En la residencia Monte Tecla de A Guarda los inspectores de la Xunta han encontrado, según la CIG, irregularidades en el cuidado de sus residentes, lo que ha llevado a la apertura de un expediente por parte de la Consellaría de Política Social.
La plantilla pide a la conselleira de Política Social que cese a la directora, aumente los recursos humanos y solvente los problemas de filtraciones de agua, que persisten pese a las recientes obras.
La entrega de firmas no será la única acción de protesta que adopte la plantilla del centro público compostelano. Así, este miércoles harán una caminata desde Padrón que acabará en Volta do Castro.
La residencia Castro Ribeiras de Lea de Castro de Rei es uno de tantos geriátricos que sufren la decisión de la Xunta de eliminar la obligatoriedad de contar con enfermeras las 24 horas del día. De titularidad pública pero gestión privada, en manos de CK Senior, la situación en el centro es crítica por la falta de personal, tal y como relata una de sus enfermeras, Sonia Jalda, que explica para Galiciapress el día a día de un personal sobrecargado y que no puede prestar la atención adecuada a los usuarios: "Parece que estamos en una cadena de montaje".
La comunidad gallega se sitúa como la cuarta región con mayor déficit de plazas residenciales en España, según el informe del colectivo.
El diario vigués publicó que había tanto residentes como trabajadores y trabajadoras afectados, y la Xunta ha confirmado que, a día de hoy, hay "menos de una veintena de casos"
El alma mater del grupo de geriátricos llevó antes un "bar de señoritas", según el ex administrador judicial de la Fundación Nuestra Señora de Fátima.
El colectivo le recuerda a la Fiscalía de Galicia que a menudo las personas mayores no están en condiciones de protestar por sí mismas. Pese a los problemas de los asilos durante la covid -que obligaron a la Xunta a intervenir media docena de geriátricos- la fiscalía no ha conseguido hasta la fecha llevar ningún caso a juicio.
El BNG se reúne con representantes del sector y promete fortalecer la inspección y acabar con el fraude en las inspecciones, que se produce al avisar la Xunta a los centros antes de las visitas, según denunciaron los propios inspectores.
Informan que la mujer se llevaba las joyas de los residentes para venderlas después. Por el momento, la dirección del centro sabe que hay tres damnificados, pero no descartan que puedan aparecer más. La acusada tendrá que compadecer ante el juzgado de Instrucción 3 de A Coruña por los hurtos que se le atribuyen. Archivo: EuropapressLa mujer, reconocida con las iniciales O.A.P.,fue acusada de robar los objetos de valor de las personas mayores a las que cuidaba. Las denuncias surgieron tras ser descubierta vendiendo los susodichos materiales. En ese instante, las fuerzas de seguridad la descubrieron vendiendo una pieza de elevado valor económico y, aseguran, no fue el único elemento que llevó al establecimiento de compra-venta. Trabajaba en la residencia Domus Vi en el barrio de Matogrande, según informó La Voz de Galicia esta mañana. Los principales afectados son los ancianos que ya no tienen sus pertenencias.
Rapesua SL rompe su silencio después de que el martes el colectivo de familiares Vellez Digna enviase a los medios fotografías del supuesto abandono de los mayores. Hasta hoy se había negado a hablar.
Residencia Castrillón es centro geriátrico privado con 43 plazas y que fue fundado en 1.999. Los positivos confirmados mediante PCR son por ahora 18, 5 de ellos trabajadores de la residencia. Los primeros síntomas en algunas personas aparecieron hace seis días.
El CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Santiago) no ingresó a una anciana, pese detectarle coronavirus allí mismo. La mujer acabó muriendo en un hospital privado, a donde la familia logró trasladarla solo después de amenazar con irse al juzgado de guardia, pues la Xunta pretendía mandarla de vuelta a su residencia, DomusVi San Lázaro. Esta es la denuncia que lanza una de las familias de los 53 fallecidos con coronavirus en esa residencia. Consultadas por Galiciapress, fuentes oficiales del SERGAS admiten un error en la comunicación enviada a la familia pero dejan claro que "siempre se siguieron criterios estrictamente clínicos".
El vicepresidente ha recordado que la Diputación de Lugo ordenó a Suplusa, a través de 3 requerimientos, la entrega de las llaves de la residencia de A Fonsagrada
CCOO propone un modelo implantado en el País Vasco y Castilla y León y que no requiere grandes obras en el edificio, propiedad de la Seguridad Social.
Contará con 96 plazas de residencia y 40 para el centro de día, una demanda histórica de los vecinos desatendida por la Xunta.