La publicación en el Diario Oficial de Galicia de la resolución en la que deja sin efecto la intervención de los contratos de servicio de transporte sanitario del área olívica cierra, a priori, el capítulo de este conflicto que puso contra las cuerdas la asistencia sanitaria. No obstante, cabe decir que la Xunta tardó mucho en admitir la intervención del servicio.
Los sindicatos lanzan un último aviso a la Xunta para que tome todas las medidas y les acerque toda la información que reclaman antes de convocar una huelga que lleva meses en el alambre.
Los sinidcatos denuncian que la empresa que dirige el polémico Carlos Simón está poniendo trabas a la nueva adjudicataria durante el proceso de transición y utiliza los vehículos adscritos al servicio programado para realizar servicios privados, con los efectos que tiene esto en el servicio público del área de Vigo.
A empresa pública Tragsa decidiu paralizar o Expediente de Regulación de Emprego (ERE) que afectaba a máis de 1.300 traballadores e que empezara a executar coa entrada do novo ano, segundo informaron a Europa Press fontes do sindicato CSIF.
Segundo os números dos traballadores, a cifra de despedimentos alcanza os 76, convertendo a Galicia na "comunidade na que máis" saídas se produxeron. O conselleiro de Economía, Francisco Conde, respondeu ofrecéndose como mediador ante o Goberno central