Pablo Burgos (CSIF): "Si el SERGAS tiene que atender también a los de Muface, habrá sobrecongestión"

La polémica sobre Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, mantiene en vilo a decenas de miles de familias gallegas, pendientes de saber si a partir de febrero podrán seguir yendo a sus médicos de siempre. Tras la negativa de las tres aseguradoras médicas privadas (DKV, Adelas y Asisa), que prestan servicio a más de un millón de beneficiarios en España, a participar en el concurso público para un nuevo convenio para los años 2025 y 2026,  Muface se enfrenta a un horizonte en el que no podría ofrecer atención sanitaria en cuestión de meses.

La crisis ha evidenciado la necesidad de revisar un sistema que es único en Europa, donde los funcionarios pueden elegir anualmente entre atención sanitaria pública o privada.  Es evidente que el Gobierno español está considerando una reforma significativa de Muface. De hecho, el ministerio de Sanidad, en manos de Sumar, acaba de elaborar un informe en el que alega que el sistema público sería capaz de absorver a los mutualistas de una forma escalonada. 

Parece que el punto de vista de los rupturistas es ir eliminando, por lo menos, la opción de que los mutualistas cambien anualmente entre la sanidad pública y privada, estableciendo en su lugar una elección definitiva sobre el tipo de cobertura sanitaria que desean. Algo que desde colectivos como CSIF se interpreta como un recorte a los derechos de los trabajadores públicos.

Algunos analistas sugieren que este conflicto es simplemente una  negociación dura entre dos partes que saben que necesitan llegar a un  acuerdo. ¿Comparte esta visión? ¿Cree que finalmente se alcanzará un  compromiso entre la Administración y las aseguradoras? 
No, se trata de un problema de mayor calado que un simple tira y afloja entre  dos partes. Estamos hablando de la financiación de la atención sanitaria de los  funcionarios públicos de este país. A mi juicio, este es un problema de  menosprecio a los empleados públicos y a sus condiciones laborales por parte de  este gobierno. 
Desde CSIF esperamos que el gobierno recapacite y abandone esa actitud  cicatera que está mostrando y se tome en serio este asunto. 

 CSIF ha sido el primer sindicato en salir a la calle para meterle presión al  Estado y garantizar la renovación del convenio. ¿Qué próximas  movilizaciones tiene previstas el CSIF para defender los intereses de los  funcionarios afectados por esta situación? 
Las movilizaciones continuarán el lunes, 16 de diciembre, y se prolongarán en el  tiempo en el caso de que el Gobierno no atienda nuestras exigencias tanto de  sentarse a negociar las mejoras de las condiciones laborales de las/os empleados  públicos como garantizarles una asistencia sanitaria de calidad a través de  MUFACE, así como en MUGEJU e ISFAS. 

Los profesionales del SERGAS están ya sobrecargados y exhaustos. Si incrementamos  el número de pacientes a atender, con los mismos recursos materiales y humanos,  llevaríamos a la sanidad gallega a una sobrecongestión muy difícil 

En su opinión, en el peor de los casos aquí en Galicia, ¿está el SERGAS  capacitado para asumir a los asegurados de MUFACE si finalmente no  se llega a un acuerdo con las aseguradoras privadas? Hay que tener en  cuenta que estamos hablando de 63.000 funcionarios más sus familias  ... 
Desde CSIF estamos muy preocupados con esta situación y por las repercusiones  que esta decisión pueda suponer para el conjunto de la sanidad pública de este  país, ya que estaríamos hablando de más de 70.000 personas en Galicia.  

Galicia sería una de las CCAA que menor porcentaje de beneficiarios del mutualismo  administrativo tendrían que pasar a la sanidad pública, ya que entorno al 37% de  los beneficiarios ha optado por la sanidad pública.

El SERGAS cuenta con unos magníficos y extraordinarios profesionales que la sociedad gallega estima y valora. Pero estos mismos profesionales están ya  sobrecargados y exhaustos con el volumen de carga de trabajo. Si incrementamos  el número de pacientes a atender, con los mismos recursos materiales y humanos,  llevaríamos a la sanidad gallega a una sobrecongestión muy difícil de gestionar y  de entender por el conjunto de la ciudadanía. El gobierno debe explicar cómo va  a dotar de recursos a las CCAA para atender a este volumen de ciudadanos. 

En caso de que no se llegue a un acuerdo, ¿qué medidas propone el CSIF  para garantizar una transición suave y sin pérdida de calidad en la  atención sanitaria de los funcionarios? 
No valoramos esa opción. Desde CSIF no vamos a permitir que el gobierno juegue  con la salud de los funcionarios de este país. CSIF luchará con todos los recursos  a nuestro alcance en defensa del mutualismo administrativo como un opción  económica y eficaz de dar asistencia sanitaria a nuestros funcionarios y  funcionarias. 

Hay opiniones jurídicas que dicen que el gobierno podía forzar una  prórroga del contrato hasta 9 meses. 

¿Cree que el Estado tiene la capacidad legal de obligar a las  aseguradoras a continuar prestando el servicio mediante una prórroga  forzosa? En caso afirmativo, ¿cuál sería la duración máxima de dicha  prórroga? 
La normativa prevé que las compañías que hasta ahora participaban en el  convenio 2021-2024, aunque no participen en el futuro, tendrán que seguir  presentando los servicios sanitarios a su cartera de mutualistas de Muface  durante un mes, en el caso de afecciones sencillas, y tres meses si se trata de  personas que tienen una enfermedad que requiere un seguimiento más estrecho.  Además, hay opiniones jurídicas que dicen que el gobierno podía forzar una  prórroga del contrato hasta 9 meses. 

Desde CSIF no queremos contemplar esta opción, porque sería continuar con la  precariedad y el desmantelamiento paulatino del sistema. Esperamos que el  gobierno, como le decía antes, aparte la cicatería con la que está actuando y  busque la estabilidad del sistema dotándolo de la financiación adecuada para  prestar este servicio de asistencia sanitaria.

La CIG ha manifestado que las aseguradoras tienen beneficios  suficientes para mantener el convenio y que además llevan tiempo  recortando las prestaciones que ofrecen a los mutualistas. ¿Cuál es su  punto de vista? 
La posición de CSIF es clara a este respecto. Defendemos este sistema de  asistencia sanitaria a los funcionarios de este país, que se ha demostrado  económico y eficaz, que ha ayudado a descongestionar la sanidad pública y que  forma parte de las condiciones laborales de los funcionarios. Y queremos que esté  dotado de financiación suficiente para dar una asistencia sanitaria de calidad.  Coincido en que, en los últimos años, por la falta de financiación del sistema, la  calidad de la asistencia sanitaria y las prestaciones de la misma se ha ido  deteriorando. 

Está claro que la financiación por parte del gobierno a este sistema  es absolutamente insuficiente y por eso CSIF sale a manifestarse, para denunciar  este desmantelamiento de nuestra asistencia sanitaria. Debo recordarle que  salimos en solitario a defender la asistencia sanitaria de nuestros funcionarios, y  no estaría mal que los sindicatos de clase explicaran a los trabajadores públicos  cuál es su posición. 

 La propia MUFACE en un informe indicó que el incremento de la prima debería de  ser al menos de un 24% y el gobierno ofrece un concierto con un incremento del  17%

¿Considera que el presupuesto actual destinado por el Estado a MUFACE  es suficiente para mantener la calidad del servicio? ¿Qué incremento  presupuestario cree que sería necesario? 
En absoluto, como ya le he indicado en la anterior respuesta. Ya no voy a entrar  a valorar el incremento que las compañías le piden al gobierno, pero es que la propia MUFACE en un informe indicó que el incremento de la prima debería de  ser al menos de un 24% y el gobierno ofrece un concierto con un incremento del  17%. ¿A que están jugando?  

Cómo responde a las críticas de algunos sectores que argumentan que  el modelo MUFACE supone una privatización encubierta de la sanidad  pública? ¿Por qué los trabajadores públicos han de contribuir con sus  cotizaciones a un sistema privado de salud cuando ya existe uno  público? 
El mutualismo administrativo forma parte de las condiciones laborales de los  funcionarios desde el mismo momento que aprueban la oposición. Por lo tanto,  este es un sistema de asistencia sanitaria pública, eficaz y económico que ha  contribuido a descongestionar la sanidad pública. Y es un sistema que es previo

a la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS), este nace en 1975 y la sanidad  pública como la entendemos ahora nace en 1986 a partir de la Ley General de  Sanidad. Ambos sistemas han coexistido pacíficamente hasta la fecha, en ningún caso el mutualismo supone privatización del SNS. 

El deterioro que los funcionarios estamos sufriendo  en nuestra asistencia sanitaria es claro y evidente. Y todo ello deriva de falta de  financiación por parte del gobierno. Personalmente tengo la sensación que han decidido en vez de acabar con el sistema, dejarlo morir lentamente

¿Han recibido quejas de funcionarios a los que se les han retrasado  pruebas o consultas previstas para principios de 2025? ¿Temen que las  aseguradoras puedan utilizar esta arma? 
Por supuesto, como le decía, el deterioro que los funcionarios estamos sufriendo  en nuestra asistencia sanitaria es claro y evidente. Y todo ello deriva de falta de  financiación por parte del gobierno. Personalmente tengo la sensación que han decidido en vez de acabar con el sistema, dejarlo morir lentamente. El gobierno debe respetar las condiciones laborales de los empleados públicos y dotar de  financiación suficiente el sistema. Como le decía, la propia MUFACE, que forma  parte de este gobierno, ha dicho que es necesaria incrementar la financiación en  un 24 %. Lo dice la propia Mutualidad, que es del Ministerio, no una compañía aseguradora.