​Juzgan a un exfuncionario de la Xunta por prevaricación en obras de restauración

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, acogerá este martes 16 de mayo a las 10,30 horas un juicio contra un funcionario de la Consellería de Cultura en el momento de los hechos por, supuestamente, beneficiar a determinadas empresas en la adjudicación de obras de restauración de la Iglesia en Galicia.

Para ello, habría contado, supuestamente, con la ayuda de un arquitecto vinculado al Xacobeo, JM.P.P. Asimismo, se juzga a cinco responsables de las empresas beneficiadas.

En concreto, tal y como se recoge en el escrito del fiscal, C.G.G.A. trabajó para la Consellería de Cultura y Deporte al menos entre 2004 y 2009. Su función consistía en que los proyectos de restauración de inmuebles eclesiásticos y bienes muebles e inmuebles de la Iglesia en Galicia se adecuasen a las técnicas propias de la restauración, se realizasen por profesionales cualificados y que el resultado se adecuase al proyecto original. Esta función se circunscribía a los proyectos de las provincias del sur de Galicia.

Debido a su posición en la Consellería de Cultura, relata el fiscal, C.G.GA conocía no sólo las funciones relativas a la restauración, sino también el funcionamiento de los procedimientos de adjudicación de ayudas públicas para la ejecución de los proyectos de restauración.

En el curso de su actividad, continúa el fiscal, C.G.GA entraba en contacto con los solicitantes de autorización de proyectos de restauración y con las empresas especializadas en el sector, lo que le permitió iniciar, ha señalado, una práctica de imposición de proyectos de restauración a determinadas empresas en detrimento de las restantes.

De este modo, explica el fiscal, asesoraba a estas empresas sobre las condiciones que informaría, los contenidos económicos de los proyectos, el precio que podían ofertar y, a la postre, informaba favorablemente los proyectos realizados por éstas.

RECONDUCÍA A LAS EMPRESAS DE SU PREFERENCIA

Asimismo, trataba directamente con los interesados en los proyectos de restauración, a quienes reconducía a las empresas dedicadas a la restauración de su preferencia. Como contrapartida, indica el fiscal, recibía dinero en efectivo o bien labores que no remuneraba por parte de las empresas que ejecutaban las restauraciones, que podían consistir en obras en bienes de su propiedad y otra clase de favores. Esto incrementó notablemente su patrimonio.

Por su parte, JM.P.P, además del ejercicio de su profesión de arquitecto y promotor liberal en régimen de autónomo, prestó sus servicios para la entidad S.A. de Xestión do Plan Xacobeo --en adelante Xacobeo--, empresa pública dependiente de la Xunta destinada a la promoción turístico-cultural y a la dotación de servicios de los Caminos de Santiago.

En su condición de arquitecto, informaba las ayudas públicas a prestar desde la entidad a proyectos de intervención en inmuebles vinculados con los Caminos de Santiago, adquiriendo las funciones de iniciativas públicas de restauración de inmuebles eclesiásticos con los muebles vinculados con los mismos.

A través de esta función, precisa el fiscal, contactó con C.G.GA y ambos, de común acuerdo, iniciaron una relación en la que JM.P bien proponía obras de restauración a financiar por el Xacobeo, bien informaba a esta entidad en sentido favorable para que ésta abonase cantidades para proyectos cuya restauración había sido informada por C.G.GA en los términos anteriormente expuestos.

OBTENCIÓN DE BENEFICIOS

La finalidad común de ambos era la obtención de beneficios económicos que les serían facilitados por las empresas adjudicatarias de las labores de restauración.

Por todo ello, el fiscal pide tres años de prisión para C.G.GA, además de una multa de 18 meses con una cuota diaria de 10 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público por cinco años, comiso de 103.350 euros y de la casa de Paraños.

Para JM.P, el fiscal pide dos años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tres años y comiso de 7.000 euros.

Asimismo, el fiscal pide dos años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros para IM.A.V, O.Q.L, responsables de la empresa CBC; para D.D.M, responsable de la empresa Alquimia; para M.M.C, de la empresa Da Vinci; y para C.A.R, de la empresa Ábside.