Ecologistas en Acción alerta de contaminación por arsénico en la traída de agua de Viana do Bolo

Las analíticas encargadas por Ecologistas en Acción revelan niveles de arsénico por encima de los niveles máximos permitidos en una de las captaciones de agua cerca de la mina de A Penouta. Ecologistas en Acción exigen a la Xunta, Confederación Hidrográfica y ayuntamiento de Viana do Bolo para que hagan un monitoramento de la calidad de las aguas para evitar impactos en la salud pública.

La organización ecologista anuncia que elevarán las analíticas al Juzgado por un posible delito contra la salud pública. Se confirma la afectación de la mina de A Penouta a la traída municipal de aguas de Viana do Bolo. Las analíticas encargadas este mes de febrero por Ecologistas en Acción evidencian la presencia de niveles de arsénico en la propia captación de aguas por encima de los máximos permitidos por el Real Decreto 3/2023. “Era un secreto a voces, por los numerosos cortes de suministro de los últimos años motivados por los enturbiamentos”, señalan desde la organización ecologista.
 

Una captación de agua perteneciente a traída municipal de Viana do Bolo supera la concentración máxima de arsénico permitida para el consumo humano. Dicha captación se encuentra a apenas 500 metros de la denominada “Balsa de Roldán”. Balsa de lodos sobre la que, precisamente, ha actuado en la última década la empresa Strategic Minerals, hasta que en el pasado otoño el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acordó una medida cautelar paralizando la explotación por irregularidades en la tramitación ambiental en la autorización minera otorgada por la Xunta.
 

«Apenas estuvo unos meses activa la explotación minera y ya se nota la contaminación en una de las captaciones principales de agua que abastece además del nucleo urbano de Viana do Bolo a Santa Marina de Froxais, Punxeiro, Froxais, San Martiño y Barrio de Terroso», denuncian desde Ecologistas en Acción.
 

Ya en 2018 la empresa municipal de aguas de Viana do Bolo había denunciado ante la Guarda Civil y el 112 los vertidos procedentes de la mina, que habían obligado la interrumpir el suministro a la cabecera municipal y otros núcleos, motivando una sanción de 13.000 euros de la Confederación Hidrográfica. En 2020 un incidente en la balsa minera volvió a forzar la interrupción en el abastecimiento de agua, prohibiendo el alcalde de Viana deo Bollo su consumo para beber o cocinar. No obstante, ni el Ayuntamiento ni la Confederación Hidrográfica analizaron los niveles de arsénico, a pesar de que Ecologistas en Acción remitió al ayuntamiento en mayo de 2021 un informe sobre el riesgo de envenenamento por metales pesados.

El Ayuntamiento con el-demandado en defensa de la actividad de la mina

Ecologistas en Acción censura que en el pasado mes de enero el Ayuntamiento de Viana do Bolo, que gobierna Andrés Montesinos (Partido Popular), se personara como codemandado en el contencioso que se sigue en el Tribunal Superior de Xustiza por la autorización ilegal otorgada por la Xunta, utilizando fondos públicos para defender los intereses de la empresa minera, cuando debería primero velar por la salud del vecindario afectado.

“Exigimos que tanto el ayuntamiento de Viana do Bolo, como la Xunta y la Confederación Hidrógráfica ejerzan sus responsabilidades controlando la calidad de las aguas que está consumiendo la población. Continuaremos realizando nuestros propios análisis para remitir al Juzgado, dado que esta contaminación puede constituir un delito contra la salude pública”, advierte Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción.

El pasado mes de diciembre la justicia dio la razón a Ecologistas en Acción al tumbar los recursos de la Xunta y de la empresa minera contra la medida cautelar de suspensión de la explotación impuesta por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La suspensión fue debido a que durante la tramitación del proyecto la Xunta omitió la preceptiva evaluación de los impactos sobre la Red Natura 2000, a pesar de estar la cero metros de la Zona de Especial Conservación de Pena Trevinca. Pero segundo ecologista sin Acción, “todo apunta la que además hay un grave problema de salud pública, no solo un delito ambiental”.