Hace no tanto era el empresario más poderoso de Galcia, capaz de condicionar las políticas de las administraciones con una simple llamada de teléfono. Hoy, el derrumbe financiero del castillo de naipes que construyó Manuel Fernández de Sousa-Faro ha terminado por ponerlo en las puertas de la prisión.
El Gobierno Gallego se inventó una curiosa manera de facilitar los informes oficiales sobre la fusión de las difuntas Caixa Galicia y Caixanova. Depositó los informes en una sala, a la que los parlamentarios solo podían acceder un tiempo determinado y sin poder grabar.
El Inspector de Hacienda y el empresario detenidos por presunto blanqueo de capitales contra a docenas de empresas no son unos cualquiera. El funcionario, Asdrubal Casares García, es un mando de la Agencia Tributaria que ejercía de docente para varias instituciones, incluída Novacaixagalicia (hoy Abanca). El consultor, Francisco González Pino, atesora una amplísima red de intereses empresariales, sobre todo en Vigo, donde fue socio del dueño de Pescanova. Blu Sens y Red Com serían algunas de sus presuntas víctimas.
Feijóo y Currás pagaron un millón de euros por un informe de KPGM que enarbolaron como garantía de la viabilidad de la fusión de Caixanova y Caixagalicia. La entidad resultante tuvo que ser rescatada al poco con 9.000 millones de euros públicos.
Un pais solvente precisa de contar con un sistema bancario sólido y competente en el que haya una matriz pública, o cuando menos social, relevante. Un país para crecer de manera estable y prolongada necesita que tanto las administraciones públicas, como las familias y las pequeñas y medianas empresas tengan un fácil y fácil acceso al crédito para así consumir e invertir. En definitiva un pais fuerte requiere de instituciones que absorban el ahorro y lo canalicen hasta aquellos agentes que precisan de financiación ajena. Pero la gran crisis financiera última puso en evidencia que no se debe dejar esta función en exclusiva a la banca privada dándole total libertad. Hacerlo es asumir un enorme riesgo pues acaban olvidando su auténtica función económica dedicándose la especulación y a financiar de manera poca responsable actividades no productivas. Comportamiento que acarrea las consecuencias catastróficas de sobras conocidas.
La detención de la cúpula de Banesco en Venezuela y la consecuente dimisión de Juan Carlos Escotet de la presidencia de Abanca ha puesto el foco sobre la forma de actuar de sus directivos. Más cuando Banesco no sólo está en el punto de mira del chavismo, a cuyo calor creció; sino que también ha sido sancionada por blanqueo en Panamá y supervisada, también por lavado de dinero, en Estados Unidos. En España, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, también sembró dudas en su día sobre la procedencia del dinero que engorda los resultados de Abanca.
La Xunta de Galicia ha adjudicado al menos seis contratos a Ernst & Young (E&Y) desde que Marta Fernández Currás es socia de sector público de la consultora. De esos seis contratos, cinco los adjudicó la Consellería de Facenda, que dirigió la propia Fernández Currás durante casi tres años.
La presidenta de la fundación, Carmen Avendaño, ha explicado que "físicamente no está muy bien, pero sí mentalmente".
El juez le concedió la libertad al ex presidente de Novacaixagalicia a cambio de que este trabaje desinteresadamente para una fundación.
El juez de la Audiencia Nacional autoriza su salida de la prisión de A Lama por su edad, su salud y su disposición a hacer voluntariado.
Ana Pontón considera que si el PP "tiene la conciencia tranquila" no pondrá "trabas" a la investigación | Leiceaga pide que comparezcan Fernández Ordóñez y Fernández Currás.
Ante la "gravedad de los hechos", los magistrados ven "necesario" que la cúpula de Novacaixagalicia cumpla al menos la pena "benévola" de dos años de cárcel para "evitar la impunidad".
Además de la "gravedad de los hechos", para acordar el ingreso en prisión la Sala ha tenido en cuenta que los condenados no han devuelto el dinero y que tienen todavía causas pendientes con la justicia.
El propio Tribunal Supremo calificó en su sentencia dichas penas de "exiguas", si bien reconocía que no podía incrementarlas porque ninguna de las partes personadas en el procedimiento las cuestionó al alza.
Nun almorzo con xornalistas na Coruña, o candidato de En Marea anunciou que se compromete a blindar vivenda, alimentos e enerxía para os galegos.