La Xunta paga plazas en el asilo de O Barco al que sanciona por falta de comida

La Xunta de Galicia sancionó con 38.000 euros a la Residencia Nuestra Señora de Fátima por, entre otras cosas, insuficiente comida y sujeción ilegal de un anciano. La Justicia confirmó ayer las multas, impuestas a raíz de inspecciones realizadas en 2019 y 2020. Más de cuatro años después de aquellas faltas, la Xunta no solo mantiene el permiso del centro - que intervino tras la muerte de 17 personas durante la covid- sino que financia 10 de sus 223 plazas, en un negocio que, además, está vinculado al alterne, según el ex-administrador de la propia Fundación Nuestra Señora de Fátima.

El alma máter del asilo tuvo relación con un "bar de señoritas" hace décadas en O Barco, según dijo al juez Carlos Moner, el ex-administrador judicial impuesto en su día a la Fundación, cuando su creador fue arrestado por malversación y fraude. 

"De lo actuado e informes recibidos se deduce que en los años 80 y procediendo de O Barco en donde regentaba un bar de señoritas 'El Shangai', X.X,X.  inició en nombre propio en Vallirana (Barcelona) una cadena de residencias privadas para ancianos".

Esta redacción contactó con la Consellería para que explicase por qué sigue pagando con dinero público plazas en un centro con tales antecedentes, sin recibir por ahora respuesta. Tampoco quiso identificar el geriátrico sancionado, alegando que "no puede porque el caso esta judicializado".  

La verdad es que la Xunta sí puede decir que asilo sancionó, pues la sentencia del TSXG no es la primera que ratifica las multas. Es decir, por algún motivo, la Consellería de Politica Social prefiere ocultar el nombre del sancionado, pese al evidente interés público de este dato, que Galiciapress confirmó con uno de los abogados que participaron en la causa.
 

PUNTO DE VISTA DE LA FUNDACIÓN

Galiciapress también contactó con la Fundación Nuestra Señora de Fátima para dar su punto de vista. Uno de sus representantes indica que las sanciones se deben a apreciaciones “subjetivas” por parte de los inspectores. Sobre la falta más dura, calificada de muy grave por la propia Xunta-  “ aplicar al residente XXX una medida de contención física tipo chaleco de sujeción en silla, sin prescripción médica ni consentimiento informado”- alega que fue una medida avalada por el propio médico de la residencia. Contra esta  sentencia, de un pleito previaente ya recurrido, cabe todavía otro recurso ante el Supremo. 

Los jueces del TSXG entienden que “la aplicación de esa contención no supuso una contravención del PIA (plan individual de atención), sino la imposición de un trato incompatible con la dignidad del residente que, asimismo, comportaba una restricción de su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad”.
 

De grave tilda la Xunta, y ratifica ahora la Justicia, la falta de personal de enfermería de manera permanente y la escasez de comida. En concreto, la inspección describe “la escasez de la comida que se servía en los comedores, ya que el potaje era servido en un plato hondo pequeño, y de segundo se servían pechugas de pollo a la plancha sin ningún tipo de acompañamiento, y un postre de fruta (sandía) o yogur o gelatina; se le preguntó a la trabajadora social de la Residencia por posibles quejas en este sentido y comenta que las familias están descontentas con el servicio de manutención”.
 

Sobre la falta de personal, se considera probado que en una residencia con cientos de plazas y 48 personas dependientes, sólo había tres Diplomados Universitario de Enfermería en plantilla, por lo que no se cubría el turno de noche. En su defensa, la residencia alegó que en otra ocasión posterior la Xunta detectó la misma situación pero sí estimó sus alegaciones y no puso sanción.

La inspección de 2020 se supone que llegó antes de que la Xunta decidiese intervenir la residencia de O Barco, en abilde  2020, durante la crisis del coronavirus. Pese a que los funcionarios tomaron el mando, 17 personas mayores fallecieron.

Tres años después, el Juzgado de Instrucción número 1 de O Barco de Valdeorras (Ourense) mantenía abierta una investigación por las muertes, tras tomar declaración a varias trabajadoras. No hay noticia de que la Fiscalía decidiera proseguir con el pleito. De hecho, nada de lo sucedido en los geriátricos durante la pandemia en Galicia mantiene, que se sepa, recorrido penal, pese a los 500 muertos y que la Xunta tuvo que intervenir una decena de asilos.

El representante legal de la Fundación ya no es el citado empresario ni la persona que estaba al frente cuando se publicó, en Nós Diario, las acusaciones del ex-administrador referidas al “bar de señoritas”. La citada Fundación está vinculada a cuatro residencias más en Cataluña, en los municipios de Barcelona y Vallirana.

Tras la pandemia, la Xunta prometió un nuevo modelo de residencias, que presentó en 2022, en el que se comprometía a promover centros de menor tamaño y más medios. No hay noticia de que ninguno de los centros que tuvo que intervenir haya cerrado.
 

Los inspectores de la propia Administración denunciaron en su día que la Xunta boicoteaba su labor, al avisar a los empresarios de sus visitas, circunstancia que siempre ha desmentido Política Social.