El PPdeG rechaza que Galicia asuma Tráfico que ya tienen Cataluña, País Vasco y Navarra

La ley para la transferencia de las competencias de tráfico y seguridad vial a Galicia presentada por el BNG ha sido rechazada por los votos del PP, que considera que la propuesta llevada al pleno por los nacionalistas suponía "avanzar en el camino hacia la independencia" y "eliminar" a la Guardia Civil y la Policía Nacional para "sustituirlas" por la Policía Autonómica.

El debate de la proposición de ley ha abierto la sesión plenaria en el Parlamento de Galicia, que ha derivado en un choque entre el diputado del BNG encargado de defender la iniciativa legislativa, Iago Tabarés, y la parlamentaria y número dos del PP de Galicia, Paula Prado, que ha cargado contra el BNG por su alianza con EH-Bildu, a quienes ha definido como aquellos "que tienen las manos manchadas de sangre de guardia civiles y policías asesinados" por la banda terrorista ETA.

En España, las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias ejecutivas en materia de tráfico son Cataluña y el País Vasco. En estas regiones, las autoridades autonómicas gestionan la regulación y control del tráfico, incluyendo la vigilancia y sanción de infracciones. En el resto del país, estas funciones son responsabilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). Navarra, por su parte, ejerce competencias en vigilancia y denuncia de infracciones de tráfico a través de la Policía Foral, compartiendo estas funciones con la Guardia Civil.
 

A diferencia de las última dos veces en las se debatió (con esta han sido ya cuatro) el traspaso de las competencias de tráfico a Galicia, los populares han votado en contra de un texto que sí han respaldado socialistas y el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea. 

Desde 2009, la postura del PPdeG sobre la transferencia de las competencias de Tráfico a Galicia ha cambiado significativamente.

Inicialmente, con Feijóo recién llegado a la presidencia de la Xunta, el PPdeG defendía activamente la transferencia. En octubre de ese año, la incluyó entre sus 17 prioridades para el Gobierno central, recordando que en 2007 el Parlamento gallego había aprobado por unanimidad impulsarla. En 2010, Feijóo acusó al PSOE de bloquear la transferencia, asegurando que la Xunta seguía dispuesta a asumirla.

Sin embargo, a partir de 2019, el PP gallego cambió su postura y dejó de apoyar activamente la medida. En ese año y en 2021, se abstuvo en las votaciones del Parlamento gallego sobre nuevas propuestas para solicitar la transferencia, lo que contradecía su postura inicial. En 2021, Feijóo argumentó que no era una prioridad y desde el partido se empezó a justificar la negativa con la permanencia de la Guardia Civil en Galicia, alineándose con el discurso que ahora mantienen en el caso de Navarra.