La Xunta negó vivienda a las familias de los niños muertos en el incendio del edificio okupado de Vigo

La Administración Autonómica respondió al Concello de Vigo que no tenían viviendas sociales libres en ese municipio.
 

El Ayuntamiento culpa a la Xunta de abandonar a las familias con niños a su suerte tras acusarle el PP de Vigo de no tomar medidas ante las advertencias de los bomberos.
 

Un informe de bomberos indicó al Ayuntamiento en agosto  que el cuadro eléctrico del edificio que ardió finalmente sufría un evidente riesgo de cortocircuito.
 

Un cortocircuito es una de las hipótesis de origen del fuego de la pasada semana, aunque la investigación no ha terminado y todavía no se ha descartado un fuego provocado, como denunciaron algunas de las familias gitanas supervivientes, que ahora viven en un pabellón municipal.

“Le vamos a exigir explicaciones a la Xunta de Galicia por el abandono de estas familias. El Ayuntamiento de Vigo ya advirtió en el año 2020 de la situación de exclusión social de estas familias cuando aún habitaban en el poblado de Ricardo Mella”, declara la concelleira de concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar.

SOLICITUD DE VIGO A LA XUNTA

La versión de Aguiar es que “en el año 2020 fue el Ayuntamiento de Vigo quien se dirigió a la Consellería de Política Social y al IGVS solicitando una vivienda de promoción pública en régimen de alquiler, advirtiendo que existían menores. Se le advirtió tanto a la Consellería como al IGVS que dada su situación económica como su pertenencia a un colectivo estigmatizado se encontraban en una situación de exclusión social severa y con grandes dificultades de acceso al mercado de vivienda".

“El IGVS le respondió a este requerimiento que no tenía viviendas para estas viviendas para esta familia”, se queja la edila, recordando que las competencias de vivienda de protección oficial son de la Xunta y criticando la “inacción y abandono a la que han sometido a estas familias” por parte de la Xunta.

Como prueba de estas acusaciones, el Ayuntamiento de Vigo facilita un informe de una trabajadora social en 2020 en el que propone “el estudio de la adjudicación de una vivienda de promoción pública” y la respuesta del IGVS, indicando que “actualmente este organismo no dispone de ninguna vivienda vacante en ese municipio”. La solución que se apunta desde la Xunta es que las familias podrán participar en el sorteo de futuras viviendas sociales.

El Gobierno Local de Abel Caballero, del PSOE, responde así a las acusaciones lanzadas por su principal rival político. La concejala y vicepresidenta de la Deputación Marta Fernández Tapias declaró que “El Gobierno vigués hizo oídos sordos a las múltiples advertencias; de los vecinos, de los bomberos y del PP que, en frío y sin la consternación de ahora, pidió hace un mes abordar con seriedad y rigor el debate de la okupación”.

ALERTAS PREVIAS DE LOS BOMBEROS

El debate sobre qué Administración es, en su caso, responsable de la tragedia tiene otro flanco, el de la seguridad. Como indica la política conservadora, los bomberos habían advertido al Ayuntamiento de Vigo del riesgo que suponía el edificio ocupado.

Así, el propio Concello ha facilitado un informe de intervención de agosto en el que el Servizo de Bomberos deja constancia de que en el cuadro eléctrico “se observa moi mal estado con moitos cables soltos con tensión e sen illar, con evidente perigo de electrocución ou cortocircuito”. Este informe era el cuarto emitido por los bomberos desde el otoño de 2021 por conatos y falsas alarmas en el predio.  El quinto informe fue el de la semana pasada, cuando murieron cuatro personas:

El riesgo que corrían los habitantes de Alfonso X, 6, era, por lo tanto, evidente. La clave política -y puede que penal- es saber si alguien miró hacia otro lado, incumpliendo sus obligaciones públicas.

Uno de los aspectos que deberá determinar la investigación policial y judicial en curso es si el informe de los bomberos advirtiendo del riesgo de un cortocircuito llegó a los departamentos locales de urbanismo -responsable de decidir, en su caso, era necesario el desalojo, medida que el Ayuntamiento dijo que no era necesario, porque no había fallos estructurales en las viviendas- y a servicios sociales - responsable de, en su caso, decidir la separación de los niños de sus padres si éstos vivían en una vivienda insegura.

Hay que recordar que varios colectivos, como Os Ningúen y la Sociedad Gitana Española han acusado a las administraciones de ser cómplices de la tragedia, por no facilitar soluciones habitacionales a las familias que -tras ser forzadas a abandonar el poblado chabolista- ocuparon uno de los pisos del edificio de As Travesas. Sociedad Gitana Española ha puesto el foco en el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a quien, dice, denunciará en los juzgados.

Otro de los flancos a abordar en la investigación son las quejas de los bomberos. Hace años que los bomberos de Vigo alertan que trabajan con insuficiente medios humanos, circunstancia que el Ayuntamiento rechaza, a lo que los bomberos responden que la administración miente. Los trabajadores de hecho, dicen que acutaron con menos de 20 efectivos, que es el mínimo fijado por la propia administración para estos casos. 

PELEA POLÍTICA 

Racismo, falta de colaboración entre administraciones alimentada por rivalidades políticas, inexistencia de una plantilla de bomberos suficiente, falta de una red de vivienda protegida para casos de emergencia, posible venganza de algún habitante cuando fue expulsado del edificio por otros okupas, la reciente detención de un supuesto incendiario reincidente en la zona este lunes … Son numerosos los factores que podrían explicar la tragedia que se cobró la vida de cuatro menores y en los que darían indagar la Justicia. Por ahora, como es habitual, nadie quiere responsabilizarse de lo sucedido. 

Además de la pelea entre el PSOE, que gobierna la ciudad, y el PP, que gobierna la Xunta; hoy el BNG ha pedido el cese de la concejal de Seguridad de Vigo por "mentir deliberadamente" sobre los efectivos de bomberos. Esta fuerza también ha culpado a la Administración Autonómica de no asumir su responsabilidad pese a tener noticia de la vulnerabilidad en la que se encontraban los niños muertos.

Por cierto, que varias de las familias supervivientes siguen a fecha de hoy sin una vivienda. Están alojadas en un “recurso extraordinario” del Ayuntamiento, que ha pedido a la Xunta una solución urgente. Hay cuatro familias afectadas que suman catorce personas, con varios menores.