Minería

Los cinco ayuntamientos vienen de firmar la moción en contra de la mina de Touro-O Pino. Hacen así un total de veintisiete municipios que han mostrado su rechazo al proyecto de Atalaya Mining

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) acaba de lanzar un vídeo, muy bien producido, en el que diversos colectivos alertan de los riesgos de la mina de Touro - O Pino. Agricultores, mariscadoras, deportistas, ganaderos y niños huyen despavoridos ante "¡un mal nunca visto que asola Galicia!". 

Ecologistas en Acción ha advertido de la posible rotura de la presa de lodos del Proyecto Riotinto en Huelva, lo que supondría "más de diez veces la cantidad de lodos tóxicos que vertió la balsa de Boliden en Aznalcóllar".

"Los casos como los de Touro, Valdeorras, Monte Neme, Triacastela o San Finx no dejan de ser un recordatorio de los efectos de la actividad extractiva", declara la asociación Salvemos Cabana.

Un total de veintiún municipios han aprobado la moción de rechazo al proyecto de reapertura de la explotación minera de Cobre San Rafael. 

Ayer las compañías que explotan la antigua mina de cobre de Touro-O Pino aseguraron que "las aguas de lluvia" que llegan al depósito de decantación de Bama "cumplen los parámetros exigibles por la normativa y no afectan al medio natural". Hoy los vecinos responden asegurando que las mineras mienten y el que el Brandelos, el río que pasa por la zona, es "un río muerto" debido a las filtraciones. Como prueba, remiten un vídeo en el que, efectivamente, se ve que la balsa desborda al río.

Lavandeira, quien llamó “iluminados”, a los opositores a la explotación tiene cargos en empresas de Chipre y tuvo de Panamá. En declaraciones a Galiciapress, el ingeniero y Atalaya Minning defienden su trayectoria.

La Comisión de Cumplimiento del Convenio de Aarhus decidió aceptar la queja presentada por entidades gallegas hace un año, a pesar de la oposición de España. La denuncia versa sobre ocultación de información en la aprobación de varias minas.

“Acusaciones sin fundamento y no tolerables”. Así, con evidente enfado, cualifica la Xunta de Galicia las afirmaciones de Edgewater. La minera a la que paralizaron el proyecto de Corcoesto dijo en varias instancias judiciales que le habían pedido sobornos -incluso para el prsidente- a cambio de que el Gobierno diera luz verde a la explotación. La Xunta los denunció, pero ahora se sabe que la Justicia no ve difamación en las acusaciones de los canadienses.

La Audiencia Provincial de A Coruña desestimó el recurso de apelación que interpuso la Xunta contra Edgewater. El gobierno había denunciado por calumnias a la minera de Corcoesto por afirmar en los juzgados que “tendría que pagar 1,5 millones de euros” para lograr los permisos y que “esos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y al Sr. Tahoces [ Bernardo Tahoces, el director xeral a cargo de la tramitación del permiso]”.

La oposición social ciudadana a la mina a cielo abierto de cobre que la empresa Cobre San Rafael S.L. prevé impulsar en unas 689 hectáreas de esta localidad y la vecina de O Pino se ha escenificado este domingo en una masiva movilización y 'tractorada' que ha recorrido Touro para denunciar que el proyecto tendrá un impacto "sobre la salud preocupante, económico y medio ambiental negativo y social y cultural alarmante".

Salvemos Cabana afirma que la norma que tiene en contra a todos los ambientalistas "puede tener los días contados".

La asociación Aldea Viva denuncia que las aguas de la zona tienen niveles de contaminación elevados.

La eurodiputada Lídia Senra acompaña a la movilización social para frenar el proyecto.

Ana Pontón reivindica la presión social y política e indica que "lo único que puede hacer la Xunta" es "denegar los permisos".

"El sector pasará de seis o siete años para conseguir la instalación de una cantera de pizarra a un año o año y medio", proclama.

Las autorizaciones de la Xunta dependen de los informes que se redacten tras las alegaciones presentadas.

El BNG lamenta que "estaríamos repitiendo el mismo esquema que se hablaba en Corcoesto" y otras explotaciones.

Subrayan que los proyectos que se verían favorecidos por esa normativa "destruyen más empleo del que crean".

Han entregado en el registro de la Xunta 500 alegaciones contra una actividad de la que ya padecen consecuencias.