Continúa el desmantelamiento de la sanidad pública en Galicia

"Esta  es la técnica privatizadora: cortar el presupuesto para que las cosas no funcionen,

 la gente se moleste y se use como excusa para pasarlo a manos del 

capital privado" (Noam Chomsky)
 

La semana pasada fueron noticia las movilizaciones de miles de gallegos y gallegas indignadas por el desmantelamiento que de la atención sanitaria pública está haciendo el gobierno gallego de turno (PPdeG). Un desmantelamiento que sí resulta indiscutible, he ahí la justificación de las protestas, también hay que decir que era previsible.

Era previsible que, una vez recuperado el gobierno de la Xunta (2009). el Partido Popular de Galicia, antes con A. N. Feijóo y ahora con A. Rueda al frente, según el guion marcado tanto por la ideología neoliberal como por la defensa de los intereses de bancos, fondos de inversión, mutuas e industrias farmacéuticas pondría en marcha políticas destinadas a desmantelar la atención sanitaria pública. Un desmantelamiento que se acompaña de una creciente presencia de la iniciativa privada, quien va sustituyendo progresivamente al sector público especialmente en aquellas actividades sanitarias que le resultan más rentables al capital. Una estrategia neoliberal que tiene su confirmación en la evidencia empírica de que Galicia es, hoy por hoy, una de las comunidades autónomas con mayor presencia de la actividad privada en la atención sanitaria: 31,3% frente la media española del 28,5%.

Esta creciente presencia de la iniciativa privada lleva a que se cambien los objetivos sanitarios pasando a ocupar un lugar preferente la búsqueda de la máxima ganancia -lógica natural del capitalismo- que viene a sustituir al de la búsqueda de la salud y el bienestar de los pacientes, lo que inevitablemente conduce a un creciente deterioro de calidad en la atención sanitaria. En términos macroeconómicos la oferta sustituye a la demanda.

Una máxima ganancia que se espera conseguir por varías vías. En primer lugar, y con carácter general, se procede a reducir el gasto sanitario público -entre un 15% y un 18% en términos reales- que ya era deficitario. A continuación, se potencia el hospitocentrismo -que consiste en convertir a los hospitales clínicos en el centro preferencial y casi único de la actividad sanitaria-. Se privatizan actividades hospitalarias y finalmente se priman los tratamientos farmacológicos sobre los demás. Como veremos cada una de estas decisiones beneficia a uno o varios sectores del capital anteriormente citados como agentes en esta estrategia.

La reducción del gasto sanitario, eufemísticamente denominado ajuste fiscal, se traduce de manera preferente en una reducción del personal -14%- y una precarización de las condiciones laborales -30%-. Medidas que afectan tanto a los trabajadores como a los pacientes  ya que repercuten en la calidad de la actividad asistencial: menos personal, más horas de trabajo pero menos de atención individual, mayor inseguridad laboral...

La potenciación del hospitocentrismo, además de conducir a la construcción de grandes centros hospitalarios -algunos faraónicos con instalaciones y maquinarias custosísimas pero no necesarias- para beneficio de bancos y grandes constructoras, supone también entregar, mediante conciertos, parcelas de la actividad hospitalaria la iniciativa privada siguiendo un triple guion. En primer lugar se privatizan los servicios básicos -alimentación, lavandería, limpieza, mantenimiento, comunicación...- en los que se garantice la ganancia por medio tanto de la precarización de los empleos como de la rebaja de calidad en el servicio. En segundo lugar, se da entrada al capital privado -preferentemente mutuas y fondos de inversión- en actividades que permiten tanto un amplio margen de ganancia -radiología, laboratorios, oncología, plástica, cardiología...- como un control de datos de los pacientes -admisión, historial clínico...-. Finalmente, se concertan con hospitales privados atenciones que no suponen para estos un excesivo gasto -por caso, la cirugía ambulatoria- dejando para la atención pública los enfermos graves y con los tratamientos más costosos. La entrada de los fondos de inversión hace que, en no pocos casos, la salud de los pacientes se convierta en un título que cotiza en bolsa.

Esta potenciación de los centros hospitalarios también va paralela al progresivo desmantelamiento de la atención primaria -por no ser rentable para el capital privado-. Utilizando como pretexto tanto la carencia de pacientes como el elevado coste de esta atención si procede bien la reducción de personal -especialmente médico: con ausencia de pediatras, amortización de plazas y supresión de gerencias- bien a cierres de consultorios. Una estrategia que en comunidades, como sucede con Galicia, donde se da una muy elevada dispersión de la población, un gran peso del rural y un elevado envejecimiento poblacional tiene consecuencias dramáticas para los enfermos. También para los propios hospitales que en época punta se ven saturados e incapaces de cubrir la demanda de atención.

Todas estas medidas provocan un enorme déficit en la atención a los pacientes que se busca sustituir con tratamientos farmacéuticos, he ahí que, para gran beneficio de la industria respectiva, el gasto público en fármacos se dispare: Galicia -18,9%- está entre las comunidades con mayor gasto farmacéutico de España -16,9% de media-.

Como resultado de estas estrategias las evidencias nos enseñan que allá donde se aplican, como sucede en Galicia, se deterioran enormemente el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de rentas medias y bajas, empeora el estado de salud, aparecen dolencias que se creían superadas y baja la edad media de vida.