España colaboró en la aprobación de la mina que causó la caída del Gobierno de Portugal por presunta corrupción

El primer ministro de Portugal dimitió tras conocerse la detención de varios subordinados acusados de corrupción. La justicia investiga el trato de favor a un centro de datos y dos minas litio: Romano (Montalegre) y Barroso (Boticas). En la autorización de ambas participó la administración española, que dio luz verde, pero con condiciones.

El motivo de que Portugal tuviese que consultar a España es para cumplir las normas de la UE, dada la proximidad de la mina a la frontera de “a raia seca” de las dos explotaciones, pero sobre todo de la de Romano, pues Montalegre es la primera gran población en territorio luso al cruzar la frontera por la comarcal que parte de Xinzo y pasa por Baltar.
 

La mina se encuentra situada a unos 46 kilómetros de la frontera de España y afecta a la cuenca hidrográfica del Duero, en la que desembocan el Limia, el Támega y otros ríos gallegos. 

El proyecto habla de una gran superficie a explotar, más de 659 hectáreas, aproximadamente lo mismo que unos 400 campos de fútbol. La mina está en el ayuntamiento de Montalegre, que tiene frontera con varios municipios de Galicia: Lobios, Muíños, Calvos de Randín, Baltar, Cualedro y Oímbra.

La subdirección general de Evaluación Ambiental del  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió un proceso de  Participación Pública de un mes y medio en la primavera de 2022.

El permiso que la República Portuguesa concedió condicionalmente a la empresa -al que ha tenido acceso Galiciapress- especifica que España citó algunas condiciones en un informe remitido en agosto de aquel año. 
 

En concreto, aunque “las autoridades españolas no esperan que las actuaciones resultantes del proyecto tengan impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales de su territorio”, desde Madrid dijeron que “consideran necesario implementar medidas de minimización, así como seguimiento previsto en la evaluación de impacto ambiental, y también debe garantizarse una respuesta de emergencia eficaz en caso de rotura de la balsa de almacenamiento de residuos, situación que podría tener repercusiones en

ecosistemas transfronterizos”. 
 

Es decir, que España da luz verde pero advirtiendo que debe tomarse medidas ante una eventual ruptura de la balsa minera. ¿Qué medidas se reclamaron desde este lado de la frontera? Entre otras, las siguientes:

• La vigilancia ambiental de varios cauces incluído el Río Bubal y otros cauces transfronterizos menores como el Río da Azoreira y o Río dos Muíños.
• Un estudio radiológico ya que los minerales que se explotarán -como el lito- a menudo vienen acompañados de minerales radiactivos como cesio, uranio, rubnido y radio. España indica que ”las aguas superficiales y subterráneas de los cuerpos de agua pueden verse afectadas” si llegan materiales radioactivos al agua. 
• Mitigar los drenajes ácidos tanto en la fase de exploración minera como una vez terminada la vida útil de la m ina.
• Garantizar el mantenimiento de las prácticas agrícolas para proteger el paisaje de la comarca.
   

El proceso lanzado por el MITECO para la consulta transfronteriza del proyecto portugués "Ampliação da Mina do Barroso Freguesia de Dornelas e Freguesia de Covas do Barros /Concelho de Boticas” es anterior, del año 2021. 

UNA MINERA RECIÉN CREADA

¿Quién es la empresa beneficiaria de las presuntas prácticas corruptas? La solicitante es Lusorecursos Portugal Lithium, S.A., que forma parte del conglomerado minero británico Savannah Resources. 

Según el periódico Expresso, el origen de este asunto se remonta a 2019 cuando João Galamba, entonces secretario de Energía y depués ministro de Infraestructuras, otorgó a Lusorecursos Portugal Lithium la autorización para llevar a cabo la exploración de litio.
 

La minera se constituyó apenas tres días antes de la firma del contrato sin haber realizado un estudio de impacto ambiental. Aunque anunció tener un millón de euros de capital social, según el Correio da Manhã, en realidad solo tenía 50.000. A pesar de ello, logró asegurar un contrato que podría generar 380 millones en 20 años.
 

La cadena de televisión CNN Portugal informó que este proyecto, valuado en 380 millones de euros, fue concedido a Lusorecursos por un periodo de 50 años.
 

El canal resaltó que, según la legislación, para que una empresa pueda ganar un concurso de exploración por 50 años, debe haber realizado previamente la prospección, algo que dice no ocurrió con Lusorecursos, generando sospechas de posible corrupción.
 

La extensión de la presunta implicación de Costa en estos proyectos aún no está clara, aunque la Fiscalía portuguesa indicó que varios sospechosos han mencionado su supuesta participación en el caso al "desbloquear procedimientos". 

VERSIÓN DE LA EMPRESA

La promotora indica que el contrato de arrendamiento minero para el proyect, sigue siendo válido, según Savannah, y que la empresa ha llevado a cabo sus negocios de manera totalmente legal y transparente.  

La investigación sobre una presunta trama de corrupción en concesiones relacionadas con el litio y el hidrógeno verde que ha sacudido la política portuguesa también ha tenido impacto en los mercados.  Savannah Resources, ha experimentado una caída significativa en la bolsa de Londres.