Circet, que lleva redes del SERGAS y emergencias, lanza un ERE con más de 100 despidos en Galicia
La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha expresado su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por Circet Infraestructuras de Telecomunicaciones, empresa contratista de Movistar-Telefónica en Galicia. La multinacional francesa a los representantes sindicales de su intención de ejecutar un despido colectivo que afectará a 377 trabajadores en todo el país, 118 de ellos en Galicia, lo que representa más del 30% de la plantilla de los centros gallegos.
Desde hace tres meses, gestiona el servicio de Movistar en Galicia, lo que incluye áreas como servicios de emergencias, el Sergas y numerosas dependencias de la Xunta. La CIG asegura que compró las contratas de soporte de Movistar, que incluyen atender estos clientes públicos.
Circet, es una multinacional especializada en la construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, opera en 14 países y dice que emplea en España a cerca de 2.500 personas. La empresa, que en 2023 reportó ventas de 158 millones de euros, se dedica a proveer servicios “llave en mano” que incluyen desde la planificación y diseño hasta la instalación y mantenimiento de redes.
El pasado miércoles 30, se celebró en Santiago una reunión en la que participaron delegados sindicales de la CIG, quienes abordaron las acciones a emprender ante el anuncio de la compañía. Manuel Simón, secretario de negociación colectiva de la CIG, afirmó en declaraciones a RNE que "Circet compró el servicio de Movistar en Galicia hace tres meses y ahora pretende despedir a un tercio de la plantilla, lo cual no tiene ninguna lógica", comentó.
Desde la CIG se ha insistido en que la empresa asumió su rol plenamente informada de la plantilla en Galicia y de la relevancia de sus funciones. Los representantes sindicales consideran esta medida “un ataque a los derechos laborales”, y señalan que podría estar orientado a reemplazar empleados estables por trabajadores autónomos y pequeñas empresas sin representación sindical.
Según la CIG, esta situación agravaría las condiciones laborales en el sector, “fomentando la explotación y recortando medidas de seguridad, lo que ya ha derivado en múltiples accidentes graves”.
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