#Claves de la semana

El tráfico en el corredor cantábrico seguirá restringido tras el no de Asturias a permitir la movilidad entre comunidades

El Principado aduce cuestiones relativas a la salud pública para no permitir el tráfico entre comunidade autónomas. En esa línea, el gobierno de Asturias se apoya en el rebrote producido en el País Vasco para impedir la movilidad.


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El Principado aduce cuestiones relativas a la salud pública para no permitir el tráfico entre comunidade autónomas. En esa línea, el gobierno de Asturias se apoya en el rebrote producido en el País Vasco para impedir la movilidad.


Por otro lado, el Ejecutivo asturiano argumenta que rechaza la movilidad entre Asturias y Galicia por el anuncio de Feijóo de solicitar el fin del estado de alarma en Galicia para el lunes 15 de junio. Así, al entrar Galicia en la nueva normalidad y quedarse Asturias en la fase 3, el Gobierno del Principado no considera viable esa opción. Sin embargo, la situación epidémica en las dos comunidades es a día de hoy bastante pareja según los datos del Ministerio de Sanidad: en las últimas dos semanas Galicia ha confirmado 27 casos por 33 en Asturias. Ninguna comunidad ha registrado ingresos en las UCIs en la última semana. 


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El Gobierno asturiano ha decidido este jueves no solicitar al Ejecutivo central autorización para permitir la movilidad con Galicia y Cantabria a partir del lunes 15 de junio. Según ha señalado la portavoz del Ejecutivo y consejera de Bienestar y Derechos Sociales, Melania Álvarez, se debe a "cuestiones de salud pública".

En ese sentido, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Álvarez ha indicado que los últimos brotes de COVID-19 en el País Vasco han modificado la previsión inicial de Asturias de solicitar esa movilidad con las autonomías vecinas, lo que permitiría el establecimiento de un "corredor del norte" entre las regiones de la Cornisa Cantábrica, que se encuentras todas en fase 3.

Por otro lado, la portavoz del Gobierno asturiano ha recordado que con Galicia "se plantea otro problema" ya que el presidente de la Xunta, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de levantar el estado de alarma "mientras que el Principado defendemos que se mantenga hasta el final", ha sentenciado.

La movilidad entre toda la zona cantábrica era una reclamación que en los últimos días habían venido anunciado los presidentes de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Sin embargo, va a tener que esperar por lo menos hasta el 21 de junio, fecha del fin del estado de alarma y, por lo tanto, de las restricciones de movilidad entre autonomías.


"GESTIONAR LA INCERTIDUMBRE"

Sobre ese cambio de criterio y las medidas específicas puestas en marcha durante la desescalda, Álvarez ha incidido en que estos momentos el Principado está "en la permanente gestión de la incertidumbre" donde "la situación marcará las decisiones a seguir".

Por eso, preguntada por los periodistas sobre las futuras medidas que planteará Asturias de cara a la 'nueva normalidad', la portavoz del Gobierno ha preferido "aportar certezas" y ha señalado que el conjunto del Ejecutivo trabaja en concretar el decreto-ley estatal a las especificidades asturianas. Así, a partir del 21 de junio, fecha del fin del estado de alarma, espera que haya "certezas, guste o no gusten", aunque por el momento ha considerado "precipitado" anunciarlas.

Preguntada por las críticas de la patronal hostelera OTEA a que en Asturias se haya impedido durante la fase 3 la apertura de discotecas y bares de copas, Álvarez ha destacado que esto responde a "criterios de salud". Para la portavoz, el Principado ha tenido el propósito de que en el sector hostelero los pases de fase sean "con las mejores condiciones de seguridad" ante la posibilidad de nuevos brotes de coronavirus.

Por otro lado, en referencia a las guarderías infantiles de gestión privada, que han rechazado los criterios marcados por el Ejecutivo para su reapertura, Álvarez ha afirmado que desde su Consejería han trabajado en el protocolo de actuación "para que la apertura de esas guarderías privadas y para los jardines de infancia garantice la seguridad".

Ese protocolo, ha explicado, implica que cada centro debe elaborar su propio plan de contingencia y adaptarse a esas medidas de seguridad. "A partir de ahí nosotros no podemos entrar más. La decisión de abrir o no es una decisión empresarial, nosotros atendimos la demanda de cómo garantizar la seguridad", ha explicado.

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