CIG estudia denunciar la designación como directora en Medioambiente de Echevarría, “pareja” del jefe de ENCE en Galicia

El pasado mes de septiembre, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático designó a María José Echevarría como nueva directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, tras la dimisión de su predecesor, Ramón Martínez Boga, quien ocupó el cargo durante solo cuatro meses. La Central Intersindical Galega (CIG) ha expresado públicamente su desacuerdo con este nombramiento, señalando posibles conflictos de intereses por su relación personal con el responsable de ENCE en Galicia.

La CIG también ha adelantado que evaluará la legalidad del nombramiento de Echevarría con su equipo jurídico, debido a la posibilidad de un conflicto de intereses. 

Según la información oficial, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático tiene como funciones principales evaluar y controlar el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente, fomentar sistemas y estrategias para corregir los efectos negativos de dicha actividad en el entorno, evaluar las consecuencias ambientales de determinados planes y programas, gestionar los sistemas de observación ambiental. Por lo tanto, es un departamento que tiene competencias sobre la vigilancia del impacto de ENCE en Lourizán, una cuestión muy polémica y en la que la Xunta juega un papel clave, como se comprobó en su defensa de la polémica prórroga concedida por el gobierno de Mariano Rajoy, ratificada por la Justicia.

Otros colectivos del ámbito de la izquierda y el ecologismo ya vertieron críticas con anterioridad, por ejemplo la Asociación pola Defensa da Ría y el BNG. 

La respuesta del PP a las acusaciones sobre el nombramiento de María José Echevarría como Directora Xeral de Calidade Ambiental se ha caracterizado por un contraataque directo. Así, el PP pidió a la líder del Bloque Ana Pontón le pidió  que releve al pontevedrés Luis Bará -uno de los primeros en poner el foco en el nombramiento- como diputado debido a sus supuestas "asquerosas palabras machistas" contra Echevarría. El partido ha defendido firmemente la trayectoria profesional de la nueva directora, destacando su experiencia en cargos técnicos de alto nivel en diversos gobiernos gallegos durante los últimos 19 años, independientemente de su color político.

RESPUESTA DEL PARTIDO POPULAR

Además, el PP ha minimizado la importancia de las conexiones familiares de Echevarría con un alto cargo de Ence, argumentando que su nombramiento se basa exclusivamente en su experiencia y capacidad profesional. Alfonso Rueda y el partido han insistido en la legalidad del nombramiento, afirmando que se ajusta a todos los procedimientos establecidos. Finalmente, han sugerido que las críticas al nombramiento forman parte de una estrategia política de la oposición, más que una preocupación genuina por posibles conflictos de interés. 

Echevarría asumirá responsabilidades clave en la evaluación y control de los impactos ambientales generados por actividades humanas y en la valoración de los efectos de ciertos planes y programas sobre el medio ambiente.

La CIG y otros colectivos han planteado dudas debido a su relación con Antonio Casal Lago, director territorial de ENCE para Galicia, relación que tilda de “pareja”. Según la organización sindical, este vínculo podría interferir con la imparcialidad en la toma de decisiones de la nueva directora xeral.

El sindicato considera que la situación podría ser un caso de "puertas giratorias" y ha criticado la relación histórica entre el Partido Popular y la empresa ENCE. Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, y Carlos del Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente de Galicia, están en su consejo de administración.

Por otro lado, la CIG ha señalado que el proceso de designación de cargos dentro de la dirección xeral, como los de la Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental y la Subdirección Xeral de Residuos e Economía Circular, se realiza a través de comisiones de servicio en lugar de convocatorias públicas en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Según el sindicato, este método limita el acceso de la ciudadanía a información relevante sobre estas decisiones.