Órgano de la ONU expedienta a España por las minas de Galicia

La Comisión de Cumplimiento del Convenio de Aarhus decidió aceptar la queja presentada por entidades gallegas hace un año, a pesar de la oposición de España. La denuncia versa sobre ocultación de información en la aprobación de varias minas.

El Convenio de Aarhus garantiza los derechos de información y participación judicial sobre las decisiones gubernamentales alrededor de la explotación de los recursos naturales, como los mineros. Este tratado internacional, ratificado por España, salvaguarda la conservación del ambiente en condiciones de salud.

La queja ante la ONU partió de diversas entidades integrantes en la red ContraMINAcción. Fue presentada hace un año y admitida a trámite el 15 de este mes.

Los denunciantes apuntan “a las responsabilidades de la Dirección General de Energía y Minas”, de la Consellería de Industria. Uno de los miembros de la citada red, la Asociación Petón del Lobo, recuerda que “las resoluciones de 2008 y 2009 de los proyectos de Santa Comba y San Finx establecían el condicionante de ser sometidos al trámite de evaluación de impacto ambiental, aspecto que ignoró a seguir el siguiente y actual director general de Energía y Minas Ángel Bernardo Tahoces”.

Reunión da rede Contraminación

En opinión de los ecologistas, Tahoces oculta información por sistema para favorecer a las mineras. Los denunciantes relacionan esta actitud con casos como el desbordamiento de las balsas de la vieja mina de Touro, cuya reapertura es precisamente el expediente más importante que pasó por la mesa del director general.

Dado que es un convenio internacional, será el Ministerio de Medio Ambiente quien tenga que informar la este órgano de la ONU de si la Xunta cumple con sus deberes de transparencia en lo referido no sólo las citadas minas, sino al sector en general. Ni Estado ni Xunta dieron por el de ahora su valoración de la apertura del expediente.