Defensor del Paciente denuncia ante el fiscal a la residencia de la Xunta en Vigo donde, según las enfermeras, falta comida
El colectivo le recuerda a la Fiscalía de Galicia que a menudo las personas mayores no están en condiciones de protestar por sí mismas. Pese a los problemas de los asilos durante la covid -que obligaron a la Xunta a intervenir media docena de geriátricos- la fiscalía no ha conseguido hasta la fecha llevar ningún caso a juicio.
El Defensor del Paciente, uno de los principales colectivos ciudadanos en defensa de la sanidad a nivel estatal, ha comunicado a la Fiscalía la situación en la residencia de la Xunta en Bembrive, Vigo.
Según informó Galiciapress ayer, sus trabajadoras han alertado de serias carencias con raciones de comida escasas, timbres de aviso que no funcionan y ropa inadecuada para el invierno.
“Que haya escasez de alimento es un delito contra la salud de las personas máxime cuando son personas que por su ociosidad están inapetentes y hay que cuidar mucho los alimentos que se les dan”, argumenta Carmen Flores, presidenta del colectivo, en su misiva a Fernando Suances, fiscal superior de Galicia.
Está por ver si la Fiscalía hace algo al respecto. Los antecedentes muestran que la actitud del Ministerio Fiscal respecto a los problemas de las residencias no ha sido muy activa. Durante la crisis del coronavirus los fiscales gallegos abrieron algunas investigaciones a petición de la Fiscalía General del Estado, pero cuatro años después no hay ningún juicio ni instrucción en marcha.
Flores le recuerda a Suances que las personas mayores por su vulnerabilidad no están en condiciones a menudo de protestar por sí mismas. Por eso “le pide que tome conciencia de la gravedad de un delito con mayúsculas”.
Galiciapress preguntó ayer al presidente de la Xunta sobre las advertencias de los empleados de la subcontrata que lleva la gestión de este centro público. Alfonso Rueda aseguró que desconocía las circunstancias particulares del caso. El mandatario añadió que estaba seguro que la inspección de la Consellería de Política Social actuaría.
Con todo hay que recordar que los propios inspectores de la Xunta denunciaron, a través de una asociación, que su Consellería boicoteaba las inspecciones avisando con antelación a los responsables de los asilos, lo que les permitía corregir las deficiencias antes de que pudiesen levantar acta. Tras esta denuncia, la Administración abrió un procedimiento para investigar lo sucedido sin que haya noticia de castigo a los denunciantes.
Según figura en el Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais de la Xunta, en el asilo de Bembrive está al 100% de ocupación y tiene 150 plazas. Según las trabajadoras, por las noches solo hay tres personas a su cargo.
Esto da una media de una sanitaria por cada 50 ancianos. Según indica la concesioniara, Serge, en su web, el centro está especializado en personas con Alzheimer.
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