​Denuncian ante Fiscalía a altos cargos de Política Social por la situación en las residencias gallegas

La denuncia ha sido presentada por la Federación Galega de Asociacións de Usuarias e Familiares de Usuarias de Residencias e da Dependencia ante la Fiscalía Superior de Galicia, a la que pide una investigación junto con las copias de “todas las denuncias recibidas en el último año y medio las residencias citadas” y de las actividades derivadas de las mismas.

Ildefonso de la Campa, director general de Mayores y Personas con Discapacidad uno de los denunciados

Los afectados argumentan que la denuncia está motivada por “delitos recogidos en los artículos 195, 196, 229, 404 del Código Penal”, además de dejar abierta la puerta a otros delitos que puedan constatarse a través de la investigación pertinente por "denegación de auxilio, abandono, omisión de socoro con resultados de muertes y lesiones, todos ello realizado de forma dolosa y con prevaricación".

Los cargos denunciados son el director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Ildefonso de la Campa Montenegro, el subdirector general de Autorización e Inspección de Servicios Sociales, Fernando González Abeijón, la jefa de servicio de Inspección de Mayores y Discapacitados, Berta Besada, y todos los que ostentasen esos cargos en el último año y medio.

Los denunciantes también hacen hincapié en el alto número de usuarios de residencias gallegas contagiados –más de un millar- y fallecidos -150 casos confirmados- durante la crisis, provocadas “no tanto por el coronavirus” sino por “la gestión que de él se hizo en las residencias con la complicidad de la Conselleria de Política Social”. En esa línea, acusan a la consellería de no aplicar las medidas de protección e higiene recomendadas para hacer frente a la pandemia, aunque esta inacción que mencionan viene, a su vez, de muy atrás según la plataforma.

DENUNCIAS NO ATENDIDAS

“Esta actuación de las residencias vienen siendo conocida a través de las denuncias de familiares en los últimos años y consentida por la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad y el Servicio de Inspección de Mayores y Discapacitados, a los que consideramos cómplices de la situación creada en las residencias gallegas antes de la llegada del Virus COVID-19 y que desembocó en el fatal escenario actual”, lamentan.

Los afectados creen que la administración gallega tenía “el deber de proteger a los mayores y no lo hicieron”. “Con su inacción provocaron que se consolidaran y se extendieran situaciones de abandono, descuido y maltrato”, critican, además de acusarla de los bajos ratios de profesionales que operan en los centros y de dejar de lado a los familiares de los residentes.

“Entendemos que existe prevaricación en la actuación de los funcionarios denunciados ya que en el último año y medio fueron muchas las denuncias presentadas ante el Servicio de Inspección de Mayores y Discapacitados, dependiente de la Subdirección General de Autorización e Inspección de Servicios Sociales y de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad por los familiares de residentes en distintas residencias gallegas, por diferentes situaciones de abandono, descuido, maltrato institucional e incumplimiento de las rateos permitidas entre otras”, advierten desde REDE, algo que se agrava por la “consideración de autoridad” de los denunciados. A renglón seguido, añaden que Política Social no corrigió la situación “en ninguna de ellas”