Técnicos rechazan autorizar Altri y la Xunta recurre a un comisario, denuncia la CIG y niega Rueda

La polémica se ha reavivado tras denuncias del sindicato CIG, que acusa a la administración de ejercer una presión excesiva sobre el personal encargado de tramitar y elaborar los informes para la celulosa de Altri.

Según esta central, los técnicos han tenido que trabajar con documentos facilitados por una empresa externa, lo que, aseguran, ha comprometido la imparcialidad en la aprobación del proyecto. Críticos con el plan han filtrado que el informe de Augas lo ha elaborado la empresa Aquática Ingeniería. 

Con todo, hay que tener en cuenta que no es ilegal que la Xunta encargue la revisión de un proyecto a una consultora externa. Eso sí, la ley obliga a la Administración a supervisar el documento, invalidándolo o avalándolo.

“Foi o comisario de Augas, un posto de libre designación, quen validou o informe que lle preparou a propia empresa"

Es ahí donde surge la polémica. La CIG denuncia que una "presión brutal" sobre los funcionarios por parte de los dirigentes políticos para que visen el proyecto Gama de Greenfiber, la filial de Altri y Greenalia. Cuando los técnicos se han negado a firmar informes, la Xunta ha recurrido a cargos intermedios, dice la CIG. En lo referido a Augas de Galicia, “foi o comisario de Augas, un posto de libre designación, quen validou o informe que lle preparou a propia empresa, sen que nos conste hoxe de que estea resolto o expediente".  

¿QUÉ ES UN COMISARIO?

Hay que tener en cuenta que "comisario" no es, en este caso, un adjetivo referido a una persona que ejerce control político. Es la denominación oficial de un cargo intermedio en entes administrativos que, como Augas de Galicia, tienen por cometido vigilar el cumplimiento de normas y  poseen capacidad sancionadora. Es decir, en Augas de Galicia un comisario es algo similar a un comisario en una estructura policial.

"A Xunta tivo que recorrer as persoas que ocupan postos directivos de libre designación para a asinar os informes", añade el colectivo nacionalista tras referirse a casos de "funcionarias públicas de diferentes departamentos que se negaron a sacar adiante as autorizacións pola información parcial e sesgada que da Altri para o seu proxecto”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado estas denuncias, calificándolas de meras maniobras engañosas. El dirigente autonómico subraya que la aprobación de los informes es fruto de un trabajo colectivo entre técnicos de diversas áreas, en el que se han seguido rigurosos criterios técnicos y normativos.

El mandatario ha recordado  que es normal que haya funcionarios de libre designación en la Xunta de Galicia. Algo que es cierto. Algunos cargos intermedios en la Administración -como los comisarios del ente público Augas- son nombrados casi a dedo por la Consellería, que debe escoger, eso sí, entre funcionarios públicos con ciertas calificaciones. 

Así, estos cargos intermedios, por lo tanto, tienen cierta independencia -pues su puesto de trabajo de base no depende del mandatario político- pero también cierta dependencia. pues su posición más elevada como jefe de servicio, subdirector xeral o comisario depende, en última instancia, de la sintonía con la política del partido en el gobierno.

Meses de atrasos y media docena de filtraciones

El BNG ha añadido leña a la polémica, alertando de que las presiones sobre los funcionarios podrían incluso desembocar en medidas tan drásticas como la destitución de cargos clave, aludiendo además a hechos como la dimisión hace meses del exdirector de Calidad Ambiental. 

Asimismo, colectivos vinculados a la plataforma Ulloa Viva denuncian la falta de transparencia, recordando que el informe de Augas de la Xunta fue filtrado a un periódico, La Voz de Galicia por parte de la Xunta, sin que la Administración lo haya remitido a los actores críticos con el proyecto. Una filtración que, por cierto, el presidente de la Xunta avaló. 

La postura de la Xunta es que el proyecto solo podrá obtener licencia ambiental si se cumplen todas las normativas vigentes, subrayando que los informes -que van con meses de atraso sobre el plazo anunciado por el presidente- se han elaborado siguiendo criterios puramente técnicos. 

Un análisis que el Gobierno de Galicia -que dirige el PP, partido que se ha posiconado a favor de la pastera- tilda meticuloso y elaborado en colectivo, pero que acumula elementos inusuales. 

Además de las filtraciones interesadas por parte de la Xunta a determinadas cabeceras-son media docena ya los informes positivos filtrados a La Voz y El Progreso, algo nunca visto en la historia de las autorizaciones ambientales de Galicia-, está el atraso acumulado -Rueda prometió en su día que estaría listo en diciembre- y ahora las denuncias, cada vez más concretas, de presiones a funcionarios.