Aparece un muerto en el desalojo forzoso de las infraviviendas de la "mafia" inmobiliaria en Vigo

 Galiciapress ha intentado confirmar la noticia con el Ayuntamiento pero portavoces oficiales indican que por ahora solo pueden indicar que efectivamente se está produciendo el desalojo por la fuerza de los polémicos edificios.

Fuentes policiales indican que el cuerpo no tenía aparentes signos de violencia. Además de policías, en la zona se encuentra un coche fúnebre y funcionarios de bomberos. Desde el colectivo Os Ninguéns, de ayuda a personas sin hogar, apuntan a que el muerto era una persona de 53 años, pero por ahora no se ha confirmado su identidad.  Por su parte, desde otro grupo de activistas, Rede, señalan que el muerto es Rodolfo, una persona "sumamente vulnerable" que "solía mendigar en las calles céntricas" y que tenía problemas de alcoholismo. 

El municipio mandó vaciar los predios hace varias semanas alegando que los problemas eléctricos suponían un riesgo grave para la seguridad de los inquilinos.

Después se supo que el Ayuntamiento tenía informes de sus propios técnicos sobre estos problemas de seguridad desde hace años pero que solo tomó medidas una vez que se produjo un incendio en el que murieron cuatro niños en otro edificio en malas condiciones situado en la calle Alfonso X.

La administración lleva lustros tratando de imponer multas a la propiedad -no hay constancia de que haya pagado ninguna sanción- de los dos edificios dado su mal estado de conservación. Los dueños no han realizado las mejoras necesarias. Durante los últimos años la propiedad ha pasado al menos por tres empresas diferentes,  sin embargo el administrador de todas estas sociedades es el mismo en  empresario del sector inmobiliario de Vigo.
 

Esto es uno de los factores que ha llevado al colectivo Rede a denunciar la existencia de una presunta mafia que alquila infraviviendas a personas vulnerables como inmigrantes y personas con discapacidad. En los informes del Ayuntamiento se corrobora que las casas actúan como pensión pese a que no hay ningún permiso hostelero para esas direcciones (Fisterra 11 y 13) y que las condiciones de habitabilidad son tan malas que al final la administración mandó desalojar.

No todos los inquilinos aceptaron el desalojo, pese a que el Ayuntamiento les ofreció una solución, aunque fuese provisional. Hoy ha tenido que forzarlo la policía, después de que el municipio pidiese una autorización al juez para expulsar a estas personas, que no son okupas. Son personas vulnerables que pagan unos alquileres bajos empujadas por el alza del precio de la vivienda.

Varios colectivos sociales, como Rede y Os Ninguéns, y fuerzas de la oposición, como el Bloque, argumentan que el caso de los pisos de la calle Fisterra y del mortal incendio en el edificio ocupado en la calle Alfonso X demuestran que Vigo necesita urgentemente un parque de viviendas sociales para casos estos de emergencia. 

Ayuntamiento y Xunta de Galicia llevan semanas echándose las culpas sobre quién es el responsable del problema de la falta de vivienda para personas vulnerables en la ciudad.  una polémica que aumentará ahora con un nuevo muerto sobre la mesa, el quinto entre las personas vulnerables en Vigo este otoño, pues cuatro personas de etnia gitana murieron en el incendio de Alfonso X.

ACTIVISTAS PREPARAN UNA DENUNCIA 

REDE (que engloba organizaciones que protegen los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad) prepara una denuncia ante la Fiscalía para investigar si existe" una red criminal en Vigo que se aprovecha de las necesidades extremas de las personas más vulnerables (incluidas las personas con discapacidad y personas mayores) que son rechazados por agentes inmobiliarios o propietarios cuando intentan acceder a una vivienda digna". 

“No se puede pasar página, tiene que haber una investigación amplia a partir de lo ocurrido en Fisterra 11-13, donde hay suficientes testimonios sobre actividades delictivas realizadas en personas vulnerables. Del mismo modo, el Ayuntamiento tiene que acreditar que no ha actuado con negligenci desde que constató en 2015 que los edificios no estaban en condiciones de albergar a inquilino”, señalan los activistas.