Ascienden a 982 las personas beneficiarias del programa Respiro Familiar de la Xunta para personas cuidadoras
Rueda afirma que un total de 5.000 personas "obtuvieron automáticamente la discapacidad porque tenían reconocida la dependencia"
El Consello de la Xunta ha analizado un informe de la Consellería de Política Social e Igualdade sobre el programa Respiro Familiar, que tiene como objetivo ayudar a aquellas que tienen a personas con dependencia a su cargo a pagar en momentos puntuales un servicio de cuidados a domicilio, una plaza en una residencia o en un centro de día para facilitarles la conciliación, y que el pasado año ascendieron a 982, "un 13,5% más que en la anterior convocatoria".
Asimismo, según ha detallado el Gobierno gallego, se incrementó el cómputo total de las aportaciones económicas concedidas hasta superar el millón de euros, un 6,4% más que con respecto a 2023.
La cuantía de las ayudas depende de la modalidad de 'respiro' que elijan las familias. En el caso de 'Respiro en residencias', la ayuda máxima es de 1.500 euros anuales por beneficiario para el pago de cualquier centro residencial de Galicia para personas con dependencia ante necesidades puntuales de sus cuidadores. En las modalidades de 'Respiro en centro de día' y de 'Respiro en el hogar', la subvención puede llegar hasta los 1.000 euros anuales por beneficiario.
En el primer caso, es para el pago de un servicio de atención diurna y, en el segundo, para la contratación de un cuidador en el propio domicilio.
LISTAS DEPENDENCIA
Por otra parte, durante las preguntas de los medios de comunicación sobre las listas de la valoración de la dependencia y la discapacidad, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado que a finales de 2024 se presentó, precisamente para intentar mejorarlas. En este contexto, ha dado el dato de que, durante el mes de enero, un total de 5.000 personas "obtuvieron automáticamente la discapacidad porque tenían reconocida la dependencia".
Dicho esto, ha vuelto a reclamar al Gobierno central que abone a Galicia "los 2.500 millones de euros" que debe para cumplir la ley estatal de dependencia, que obliga a la financiación del sistema a partes iguales entre las autonomías y el Estado.
De tener estas cuantías, ha añadido, "las cosas también podrían mejorar muy rápidamente". "Como no tienen intención, hablan de lo que tenemos que hacer los demás", ha esgrimido Rueda.
MESAS LOCALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Además, este lunes el Consello ha dado cuenta de un diagnóstico sobre la situación de las mesas locales de coordinación institucional contra la violencia de género, realizado por la Consellería de Política Social e Igualdade a través de una encuesta a los ayuntamientos.
En concreto, según ha detallado la Xunta, el estudio concluye que el número de mesas locales en Galicia se duplicó entre los años 2016 y 2024, y pasó de 64 a 112.
Así, en la actualidad, algo más de la mitad de los 313 ayuntamientos gallegos forman parte de una mesa local, en concreto 162. De ellos, 97 tienen mesa propia y los restantes participan de forma mancomunada o agrupada con otros.
Del mismo modo, el mayor número de estos órganos se concentra en las provincias de A Coruña y Pontevedra con 42 y 34, respectivamente. El objetivo de la Xunta, ha señalado, es "seguir ampliando el número de mesas locales".
Con esta finalidad, ofrece a los ayuntamientos un programa de apoyo para dinamizar y crear nuevos espacios que permitan identificar y prevenir casos de violencia de género. Se trata de un programa que "casi el 80% de las entidades entrevistadas valoran como muy positivo o positivo".
La función principal de estas mesas interinstitucionales contra la violencia de género es coordinar las actuaciones de los agentes claves en este ámbito, como son los cuerpos de seguridad, los servicios sociales, los sectores educativo y sanitario y las organizaciones civiles.
PACIENTES HEMODIÁLISIS LUGO
También en el Consello de la Xunta de este lunes, el Gobierno gallego ha autorizado la firma de un nuevo convenio de colaboración entre el Sergas y la Asociación de Enfermos de Ril (Alcer) para la cobertura del servicio de traslado de las personas afectadas por insuficiencia renal crónica a los centros de hemodiálisis de la provincia de Lugo.
El objetivo de este convenio, ha explicado la Xunta, es simplificar las prestaciones por desplazamiento de los pacientes de la red sanitaria pública en el Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos.
Así, el Ejecutivo gallego aportará una partida de 672.880 euros para garantizar esta cobertura. El convenio autorizado este lunes tendrá una duración de un año contado desde el momento de su formalización. Podrá ser prorrogado por períodos anuales hasta un máximo de 3 años.
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