Galiciapress informó el martes que una constructora creada por el ex-alcalde de Maside (PP), Coviastec, recibió 59 contratos menores en tres años. Docenas de ellos por más de 39.000 €, justo por debajo del límite legal, 40.000.
La Ley prohíbe adjudicar contratos menores de obras por más de 40.000 euros. De los 59 ganados por Coviastec desde junio de 2019, 23 han sido adjudicados por 39.000 euros y dos justo por el máximo, 40.000.
El PSOE denuncia que "cargos del PP" avisaron a ciertos autónomos y empresas para que se presentaran los primeros en el reparto de las subvenciones directas por el coronavirus. El PP de Ourense responde que la presentación de ayudas un día antes de plazo fue debido a un "error involuntario" de la Secretaría de la Deputación. El secretario, Francisco Cacharro, hijo del que fuera presidente de la Deputación de Lugo por el PP, asegura que "no hubo información privilegiada" tanto solo una "información erronea" al difundir por error la convocatoria un día antes del inicio del plazo.
Primeiro fue la Fundación Civio, que desveló que la Administración que gobiernan el PP de Baltar y Democracia Ourensana adjudicó en seis meses 55 contratos fraccionando los encargos para poder contratar a una misma empresa. Ahora es la oposición la que denuncia el abuso sistemático de este atajo que permite la contratación a dedo, cuestión que denunciará ante el Consello de Contas.
La Fundación Civio desvela que la Administración que gobiernan el PP de Baltar y Democracia Ourensana adjudicó en seis meses 55 contratos troceando los encargos para poder contratar a una misma empresa. Así se repartieron más de 2,3 millones y "buena parte de estos contratos se dieron, sin disimulos, el mismo día". El BNG ya ha pedido explicaciones mientras el gobierno provincial guarda, por ahora, silencio.
"Familiares en puestos eventuales" ocupan muchos de los puestos a dedo pactados por Jácome y Baltar en Ourense, incluído personal que trabaja en teoría la Deputación pero no pisa el ente provincial, según denunció este martes un diputado socialista.
El recién elegido vicepresidente de la Deputación de Ourense acumula notificaciones por impagos de impuestos a la Seguridad Social, Agencia Tributaria y al propio Ayuntamiento del que es concejal. Consultado por Galiciapress, Armando Ojea Bouzo, de Democracia Ourensana, dice que es una cuestión ajena a su labor pública.
Las investigaciones de la trama Enredadera en Galicia avanzan, aunque lentamente. La Fiscalía solicita al juez de instrucción que llame a declarar como investigados a R.F.P, directivo de la Academia Galega de Seguridade y al gerente del Consorcio Provincial de Bombeiros de Ourense; ente en el colaboran Xunta, ayuntamientos y Deputación y cuya presidencia depende de la administración de Manuel Baltar.
Más allá de Ourense, donde el culebrón de un posible derrocamiento del baltarismo emite sus primeros capítulos, habrá pocos cambios en las diputaciones gallegas, que seguirán siendo socialistas. De hecho, el PSdeG podría intentar gobernar en solitario en algunas de ellas, aunque no suma la mayoría absoluta en ningún caso.
La Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y las cuatro diputaciones gallegas siguen trabajando en la definición del nuevo modelo de los Grupos de Emergencia Supramunicipales (GES).
La Justicia ha vuelto a tumbar un proceso de personal de la Diputación de Ourense. El Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) de Galicia rechazó el recurso del organismo que preside Manuel Baltar. La Diputación había recurrido una sentencia que anulaba la provisión de puestos de trabajo de finales de 2016.