Tras bajar el impuesto a las grandes fortunas, la Xunta rectifica evitando que cobre el Estado

Primero, varios gobiernos autonómicos - incluído el gallego- eliminaron o redujeron a la mínima expresión el impuesto al patrimonio incluso para los más ricos. El Estado contratacó creando el impuesto a las grandes fortunas para aquellos contribuyentes exentos en sus autonomías. Madrid, Galicia y otras autonomías reaccionaron llevando el asunto al Tribunal Constitucional, arguyendo que el tributo era ilegal porque invadía sus competencias. Los jueces no les dieron la razón en un fallo de este noviembre. A raíz de ésto, Isabel Díaz Ayuso (PP Madrid)  recuperó su impuesto de patrimonio evitando que así tasa la cobrase el Estado. Hoy se ha sabido que la Xunta de Galicia sigue el mismo camino.

La medida no tiene una importancia muy grande desde el punto de vista cuantitativo, pero sí político. Según datos estatales, en 2023 solo había 91 gallegos obligados a pagar el impuesto estatal de grandes fortunas.

Lo recaudado en Galicia no llega a los 10 millones de euros, una minucia dentro del presupuesto autonómico, que son más de 13.000 millones. Nada que ver con lo que recaudado en Madrid, más de 555 millones a unos 10.000 magnates. 

Con el impuesto de grandes fortunas creado el año pasado, el gobierno de izquierdas en el Estado intentó calmar la guerra de bajada de impuestos a la que se han lanzado algunas autonomías, sobre todo las gobernadas por el PP.  

La relevancia política es que los conservadores recuperan la tasa ahora. Dado que la consecuencia práctica de la sentencia del TC es que los ricos con un patrimonio de más de 3 millones de euros han de pagar un impuesto a mayores al Estado si no lo hacen a su autonomía, prefieren que sean sus comunidades las que hagan caja. 

RAZONAMIENTO DE SAN CAETANO

Así, en una comparecencia este viernes en el Parlamento gallego, el portavoz del grupo parlamentario popular, Alberto Pazos Couñago, acompañado por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, anunció una enmienda que  tiene como objetivo asegurar que los ingresos del impuesto a las grandes fortunas se queden en Galicia.

En un comunicado, el PPdeG subrayó la intención de que aquellos afectados por el nuevo impuesto lo paguen en Galicia, reafirmando la voluntad de la Xunta de mantener su política tributaria frente a lo que consideran una invasión de la autonomía gallega, a pesar de que el TC dictó que no lo es. La Xunta promete que el nuevo mecanismo será temporal y estará vigente solo mientras perdure el impuesto sobre grandes fortunas establecido por el Gobierno central. Es decir, en principio, dos años.

¿Por qué ahora? El conselleiro Corgos explicó la modificación, indicando que la Xunta ya había considerado esta medida el año pasado cuando se aprobó la iniciativa del Gobierno central. Al ser cuestionado sobre si esta acción estaba alineada con estrategias similares en otras comunidades autónomas, Corgos subrayó que esperaron a la resolución del Constitucional, que ha sido desfavorable a los recursos presentados tanto por Madrid como por Galicia.

La enmienda  propone "mecanismo temporal" para dejar de bonificar a los contribuyentes afectados por el nuevo impuesto del Gobierno central. Esto permitiría que la comunidad autónoma recaude directamente este tributo.

En una muestra de firmeza, el portavoz Pazos Couñago destacó tres aspectos específicos que el PP pretende modificar en la ley de presupuestos para fortalecer los recursos destinados a entidades de iniciativa social, mujeres en situación de vulnerabilidad y actividades deportivas.

Se busca crear un mecanismo temporal para que los fondos recaudados por el impuesto de grandes fortunas se queden en Galicia, asegurando que aquellos gallegos exentos del nuevo impuesto estatal continúen beneficiándose de la bonificación del 50%.

¿Qué es el impuesto para las grandes fortunas?

El Gobierno sw España lanzó en 2022 un impuesto estatal temporal destinado a las grandes fortunas, aprobado en 2022 y aplicable durante los años 2023 y 2024. Este gravamen tiene como objetivo crucial contribuir al esfuerzo fiscal general y mitigar la desigualdad existente.

El impuesto afecta a las personas físicas residentes en España cuyo patrimonio neto supere los 3 millones de euros, calculado como la diferencia entre el valor de sus bienes y derechos y sus deudas. La tasa de imposición es progresiva, variando según la magnitud del patrimonio:

• 1,7% para patrimonios entre 3 y 5,3 millones de euros.
• 2,1% para patrimonios entre 5,3 y 10 millones de euros.
• 3,5% para patrimonios superiores a 10 millones de euros.

La declaración de este impuesto debe realizarse entre el 1 y el 31 de julio de cada año fiscal.

En el ejercicio de 2023, la recaudación alcanzó la cifra de 623 millones de euros, evidenciando la impactante contribución de esta iniciativa.

Detalles fundamentales del impuesto incluyen que los sujetos pasivos son aquellos con un patrimonio neto superior a 3 millones de euros. La base imponible se establece como el patrimonio neto al 31 de diciembre de cada año, y las tasas de imposición progresivas han sido diseñadas para fomentar la equidad fiscal.

El impuesto, que se devenga el 31 de diciembre anualmente, exime ciertos bienes y derechos, como la vivienda habitual con un límite de 300.000 euros, bienes y derechos adquiridos por herencia o donación en los cinco años siguientes a la adquisición, aquellos obtenidos por expropiación forzosa, y los destinados a la investigación científica o tecnológica y a la conservación del medio ambiente.

A pesar de su implementación, el impuesto ha suscitado críticas de algunos sectores, quienes, como el PP, argumentan que penaliza injustamente a quienes han acumulado su patrimonio mediante el esfuerzo y ralentiza las inversiones privadas. Sin embargo, el Gobierno de España defendió la medida como esencial para la recuperación pospandémica y la reducción de la desigualdad en la sociedad.