#Claves de la semana

CRTVG, Froiz y Pescanova son algunos de los violan la ley sobre registro del sueldo de las mujeres, denuncia CIG

El registro salarial es un documento obligatorio en España que deben llevar todas las empresas, independientemente de su tamaño. En este documento, las empresas deben registrar la retribución de sus empleados, desglosada por sexo, puesto de trabajo, nivel profesional y antigüedad. La CIG, el sindicato con más representantes en Galicia, denuncia que son numerosas las empresas de todos los ámbitos que no aplican esta medida, que tiene como objetivo combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. 

 


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La brecha salarial en España es una de las más altas de la Unión Europea, y el registro salarial es una herramienta que puede ayudar a identificar y corregir las causas de esta desigualdad.

 

El registro salarial desglosa la retribución por sexo, puesto de trabajo, nivel profesional y antigüedad. Esto permite a las empresas identificar las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres, incluso si estas diferencias son sutiles.

 

Una vez identificadas las diferencias salariales, las empresas pueden empezar a analizar las causas que las provocan. Estas causas pueden ser diversas, como la discriminación directa o indirecta, la segregación ocupacional o la falta de conciliación de la vida laboral y familiar.

 

 Conocidas causas de las diferencias salariales, las empresas pueden empezar a tomar medidas para corregirlas. Estas medidas pueden incluir la formación, la sensibilización y la modificación de las políticas de recursos humanos.

 

Concentraciu00f3n de la CIG frente la Inspecciu00f3n de Trabajo en Vigo en una foto del sindicato
Concentración de la CIG frente la Inspección de Trabajo en Ourense en una foto del sindicato

 

Grandes empresas como Finsa,  Pescanova, Banco Santander, BBVA o Sociedad Textil Lonia; compañías gallegas de tamaño notable como Froiz, Servigami, Villalón, Viña Costeira, Ralotráns, Innolact , Samaín, Sodexo, GTT o Inelcom e incluso ayuntamientos como los de Sada, Coristanco, A Coruña, Cerceda, Corcubión, Carballo, Camariñas, Cambre, Betanzos, Bergondo, Arteixo o Santa Comba. Todas ellas están entre las compañías que no están cumpliendo la obligación legal de llevar un registro de salarios que permita combatir la brecha de género. Así lo denunció ayer el sindicato con más delegados en el país, la CIG, mediante concentraciones frente las cuatro sedes provinciales de la Inspección de Trabajo, que es el ente público que debería controlar la aplicación de esta norma.

 

La central asegura que ha remitido más de 90 denuncias remitidas a la Inspección. Por ejemplo, en Vigo dicen haber presentado aproximadamente cincuenta denuncias de empresas que no elaboraron el registro retributivo. Una de las señaladas es la automotriz COPO Galicia (Mos), donde la CIG dice que trabajadoras perciben un salario base unos 6000 euros inferior.

 

El problema afecta también a algunas entidades que trabajan en el campo de los servicios sociales, dicen, como la Fundación Hermanos Prieto del Asilo del Carballiño y la Fundación Diagrama.

 

IMPACTO EN LAS PENSIONES

Sgún datos de la Agencia Tributaria, en Galicia la diferencia entre los sueldos de los hombres y las mujeres rondaba el 19%, de manera que las trabajadoras gallegas reciben en promedio por su labor 4.238 euros anuales menos que sus colegas. 

 

Esta disparidad se amplía a medida que avanza la edad y al llegar el momento de la jubilación ya supera el 34%,. La CIG estima que la consecuencia es que las mujeres reciben de pensión 400 euros menos al mes, de media.

 

Concentraciu00f3n de la CIG frente la Inspecciu00f3n de Trabajo en Ourense en una foto del sindicato
Poresta de la CIG frente la Inspección de Trabajo en Ourense en una foto del sindicato

 

La secretaria de Mulleres de la CIG, Nicolasa Castro, argumenta que la disparidad salarial es un reflejo de la menor valoración que esta sociedad les otorga por ser mujeres, dificultando su libertad económica.

 

Las movilizaciones de ayer también buscan criticar la supuesta falta de compromiso de la Inspección de Trabajo en garantizar el cumplimiento de la normativa.  Castro entiende que tanto las empresas como  as administraciones son responsables de  acabar con la disparidad salarial

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