¿Por qué mienten? ¿Por qué tratan de engañar?

Cuando el señor Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, nos dice a los gallegos y gallegas que su gobierno y su partido (PPdeG) están protegiendo la atención sanitaria pública de Galicia, está mintiendo, está tratando de engañarnos a todos pues sabe que no es verdad. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué miente? ¿Por qué trata de engañar?

Las evidencias empíricas y los hechos diarios ponen en evidencia que la actual Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular (PP), está procediendo a un sistemático y planeado desmantelamiento de la sanidad pública para entregarle la iniciativa privada a aquellas actividades sanitarias más rentables, que dan más ganancia, al tiempo que suprime o merma las "menos rentables" como, por caso, la atención primaria. Como evidencias empíricas de esta estrategia están los ajustes en el gasto público -entre un 15% y un 18% en términos reales- que afectan tanto a las dotaciones de personal sanitario (-14%) -médicos y enfermería- como sus condiciones laborales -30% de precarización-, a los equipamientos básicos -como, por caso, a las camas hospitalarias o a los centros ambulatorios- y que conducen a que la sanidad privada cubra un creciente espacio en la atención sanitaria gallega tal que ya abarca sobre lo 30% de la misma -uno de los más altos de España-. Estrategia que supone también una apuesta por el hospitocentrismo en perjuicio de una atención primaria -Galicia es una de las comunidades autónomas que menos invierte  en A.P.: <12%- que está colapsada, con listas de espera disparadas y unas urgencias desbordadas. Paralelamente se entregan al capital privado, mediante conciertos, crecientes actividades hospitalarias -tanto de servicios centrales como sanitarios: el 23% de las plazas hospitalarias son privadas- lo que repercute fuertemente en la atención, ya que la ganancia privada pasa a primar sobre la salud colectiva. Repercusión que, por caso, se ve materializada en las listas de espera, en que muchos pacientes se ven obligados a acudir a la privada, en que se dispara el gasto público en fármacos (18,9%) y que empiezan a aparecer dolencias que se creían superadas.

La respuesta ciudadana a este comportamiento filisteo está reflejada, por caso, en lo sucedido el pasado 12 de este mes de febrero cuando decenas de miles de gallegos y gallegas salimos a la calle en defensa de la sanidad pública. Una muestra inequívoca de que la mayoría de los ciudadanos de este país (>75%) queremos una sanidad pública, universal y gratuita. Queremos que los poderes públicos se preocupen por nuestra salud y nuestra vida y muy especialmente la de aquellos que tienen problemas, que son más vulnerables. 

He ahí las razones del fraude, de que a pesar de que los dirigentes populares estén favoreciendo la iniciativa privada en la sanidad -como sucede con las residencias de mayores, la enseñanza, la atención a infancia...-, oculten e incluso nieguen esa realidad. Las derechas gallegas (PPdeG), saben, como señalaba antes, que la mayoría de la población gallega quiere una sanidad pública, unos servicios públicos. Por tal razón y a pesar de las evidencias no paran de negarlo porque saben que el contrario -reconocer que defienden la privatización- tendría para ellas un elevado coste electoral tal que seguramente perderían las elecciones.  

Unas evidencias que enseñan donde las izquierdas gallegas deberían centrar el debate político: en la defensa de los servicios públicos, en la denuncia de su privatización y en el aviso a la ciudadanía de las implicaciones y consecuencias de esta estrategia de las derechas gallegas (PPdeG). La manifestación del 12 de febrero marcó un camino.