Alquileres en Santiago: abstenerse estudiantes y familias trabajadoras

La avalancha de peregrinos y turistas que llega a Santiago de Compostela en los meses de verano ha transformado por completo la fisonomía humana y física de la ciudad. Las viejas casas del casco histórico están dejando de alojar a generaciones de santiagueses que han ido pagando religiosamente el alquiler a sus caseros. El antiguo comercio de proximidad se ha visto completamente alterado pasando de los antiguos locales de barrio, los bares clásicos o las librerías de viejo a cadenas de cafeterías, cadenas de empresas para alquilar habitaciones o viviendas con todas las “comodidades” para que el o la visitante “se sienta como en casa”. Todo esto está llevando a una confrontación de intereses de tal envergadura que incluso ha provocado un “cisma” dentro del PSOE local, cuando los ediles socialistas apoyaron la iniciativa del gobierno local (BNG y Compostela Aberta) para regular las VUT contra los criterios de la dirección local del partido. ¿Pero que está sucediendo en esta ciudad, antes conocida como “el pueblo más grande de Galicia” por la cercanía entre las gentes a ser lo que llaman algunos “un parque temático”?

BENEFICIO SOBRE DERECHOS

“El derecho a la propiedad prima sobre el derecho a la vivienda” dicen desde STOP Deshaucios Santiago. Y es que los propietarios de viviendas en el centro o alrededores de Santiago quieren hacer valer su derecho a la propiedad para obtener unos beneficios que, hasta hace muy poco, no concebían ni en sueños. Se puede pasar de recibir 600 euros a 2.000 al mes si el inmueble es colocado en las pertinentes webs para su alquiler y hay quien sí paga ese dinero, “un mes o dos de vacaciones bien lo vale” dice un turista en la calle Algalia de Arriba. 

Sin embargo, cuando se desea poner en alquiler para turistas o visitantes que desean pasar una temporada en la ciudad, el propietario o propietaria del piso, casa o altillo reformado, quiere que sus actuales inquilinos lo abandonen. La cuestión es cómo se ha materializado el alquiler. En ocasiones es el arrendador el que, habiendo contrato y pasados 5 años, dice “no” a la continuidad del o de los inquilinos.

La cosa cambia cuando estamos ante “deshaucios en precario”. En estos casos no suele haber un papel, un contrato firmado, ni unha fianza depositada en el lugar correspondiente, en este caso el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). “Si no hay prueba no puedes actuar por lo que el juzgado archiva la denuncia del propietario” dicen de la PAH Pontevedra. “Si yo tengo un piso vacío y lo quiero alquilar a quién a mi me apetezca al precio que más me beneficie, ¿por qué no puedo hacerlo?” se queja una propietaria que no desea dar su nombre. “Con lo que gano cobrando a turistas puedo tener el piso siempre en condiciones” dice la misma propietaria. Y es que el alquiler a estudiantes, la población flotante que más alquilaba en la ciudad, parece no ser suficiente para mantener en condiciones la vivienda según propietarios consultados. 

El problema viene precisamente cuando hablamos de “desahucio en precario”. El inquilino no quiere irse, el propietario denuncia, la justicia tardará en dar una sentencia y mientras, los propietarios desesperan. “Es ahí cuando acusan a los arrendatarios de ocupas y realmente habría que ver cuál es la situación de esas personas, a lo mejor son familias enteras”. En tal caso, si el o la propietaria alega que va a ceder la vivienda a un familiar de primera línea de consanguineidad o a un cónyuge, sí puede ejecutar la finalización de contrato sin muchos problemas. Si acaso el arrendador desea subir el alquiler no puede sobrepasar el IPC del año en curso. Pero aún así, los beneficios de los nuevos alquileres son muy tentadores.

PROTECCIÓN Y CAMBIOS

A finales de junio de 2024 el Concello de Santiago aprobaba la ordenanza que regula las VUT con el apoyo del PSOE. Un apoyo que significó una crisis interna entre los socialistas santiagueses. En su alegato, los concejales socialistas adujeron ellos mismos habían presentado una propuesta igual en el mandato anterior. El nuevo articulado local reduce el uso de más de 600 viviendas turísticas que sólo se podrán usar sesenta días al año en el caso de que también sea residencia habitual de una persona física por lo menos 183 días al año. 

Por otra parte, muchos de los inquilinos que son avisados para desalojar la vivienda se dan cuenta de su situación de vulnerabilidad. Estos acaban acudiendo a plataformas de apoyo y desde ahí son remitidos a oficinas municipales, autonómicas, etc., en las que descubren las diferentes ayudas para afrontar gastos. Si están al corriente de sus pagos y si la situación está judicializada no se puede desalojar hasta una sentencia del tribunal. “Muchos arrendadores están mal asesorados y al final acaban sin poder desalojar la vivienda” señala la PAH.

Santiago no es la única ciudad gallega donde ocurre esto, sin embargo, su caso es el que más trasciende quizá motivado por ser un polo de atracción turística. En ese sentido muchos antiguos arrendadores han visto el “filón”. Otros lugares como Vigo también han decidido abrir la ciudad al turismo y a los beneficios que deja en las arcas privadas y municipales. “No podemos alimentar tanto al turismo, no se puede vivir solamente de él, tiene que haber movimiento de alquileres pero regulado” señalan desde la PAH. 

Al final, si esto continúa así y como se apuntaba anteriormente, en las ciudades escasearán los profesionales de fontanería, albañilería, electrónica, etc., y los grandes centros comerciales harán desaparecer al comercio local de proximidad que no podrá soportar la competencia en precios. Y a pesar de todo esto “hay un número importante de viviendas vacías dentro de Santiago que sean cuáles sean los motivos, no son ocupadas ni alquiladas” según Stop Deshaucios. En muchos casos son inmuebles que esperan un reparto de herencias que suele estar también judicializado.

Todas las partes implicadas hablan de buscar soluciones, sin embargo, ninguna satisface a todas las partes. En tal caso, las propuestas de sentar a la mesa de negociación a propietarios, inquilinos e instituciones, de momento parece difícil ante los diferentes intereses de cada uno.