Un golpe de estado judicial permanente

Manoel Barbeitos
Economista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto de presentación de la nueva campaña 'Transporte público, ¿lo pillas?', en el Ministerio de Transportes, a 12 de septiembre de
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto de presentación de la nueva campaña 'Transporte público, ¿lo pillas?', en el Ministerio de Transportes, a 12 de septiembre de


 


 

“Nuestro deber es acabar con este Gobierno y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance” 

Miguel Tellado (Portavoz parlamentario del PP)

 

“Estamos delante de un golpe de estado judicial permanente”

José Antonio Martin Pallin (exmagistrado del Tribunal Supremo)


 

A estas alturas ya no deberían quedar dudas de que en España hay sectores políticos (PP/Vox), judiciales (sentados tanto en el Tribunal Supremo como en Audiencias Provinciales relevantes como, por caso, la de Madrid) y medios de información y opinión, muy conservadores y fuertemente subvencionados por entidades bancarias privadas, que están trabajando en un golpe de estado judicial permanente con motivo de que lo que las derechas no consiguen por vía democrática, a través de las urnas o del Parlamento, que es llegar al gobierno, conseguirlo por vía de un golpe judicial que tumbe al actual gobierno de progreso (PSOE/Sumar). Un frente que si en su día se centró en golpear hasta destruirlo a Podemos, ahora ha puesto el foco en la Presidencia de Gobierno, y muy especialmente en Pedro Sánchez.

 

Las últimas, por ahora, pruebas las tenemos en dos casos judiciales que nos iluminan sobre tales intenciones. El que afecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y el que tiene como objetivo a Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado. Me voy a referir a este último asunto porque cada día que pasa resulta más escandaloso, tanto que ya se habla de una caza de brujas contra la Fiscalía General del Estado pues hay indicios de querer criminalizar el funcionamiento normal de este organismo como bien denuncia la Asociación Progresista de Fiscales.

 

Hace algunas semanas dos periodistas muy reconocidos (Miguel Ángel Campos de la Cadena Ser y Jose Precedo director adjunto de eldiario.es) declaraban que ellos habían accedido días antes que la Fiscalía al correo electrónico confidencial del abogado del señor González Amador, en el que este proponía a la Fiscalía General un pacto consistente en asumir los dos delitos fiscales para así reducir una posible condena. Recordemos que las acusaciones al Fiscal General fueron las de haber filtrado a la prensa ese correo, filtración que, por lo que ahora sabemos, tuvo su origen en la dirección de gabinete de la Presidencia de la Comunidad madrileña. Hechos que refuerzan los argumentos de la Fiscalía General sobre que su comunicado de prensa se emitió para desmentir informaciones falsas filtradas interesadamente para desvirtuar la realidad con motivo de desprestigiar a la Fiscalía General desviando las responsabilidades. Esas informaciones periodísticas también desmienten que fue la Fiscalía quien le propuso al señor González Amador un pacto cuando la verdad era todo lo contrario como así lo confirma el correo de su abogado.

 

El que también queda en evidencia durante todo este tiempo es el director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, el conocido periodista ultra Miguel Ángel Rodríguez, trabajó a destajo en la divulgación y distribución de mentiras y trolas entre los medios amigos buscando tergiversar la verdad para que así el señor González Amador, autor convicto y confeso de varios delitos fiscales, contando con la cobertura judicial de miembros del Tribunal Supremo, había podido acusar a la Fiscalía General del delito de revelación de secretos.

 

Que luego de las clarificadoras declaraciones de los citados periodistas, las que luego se sumarían otros medios (EL PAIS), el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, quiera seguir adelante con el expediente y haya citado al Fiscal General del Estado, a la Fiscala Provincial de Madrid y la Secretaria Técnica de la Fiscalía general “por indicios delictivos de los dos primeros” pone en evidencia que hay en marcha una ofensiva subversiva por parte de unas derechas que se consideran impunes por lo que no parecen dispuestas a aceptar que sus intereses corporativos puedan ser cuestionados aún cuando sean ilegales e ilícitos, como sucede en este caso en que estamos delante de varios delitos fiscales que afectan al entorno de la presidenta de la Comunidad y del Partido Popular de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso. Intereses que por lo que estamos viendo reciben el amparo de miembros del Tribunal Supremo (https://www.eldiario.es/contracorriente/no-cabia-esperar-cosa-sala-segunda-supremo_132_11739330.html)

 

Por actuaciones como estas y otras más por parte de las derechas españolas compartimos la opinión de Unai Sordo, Secretario general de las CCOO, de que estamos viviendo la amenaza reaccionaria y civilizatoria más importante de las últimas décadas.

 


 

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