Los policías abogan por mantener el modelo de la Muface y se manifiestan en su defensa

Este martes estaban convocados por la Asociación de Jubilados de la Policía (AJUPOL) los mutualistas afectados por la presumible desaparición del sistema de la Muface después de que las aseguradoras y el Gobierno de España no hayan llegado a un acuerdo para prorrogar este sistema que en el conjunto del Estado atiende a 1,5 millones de personas. El colectivo celebró una movilización en Pontevedra para poner el foco sobre los miles de agentes de la Policía Nacional afectados por el fin de este concierto y que hoy se encuentran en una situación de total incertidumbre. 

En una situación de mayor vulnerabilidad se encuentran hoy los exintegrantes del cuerpo, los policías jubilados que "por cuestiones lógicas de la edad, utilizan los servicios médicos de estas entidades con mayor frecuencia", señala la organización, que incide en que "con nuestra salud no se juega". "Resulta imprescindible que el Gobierno y las compañías aseguradoras dialoguen y lleguen al acuerdo de la renovación del concierto", demandan.
 

70.000 AGENTES PENDIENTES DEL ACUERDO

En líneas similares se pronunciaban hace unos días desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en defensa de este modelo, alertando del "colapso" que supondrá integrar de un plumazo a los más de 70.000 agentes y sus familias en la Sanidad Pública cuando "desconocen el futuro de sus tratamientos". En contraposición a la postura adoptada por el Ministerio de Sanidad, que aboga por eliminar este sistema a partir del 1 de enero, el SUP indica, según sus cuentas, que la Muface supone un ahorro para el erario público de "cerca de 8000 millones de euros". 

"La cifra pagada por la Administración resulta inviable para las aseguradoras prestadoras del
servicio. El trasvase de pacientes sería inasumible por parte del sistema público de salud, ya que supone la absorción de cerca de un millón y medio de nuevos usuarios en un lapso temporal de 9 meses", indica el sindicato policial, que incide en la urgencia de "acabar con esta situación de incertidumbre para los mutualistas y cerrar la negociación dentro de un marco que sea favorable para las arcas públicas, pero que ofrezca a las aseguradoras un umbral de certidumbre suficiente para poder asumir los costes del concurso sin entrar en pérdidas y dando continuidad y estabilidad al servicio sanitario de todos los funcionarios afectados, así como del resto de ciudadanos que se verían afectados por una saturación de la Sanidad Pública que ya está especialmente sobrecargada". 

A renglón seguido, el SUP llama la atención "los servicios que se ofrecen a través de las compañías
asistenciales", ya que estos "no cumplían con los parámetros de calidad establecidos, como tampoco lo hacen con las prestaciones que están obligadas a ofertar conforme a lo recogido en la CarteraNacional de Servicios y los conciertos sanitarios". Así, detallan que a su juicio "la financiación era insuficiente", lo que explicaría el plantón de DKV, Adeslas y Asisa. 

"Desde el SUP queremos insistir en que el ahorro de esos 800 millones, ofrece un buen margen de maniobra en la negociación entre ambas partes", abundan, considerando que en otros campos el Gobierno de España "destina partidas mucho mayores para cosas mucho menos importantes que la salud de miles de policías nacionales y del resto de funcionarios de la AGE afectados por el fracaso de esta crucial negociación" y advirtiendo que, si fuese preciso, iniciarán movilizaciones a nivel nacional.