ALTRI y los intereses creados

Conociendo la trayectoria política del PPdeG y los intereses que defiende, no caben sorpresas sobre su posición a favor de la factoría para la creación de fibra textil a partir de la madera (ALTRI) que no es muy distinta la que mantiene con la factoría de producción de pasta de papel (ENCE). Son “intereses creados” con una minoría oligopolista y financiera que nada tiene que ver con los intereses y necesidades de las mayorías, en este caso, de la población gallega.

Una de las razones que explican el largo dominio del PPdeG en Galicia está en su inteligencia para convencer a muchos cientos de miles de gallegos y gallegas de que ellos son el partido que mejor representa y defiende los intereses de la mayoría, a pesar de que la realidad no es tal como la venden ni mucho menos, como estamos viendo ahora con este caso de ALTRI. Una “hegemonía”, un liderazgo que las izquierdas no parecen capaces de conseguir cuestionar y sustituir por razones que ya desgrané reiteradamente en este medio. Un liderazgo que va mucho más allá de la Xunta de Galicia y que convierte las fuerzas de la oposición en secundarias.

Entrando en el caso concreto de ALTRI, podemos preguntarnos qué es lo que lleva a este gobierno de turno (PPdeG) a apostar tan fuerte por un proyecto empresarial que claramente divide el país pues está recibiendo muchos y muy relevantes rechazos que promotores y gobierno gallego alimentan con su actitud oscurantista e incluso tergiversadora. En relación con la empresa, a día de hoy aun hay dudas sobre la auténtica naturaleza de su actividad productiva (¿fibra textil o celulosa?). Por parte de la Xunta de Galicia, su posición “esta bajo sospecha” puesto que es de sobra conocido que en puestos relevantes tanto de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como de Economía, Empleo e Industria hay personal con fuertes vínculos (“intereses creados”) tanto con GREENALIA (sociedad en consorcio con ALTRI) como con una de las empresas más contaminantes de Europa (ENCE).

Desde una perspectiva genuinamente democrática cabría esperar que la Xunta de Galicia hubiese abierto un diálogo franco y sincero con la sociedad civil, con los representantes locales de un entorno (comarcas de Arzúa, Melide, Deza) con altos valores ecológicos así como con los de las posibles zonas afectadas (Barbanza y Arousa), con los colectivos relacionados con el sector primario que se consideran perjudicados (cofradías y sindicatos agrarios) y también con la comunidad científica (USC) que ha elaborado informes muy negativos sobre el proyecto (impacto en la calidad del aire, en el consumo de agua, en un terreno con un entorno natural sensible, en la intensa eucaliptización, en el uso de combustibles fósiles...) en la búsqueda de un consenso amplio que, hoy por hoy, no existe y que dado el momento que vivimos de creciente crisis ecológica es más necesario que nunca. La democracia no solo la representan los políticos gobernantes sino también la participación del pueblo en la toma de decisiones sobre aquellos asuntos que le afectan como sucede en este caso. 

A la sociedad civil gallega no se le pueden negar razones para desconfiar de proyectos industriales como el caso que nos ocupa (ALTRI). Basta con analizar las características del sector industrial de Galicia para comprobar como las factorías cuya actividad tiene una gran huella en medio ambiente y en los recursos naturales (mineras, papeleras, metalúrgicas, energéticas...) son aplastante mayoría. Factorías que, por otra parte, siembran dudas fundadas sobre su balance global en la contribución a la creación de valor añadido y de riqueza y ahí están las evidencias empíricas para confirmarlo. Factorías que, por otra parte, reciben para su puesta en marcha ayudas públicas muy suculentas.

Evidencias que también sirven para, por caso, confirmar los fuertes vínculos que directivos y accionistas de estas empresas tienen con el Partido Popular (PP) e incluso con el propio PSOE a través de las famosas “puertas giratorias”.