Juego de Ministerios con la jornada laboral de Yolanda Díaz

El panorama laboral español está a punto de experimentar un cambio significativo con el reciente acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT. Este pacto histórico establece la reducción de la jornada laboral semanal de 40 a 37,5 horas para el año 2025, sin que esto implique una disminución en los salarios de los trabajadores. Sin embargo, los enanos le han crecido a Yolanda Díaz incluso en el gabinete del cuál forma parte y es que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de la parte socialista de la coalición PSOE-SUMAR, señalaba la idoneidad de aplicar la reducción de jornada de forma paulatina, “acompañando a las empresas” para que estas vayan asumiendo las nuevas tablas horarias. Al día siguiente Díaz no pudo contener su enfado y fue taxativa: "La política concebida como una manera de prometer cosas y luego incumplirlas hace que ensanche votos la extrema derecha". Un juego entre ministerios en el que al final el departamento de Díaz formalizó conn los sindicatos mayoritarios la reducción de jornada que empezará a aplicarse en 2025. ¿Ha abierto Díaz un nuevo frente con la oposición y que puede complicar la “aritmética” de Sánchez? Todo se verá en los trámites parlamentarios.

EL ACUERDO Y SUS DESACUERDOS

La reducción de jornada tiene por objetivo la mejora en conciliación familiar, reducción de estrés y aumento de la eficiencia laboral. Y es que según algunas fuerzas sindicales España va tarde con respecto a países como Francia o Alemania donde se está negociando la jornada de 32 horas a la semana según Francisco González Sio, del sindicato Central Intersindical Galega (CIG). En sí, la medida impulsada desde el Ministerio de Trabajo busca “compensar a quienes han sostenido la economía del país, sino también mejorar la calidad de vida de los trabajadores”.

Se apuesta por la reducción como una forma de eliminar presión sobre los trabajadores y que estos acudan a sus obligaciones laborales sin cargas como el estrés. De esta forma la productividad y la calidad de la misma se verían mejoradas, en teoría. Junto a esto el acuerdo incluye la creación de un registro digital de jornada para prevenir fraudes laborales, reconocer el derecho a la desconexión digital y sancionar a las empresas que incumplan estos puntos.

Aún así, las tensiones generadas por este decreto no se han quedado solamente en los antagonismos empresarios-trabajadores (o patronal y sindicatos), ni de lejos. En el gabinete de Pedro Sánchez se ha dado un choque ministerial entre Trabajo (Sumar) y Economía (PSOE). El responsable de Economía, Carlos Cuerpo, conviene en que se debe aplicar esta reducción a las realidades de cada sector, incluso empresa, para que no se vean perjudicadas en su producción y en ingresos. Todo esto sin dejar de mostrar su apoyo a reducir el número de horas en el trabajo aunque de una “forma sostenible”.

Por supuesto, Yolanda Díaz no quiso dejar de responder a Cuerpo aseverando que la apuesta por una reducción de la jornada laboral de forma paulatina, es un modo de “incumplir” los acuerdos de Gobierno. “El acuerdo de Gobierno era que en el 2025 se redujese la jornada a 37.5 horas” subrayaba Díaz confirmando que a partir del 31 de diciembre todos y todas las españolas deben ver reducidas las horas semanales de trabajo. Ni qué decir tiene que la CEOE ha manifestado cierta satisfacción con la postura de Cuerpo y, yendo más allá, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificaba la reducción de “vodevil”.

SINDICATOS Y EMPRESARIOS: ¿DIVIDE Y VENCERÁS?

Las principales fuerzas sindicales españolas, CC.OO y UGT han respaldado sin ambages la propuesta de Díaz. Desde CCOO se destaca que esta medida representa una redistribución más equitativa de los beneficios derivados del aumento de la productividad. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera que “el objetivo de este acuerdo es mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, redistribuir los beneficios económicos del incremento de la productividad y fomentar la igualdad en las condiciones laborales”.

Para CCOO este acuerdo responde a una demanda histórica y a las nuevas realidades económicas, ya que desde la última reforma en 1983, las condiciones de trabajo han cambiado mucho. Entre 1990 y 2022, la productividad por hora trabajada creció un 30%, mientras que los salarios reales solo aumentaron un 11,5%, según datos de la OCDE. En ese sentido, el texto hace referencia a la importancia de una regulación legal para eliminar las desigualdades entre sectores como la hostelería, el comercio y agricultura. “También tiene un enfoque en la igualdad de género, ya que muchas de las jornadas más largas afectan a sectores feminizados”.

UGT, por su parte, ha expresado su deseo de que la patronal se sume al proceso, lamentando su ausencia en la firma del acuerdo. De todas formas, el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, lamentaba la ausencia de los representantes de CEOE y CEPYME, pues así “el acuerdo tendría más valor”. A pesar de ello, Álvarez no deja la puerta cerrada al diálogo con la patronal puesto que “abrimos un proceso y somos conscientes de que el trámite parlamentario será complejo”.

Sobre la posibilidad de aplicar este acuerdo de forma escalonada según el tipo de empresas, Álvarez deja claro que no es un cuestión de pequeña y mediana o gran empresa: “la jornada laboral está regulada por los convenios colectivos y éstos afectan a todos los trabajadores” sea cuál sea el tamaño de la empresa.

Por su parte, otros sindicatos, como CIG, no ven muy ambicioso el acuerdo y temen que a pesar de la reducción horaria, el cómputo final de cada año no refleje las horas “realmente trabajadas” o de presencia en el lugar de trabajo. “Las empresas donde los trabajadores están más de seis horas tienen 15 minutos de descanso y en muchas ocasiones no se computan como jornada laboral” apunta Francisco González Sio. Así pues, si no existe un estricto control horario, es posible que en muchas empresas no se acabe pagando la totalidad de horas trabajadas, según la CIG.

Junto a esto, la CIG teme que a cambio de reducir la jornada, la patronal pueda regular libremente la jornada y que al final esto no facilite la conciliación. “Sí tenemos reticencias y hasta no ver el texto definitivo no diremos nada, la propaganda del gobierno va por delante de los hechos reales”, remarca González Sio.

Por último, CEOE y CEPYME han manifestado su preocupación ante esta medida. Consideran que podría afectar negativamente a las pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos, que son pilares fundamentales del tejido productivo español. Argumentan que la reducción de la jornada no necesariamente se traducirá en un aumento de la productividad y podría generar tensiones organizativas en sectores clave como el turismo y los servicios

No es de extrañar, por tanto, que el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, haya agradecido el planteamiento "más colaborativo" del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la reducción de la jornada laboral, frente a la posición de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Garamendi no ha perdido la oportunidad de acusara Díaz de "intentar descalificar" a la patronal por no sumarse al acuerdo. Y es que las posiciones de los empresarios parecen muy difíciles de superar.

Este acuerdo marca un punto de inflexión en la legislación laboral española y refleja un cambio cultural en la concepción del trabajo y la productividad. Mientras que para algunos representa un avance hacia una sociedad más equilibrada, para otros supone un riesgo para la estabilidad económica. Lo que es indudable es que este debate continuará en los próximos meses e incluso llevará a más de un desencuentro en el seno del Gobierno.