Arinteiro, la aldea en riesgo de quedar encajonada entre los diques de hasta 27 pisos de altura de la mina de Touro

La Sociedad Galega de Historia Natural (SGHN) ha presentado alegaciones que señalan graves riesgos en el diseño del dique de inertes de 81 metros de altura, equivalente a un edificio de unos 27 pisos, situado a tan solo 180 metros de viviendas en Torreis de Arriba y a 280 metros de Arinteiro.

Un triángulo de muros alrededor de la aldea

La situación en la que quedaría Arinteiro sería especialmente crítica y sombría. De aprobar la Xunta el proyecto de Cobres San Rafael, la aldea quedará encajada en un triángulo, en el que dos de sus lados estarían formados por el dique de 81 metros y otro que oscilaría entre los 55 y los 75 metros. 

La SGHN alerta del grave deterioro de la calidad de vida de los habitantes de este lugar, que según el IGE son 33 personas. El proyecto, se encuentra actualmente en una fase de exposición pública y evaluación ambiental.

Además, la SGHN critica la descripción de los restos a almacenar en esos diques. Los ambientalistas alertan que la filial de Atalaya Mining realizó una muestra solo cultivando, además, un microorganismo marino.

La respuesta de Cobre San Rafael

Galiciapress contactó con Cobre San Rafael para que pudiese comentar las alegaciones presentadas por los científicos de la SGHN. La minera no se pronuncia sobre las dimensiones ni la ubicación de los diques.

Sobre los inertes que almacenarían, la empresa insiste en que “no contienen elementos tóxicos” porque “son arenas húmedas resultantes del proceso de molienda del mineral, un material ya presente de forma natural en el suelo”.

En opinión de Cobre San Rafael, la construcción de estos diques se realizaría con “los estándares internacionales más exigentes, como las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)” y su diseño “supera ampliamente los requisitos de seguridad exigidos por la normativa española (RD 975/2009) y la Norma Internacional para Estériles Vegetales”, siendo avalado por un informe del Instituto Geológico y Minero de España (CSIC), lo que garantiza su “estabilidad y seguridad”.

Garantías que la SGHN pone en duda. Desde la Sociedad argumentan que el informe del Instituto Geológico y Minero de España reconoce la falta de estudios sísmicos específicos para un riesgo clasificado como “muy alto” y la imposibilidad de mantener los canales de drenaje tras su construcción.

Cobre San Rafael asegura que está analizando las alegaciones para ofrecer una respuesta fundamentada, reafirmando lo que califica como su “compromiso con la transparencia”.

Frente a las acusaciones de que el actual proyecto es básicamente una copia del que ya tumbó la Xunta hace unos años, la multinacional defiende que el proyecto incorpora más de 80 mejoras respecto a la propuesta de 2017, fruto de cuatro años de consultas y 250 reuniones con la comunidad.

Entre ellas, la empresa destaca un dique más ancho con refuerzos, un sistema de recuperación de agua para reducir líquidos en el depósito y la exclusión de áreas sensibles como el Castro de Copa. El riesgo de una filtración de metales pesados al ecosistema del Río Ulla y, por lo tanto, a la Ría de Arousa fue uno de los motivos clave para que la Administración denegase el anterior plan.

El proyecto minero, que busca extraer cobre en los municipios de Touro y O Pino, ha sido objeto de fuerte polémica desde su primera propuesta en 2017, que fue rechazada por una declaración de impacto ambiental negativa. Para esta segunda intentona, la Xunta decidió agilizar los trámites, reduciendo los plazos a la mitad al considerarlo estratégico. Con todo, la oposición de colectivos vecinales, ecologistas y científicos, como la SGHN, se mantiene muy activa.

Aunque Cobre San Rafael asegura que los depósitos no colapsarán, la SGHN advierte de que, incluso en el mejor escenario, las estructuras generarían un deterioro severo del paisaje. Según el colectivo, el dique de 81 metros de altura no solo supone un peligro potencial por su proximidad a zonas habitadas, sino que su construcción carece de ensayos de compactación in situ y estudios sísmicos específicos para la etapa post cierre, exigidos por normativa internacional.