O Vello Cárcere se quedará sin vigilantes de seguridad privada de forma "incomprensible e injustificada", dice CSIF

Después de semanas de denuncias, y con el tiempo corriendo en contra del futuro del Centro Sociocultural 'O Vello Cárcere', en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han ido un paso más allá y apremian al Gobierno de Lugo a hacer públicos los informes internos en los que se apoyan para prescindir del servicio de seguridad que hasta ahora venían prestando cinco profesionales de SEYVI S.L., un servicio que no será prorrogado y que vence en junio. 

El 1 de julio la infraestructura quedará sin la vigilancia con la que contaba hasta ahora, para incomprensión de un sindicato que ha puesto el foco sobre el Concello sin tener una respuesta satisfactoria hasta la fecha. Así, tachan de "incomprensible" la decisión adoptada por el Gobierno de Alvarellos, que consideran "injustificada" y sobre la que el PP de Lugo ya manifestó sus recelos, alegando que era peligrosa por lacantidad de objetos arqueológicos que se guardan en las instalaciones. 

"URGE UNA SOLUCIÓN"

Desde CSIF inciden que, pese a las reiteradas denuncias, todavía no tienen "ninguna contestación" ni por parte de alcaldía ni del área de Cultura. "Es fundamental dar una solución cuanto antes a este conflicto, toda vez que las obras de accesibilidad y mantenimiento del edificio para dotarlo de una cafetaría avanzan a buen ritmo y en breve se procederá a su apertura", recuerdan. 

La presencia de la cafetería supone, a ojos del sindicato, "un motivo más para justificar el mantenimiento de la seguridad privada" en un complejo que cuenta con cámaras de seguridad en el interior y el exterior y que fue reconocido por la propia Policía Local como un centro que precisa de vigilancia propia por sus características y la afluencia de público. 

"¿Cuál es la opción, entonces? ¿Desconectar todos esos dispositivos de seguridad al prescindir del personal habilitado para su manipulación u obligar al personal administrativo o de atención al público a asumir esas funciones?", cuestiona el sindicato, al tiempo en que hace hincapié en que no le corresponde a estos empleados realizar este tipo de tareas, propias del personal especializado de seguridad, ya que esto puede conllevar a "graves sanciones económicas" que se sufragarían desde "las arcas públicas".

"Instamos al Ayuntamiento a que recabe en los organismos competentes los informes necesarios sobre las consecuencias del incumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, de las que viene advirtiendo CSIF, y a que nos facilite cualquier estudio o informe interno que avalen su decisión de retirar el servicio de seguridad de O Vello Cárcere", zanjan.