"Son los de siempre"

Tiene razón el Presidente de la Xunta de Galicia al subrayar que los de la manifestación ciudadana que se celebró este jueves, 16 de enero del 2025, en la ciudad de Vigo por la defensa de la sanidad pública, “son los de siempre”. Pero, ¿quienes “son los de siempre”? Son (somos) ciudadanos gallegos ayer en Vigo, miles segundo la “bien pagá” o decenas de miles según la prensa independiente, que defienden (defendemos) la sanidad pública frente a aquellos gobiernos que buscan convertir la atención sanitaria en un nicho de negocio privado para beneficio de bancos, empresas de la construcción y fondos de inversión.

¿Por qué defienden (defendemos) la sanidad pública? Porque la experiencia y las evidencias históricas nos demuestran cómo la privatización de la sanidad afecta muy fuertemente a la vida y a la salud de las personas, muy especialmente a las de rentas bajas que no pueden acudir a la sanidad privada. ¿En qué les afecta? Como demuestran las estadísticas y los estudios más serios, en que disminuye la esperanza media de vida, sube la mortalidad infantil y reaparecen dolencias que creíamos superadas.

Por si no fueran suficientes las evidencias, hay un dato muy clarificador como que los políticos (como sucede por caso con el señor Alfonso Rueda) y gestores que impulsan la privatización de la sanidad, niegan con vehemencia que lo estén haciendo e incluso tienen la desfachatez de afirmar que son defensores de la sanidad pública. Como ahora, por caso, está sucediendo en la comarca de Vigo y muy especialmente con la atención hospitalaria donde se está aplicando lo que, en medios económicos, se conoce como “la teoría de la elección pública”.

¿En qué consiste “la teoría de la elección pública” aplicada la atención sanitaria? Muy sencillo: en externalizar y privatizar. Operaciones que suponen la aparición de intermediarios (los anteriormente citados bancos, empresas de la construcción y fondos de inversión) como financiadores de la actividad pública. Una aparición que tomó básicamente dos formas “una, las iniciativas de financiación privada (PFI por su siglas en inglés), por ejemplo para construir hospitales; otra la externalización a proveedores privados de la gestión de una amplia gama de servicios. En ambos casos, la actividad pública se financia de manera privada. Recurrir a las PFI de esta manera se denomina pseudoprivatización porque las empresas privadas reciben sus ingresos no de los clientes en el mercado, sino del Gobierno mediante un margen de beneficio garantizado. Un contrato de externalización es, en la realidad, una clase de monopolio que sitúa al Gobierno como cliente único.

Un sistema que, como viene de poner en evidencia el Hospital de Vigo y que fue confirmado por el Consejo de Cuentas, lleva la que los proyectos sean mucho más caros que se los había hecho solo la inversión pública ya que los gobiernos pagan la contratistas privados una tasa anual, que puede durar décadas y normalmente está indexada a la inflación, para cubrir el pago del capital más los intereses y los costes de mantenimiento. El resultado final hace suponer que los costes en que incurre el Gobierno sean mayores que si él mismo prestara el servicio.

La justificación que los responsables políticos defensores de estas iniciativas sanitarias suenen utilizar es la de que esta estrategia permite, gracias a la introducción de elementos de mercado, tener un sistema sanitario público más eficiente y rentable. cuando hay evidencias contundentes de que esto no sucede por una razón muy sencilla: que en servicios como la sanidad no existe un mercado competitivo. Estas iniciativas de financiación privada derivan en contratos que duran varios años y que son concedidos a un pequeño número de empresas que acaban dominando el mercado de la externalización. En realidad, esas empresas se convierten en especialistas en conseguir contratos con el sector público en distintos campos en los que tienen una experiencia similar. En consecuencia, el mercado se encuentra muy concentrado y la diversidad de las tareas hace difícil obtener un resultado que junte calidad y eficiencia en todos los servicios prestados. Las evidencias acaban mostrando cómo la presencia del sector privado en la sanidad pública supone reducción en la calidad de la asistencia cuyos costes son pagados por el sector público con el agravante de que, en no pocos casos, deben cubrir también las pérdidas cuando el sector privado no cumple con sus objetivos.

Este sistema supone también, tal como ha puesto en evidencia el Consello de Contas con el Hospital de Vigo, que el coste final de los contratos es muy superior al valor real de los activos subyacentes y varias veces superior al estimado inicialmente. También son sistemáticamente más caros que sí hubieran sido financiados por el erario público. Estas experiencias en la sanidad, que se pueden extender a otros servicios públicos, dejan en evidencia que la defensa de que lo privado es bueno y lo público es malo no resiste el contraste con la realidad.

Por estas razones “los de siempre”, que señala el señor Alfonso Rueda, defendemos la sanidad pública.