La CRTVG y su nueva ley: más miedos que certezas

A los medios públicos gallegos es posible que en poco tiempo dejen de ser como han venido siendo hasta ahora. La nueva Lei de Medios Públicos de Galicia ha desatado tormentas desde el primer día en que fue propuesta. No era para menos, en 2011 se aprobaba, en la 'primera legislatura Feijóo' un texto legal para dar paso a una serie de puntos que garantizarían la independencia de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia, incluyendo la independencia en sus labores informativas. Dicha ley nunca se aplicó, o por lo menos no en su totalidad. El nuevo texto aprobado el pasado día 11 de marzo busca, según el gobierno encabezado por Alfonso Rueda, adaptar los medios públicos gallegos a las nuevas fórmulas digitales, plataformas y otras vías de emisión. La mayoría de los y las trabajadoras, así como asociaciones de profesionales de la prensa, temen el nuevo texto. Resaltan ante todo la ambigüedad del mismo, la amplitud que ofrece para su interpretación y el riesgo que pueda sufrir el uso del gallego, objeto por el cuál se creó el ente audiovisual autonómico: la protección, normalización y difusión de la lengua gallega. 

SÓLO LE GUSTA AL PPdeG

Los cuarenta diputados del PPdeG (38 de mayoría absoluta más dos) ha dado el “visto y place” a la nueva Lei de Medios Públicos de Galicia, sin que de nada hayan servido las mociones en el Parlamento (25 del BNG, 9 del PSdeG y 1 de Democracia Ourensana) ni las protestas de los y las profesionales del ente público. Así, la diputada 'popular', Carmen Pomar, defendía la “necesidad, utilidad y respuesta a las demandas en un sector en permanente cambio” en referencia al audiovisual. No quedó ahí la defensa de la diputada pues acusó a la oposición de haber “manipulado al personal” el mismo día que el Comité Intercentros convocaba una huelga contra la externalización de informativos y defensa del convenio. Ese mismo día, ante el Parlamento, trabajadores y trabajadoras se concentraban en una protesta a las puertas del edificio.

La oposición por su parte acusaba al gobierno autonómico de manipular y controlar políticamente los medios públicos gallegos. Armando Ojea, de Democracia Ourensana, decía que “cualquiera con más de diez neuronas” puede ver “que hay un fuerte control político” tanto en la CRTVG como en RTVE. Olalla Rodil (BNG) acusaba directamente al PPdeG de “tomar el mando” para “ocultar el pluralismo, imponer el pensamiento único del PP y blindar la fábrica de mentiras en que han convertido al ente público”.

Por su parte, la socialista Silvia Longueira, denunciaba la aprobación de una normativa a espaldas del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) y de la Mesa del Audiovisual, así como “a todos quienes han estado años denunciando la deriva de la CRTVG para mantener la basura, para poder decir que ahora cumplen la lei, pero sin cambiar nada de fondo”.

LOS PROFESIONALES

Belén Regueira, decana del CPXG, recalcaba que la nueva legislación es un paso atrás en cuanto a que no garantiza la libertad editorial de los medios públicos gallegos. El personal informativo no tendrá un Consejo de Informativos que sí recogía la Ley de 2011, no habrá mecanismos de evaluación interna y lo más importante, la elección de la dirección general. La ley de 2011 pedía los votos de dos tercios de los diputados (50) en una primera votación y de tres quintos (45 diputados) en una segunda votación si no salía la primera. 

El nuevo texto, dice Regueira, no recoge la participación de los profesionales en la elección del o de la directora general, ahora, en la cámara autonómica, se podrá elegir por mayoría simple (38 diputados) a la cabeza de la CRTVG. Una CRTVG que incluso cambiará de nombre pasando a ser la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia) (CSAG). 

La elección por mayoría simple tiene por objetivo evitar bloqueos en las votaciones, un intento de “agilizar” el trámite parlamentario. Por otra parte, si la oposición accediese a la Xunta en una hipotética alianza PSdeG-BNG, necesitarían de esa mayoría simple para elegir a la dirección general. En cuanto al idioma, la ley aprobada incluye la posibilidad del uso de “otras lenguas” en lo que sería la plataforma digital www.agalega.gal, todo para que los buscadores de Internet puedan permitir un acceso más rápido a los contenidos desde otros puntos geográficos.

Pero el gran temor es que este texto legal no se convierta en un elemento que permita la manipulación informativa a favor de determinados intereses. “Los medios públicos deben ofrecer calidad y mostrar a la audiencia cómo funcionan estos medios” dice Regueira. Para muchos se ha perdido la oportunidad de avanzar en derechos profesionales, porque las contrataciones no son suficientes para cubrir el personal que se jubila o no se hacen suficientes pruebas de acceso. La plantilla se ve reducida y la precariedad laboral en la Corporación, así como la externalización de programas, hacen que la calidad informativa se resienta.

El otro temor es que no se esté respetando el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, un marco de obligado cumplimiento en toda la UE y que, de ser obviado por la legislación gallega en relación a los medios públicos, podría vulnerar derechos básicos a la información. Este temor se basa en la ambigüedad y la amplitud de interpretación del nuevo texto, algo que dejaría las puertas abiertas a actuaciones cuestionables dentro de la CRTG, ahora CSAG.