo de mayorías para la elección del o de la directora general. Se mantendría la elección por dos tercios del Parlamento (50 escaños). En caso de no obtener este número de votos, se iría a una proporción de tres quintos (45 escaños). 

Sea como fuere, el caso es que la aprobación pasaría por la negociación de PP con los dos grupos de la oposición. El BNG actualmente cuenta con 25 escaños y el PSdeG, 9. Sin embargo, y ante el “temor” a un bloqueo o estancamiento para elegir el cargo más alto de la corporación, se pone sobre la mesa la aprobación por “mayoría absoluta”. Esto implica que bastaría con los 40 parlamentarios del PP para nombrar director o directora general.

El cambio que propone el gobierno autonómico afecta incluso a la denominación de la CRTVG. Dejaría de ser Corporación de Radio e Televisión de Galicia para llamarse Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG). Este punto, que pareciera intrascendente, guarda para representantes políticos y sindicales las “verdaderas intenciones” del ejecutivo de Rueda.

“MAYOR CONTROL” Y RETROCESO

El PSdeG reclamaba a Rueda dar explicaciones sobre el anteproyecto de ley en un pleno extraordinario del Parlamento. Los socialistas gallegos denunciaban la “situación de intervención política que sufre la CRTVG desde hace quince años” y, sobre todo, que en el mes de octubre el ejecutivo gallego, a través de la Lei de acompañamento dos Orzamentos (Ley de acompañamiento de los presupuestos) intente modificar mediante una maniobra “por la puerta de atrás” la elección de director o directora general.
 

Por su parte, el BNG reaccionaba presentando ante el Parlamento Europeo una pregunta a la Comisión Europea (CE) sobre el anteproyecto de la Xunta. La eurodiputada Ana Miranda señalaba el “incumplimiento” del reglamento europeo sobre la libertad de medios de comunicación. En su presentación, Miranda apuntaba que la propuesta del gobierno gallego “pretende hacerse con el control absoluto de la televisión y de la radio pública de Galicia”. Además, se buscaría la eliminación de órganos de parcipación de los profesionales y reducir la presencia del gallego en los medios públicos autonómicos. Miranda reclamaba a la CE que revise el texto para conocer si cumple con el reglamento europeo. 

“Están abriendo el camino a la externalización de la producción incluso en informativos para empresas 'amigas', se 'blindarían' algunos puestos de alta dirección mientras se externaliza la mayoría de puestos” dice Raquel Lema, presidenta del Comité de Empresa. Por otra parte, el anteproyecto estaría abriendo las puertas a la prestación absoluta de servicios, esto es, profesionales 'polivalentes'. “Se estaría eliminando el hecho de haber aprobado unas oposiciones y que tú ocupes un puesto determinado para poder moverte a puestos para los que no habías opositado”.
 

El otro punto más llamativo es la utilización de otras lenguas para la “difusión y promoción” de Galicia. “No es que ahora vayamos a hacer programación en inglés, es que se quiere quitar peso y presencia al gallego” retirándole así a los medios públicos autonómicos su papel normalizador de la lengua.

Al momento de redactar este reportaje se contactó con la CRTVG por email y por teléfono sin que de momento haya respuesta.